Una fuerte polémica se presentó por la forma como el Gobierno ha implementado medidas contra la minería ilegal en el Choco. Mientras que la senadora María del Rosario Guerra pide atención, el ministro de Ambiente explica lo que se ha hecho.

Consciente de la problemática que afecta a más de 20 mil familias mineras del departamento del Chocó, especialmente en los municipios de Quibdó, Itsmina, Condoto y Andagoya, la Congresista por el Centro Democrático, María del Rosario Guerra se comprometió a ser la voz que lleve esa problemática ante el Congreso de la República en busca de soluciones.

“Por años han señalado a los mineros artesanales como si fueran delincuentes. Es hora de que el Congreso de la República le otorgue garantías a la minería artesanal y de pequeña escala. Trabajaré desde el Senado de la República para lograr la formalización y el reconocimiento de quienes se dedican a la minería ancestral, respetando las prácticas propias de su cultura”, señaló la Senadora. 

Agregó que “la formalización de la minería ancestral “debe ir de la mano del sector bancario y del Gobierno nacional, para mayor acceso a mercados justos y transparentes, es decir, para que se logre una mayor equidad social”.

Reiteró que “los mineros artesanales (ancestrales) pueden contar con su apoyo desde el Senado de la República, para poder avanzar en la búsqueda de la formalización de su oficio”.

Entre tanto el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, afirmó que combatir este flagelo es uno de los mayores desafíos en materia ambiental. Agregó que "la ilegalidad es la mayor amenaza para los ecosistemas estratégicos".

El Chocó es uno de los departamentos más golpeados por la minería criminal. De acuerdo con el jefe de la cartera ambiental, "los impactos ambientales resultado de la práctica de la minería ilegal no tienen precedentes. Estamos comprometidos con la recuperación de los ecosistemas afectados, y con la implementación de programas de desarrollo sostenible para el sector y la región".

De igual manera, solicitó la colaboración de las comunidades para hacer frente a la amenaza que representa la minería criminal en la conservación de los ecosistemas y recursos naturales únicos del territorio.

Actualmente se adelantan decretos que prohibirán la importación de mercurio, utilizado mayoritariamente por actores ilegales en el ejercicio de la minería, y con lo cual se busca disminuir la contaminación de ríos y cauces de agua.

“Aquí hay unas tareas que se deben cumplir de restauración ecológica, social y económica que requieren del apoyo del Congreso en el seguimiento. Eso es muy importante para el Gobierno. Antes con el conflicto, dar respuesta a todas las inquietudes de las comunidades frente a la reglamentación de la actividad minera, la Ley Segunda de Reserva Forestal y la Ley 70, o los planes de zonificación en territorios colectivos, era difícil; hoy precisamente, uno de los dividendos de la paz es que podamos llegar a acompañar a estas comunidades técnicamente", dijo Luis Gilberto Murillo.

Por esa razón, la presencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo contribuye a avanzar en la búsqueda de soluciones concretas en el territorio, "como el Programa de Restauración de Áreas Degradadas por la extracción ilícita de minerales, que se anunció la semana pasada para el Medio San Juan, con una inversión de $2.900 millones y la participación de 130 familias que se involucrarán en la restauración de 260 hectáreas", explicó Mauricio Mira, director de Negocios Verdes del Ministerio.