A propósito de que el pasado martes la Corte Suprema citó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, vale recordar que varios jefes de Estado han estado en la mira o afrontado procesos en pleno mandato, como Ernesto Samper o el general Gustavo Rojas Pinilla, este último tras dejar el cargo.

Rojas Pinilla

Tras aceptar en 1956 abandonar la presidencia de la República, que ocupaba producto de su segunda reelección, por la feroz oposición de los partidos Conservador y Liberal a su administración, el primer gobierno del Frente Nacional, presidido por Alberto Lleras Camargo, le hizo un juicio político al general Gustavo Rojas Pinilla. Debido a esto el militar regresó al país el 11 de octubre de 1958, y cinco días más tarde fue obligado a presentarse ante el Senado para defenderse de las acusaciones en su contra, pues él mismo había solicitado que su juicio lo hiciera la Corte Suprema de Justicia, un tribunal especial o una corte marcial. Posteriormente se negó a responder al interrogatorio.

Ante rumores de un complot, el gobierno ordenó el arresto de Rojas Pinilla el 3 de diciembre de 1957, declaró turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio nacional con el argumento de que existía “un plan subversivo para derrocar la autoridad legítima” bajo la dirección personal del expresidente, “en conexión con elementos retirados de las Fuerzas Armadas, grupos de antiguos funcionarios de la dictadura y elementos antisociales”.

El juicio continuó. El 15 de diciembre el Senado le dictó auto de detención preventiva al general y el embargo de sus bienes. El Presidente levantó el Estado de Sitio el 13 de enero de 1959 y el 20 de enero Rojas Pinilla fue traído en secreto desde Galerazamba a Bogotá.

Los defensores del general fueron Daniel Valois Arce y Jesús Estrada Monsalve. El veredicto del Congreso Nacional del 18 de marzo de 1959 fue condenatorio contra el general Rojas, sin embargo el Tribunal Superior de Cundinamarca le devolvió sus derechos políticos el 20 de diciembre de 1966 y un año más tarde, la Corte Suprema.

Belisario Betancur

En enero de 2012 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al confirmar en segunda instancia la condena de 30 años contra el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega por la desaparición de la guerrillera Irma Franco y de Carlos Augusto Rodríguez durante la retoma al Palacio de Justicia, le pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) considerar abrir una investigación al expresidente Belisario Betancur por los desaparecidos en esa acción.

En ese fallo, los magistrados Fernando Pareja y Alberto Poveda criticaron el papel de juzgador que pueda hacer la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara "por las implicaciones políticas de estos procesos y de conveniencia nacional" lo que da evidencia de por qué no se ha adelantado "ningún juicio penal, ya que en Colombia la actividad jurisdiccional queda totalmente atada a las razones políticas y de conveniencia, que libre y autónomamente valora el Congreso".

No obstante, el Congreso, ni después la Corte Suprema de Justicia consideraron investigar la actuación de Betancur en estos hechos.

En tanto que hace tres años la Corte Suprema de Justicia declaró inocente al coronel (r) Plazas.

Ernesto Samper

En 1995 se inició una investigación y un proceso judicial conocido como ‘Proceso 8.000’, al entonces presidente Ernesto Samper, tras ser acusado de haber utilizado dinero del narcotráfico, específicamente del Cartel de Cali, para financiar su campaña electoral.

Las denuncias contra Samper iniciaron antes de su elección con base en unas grabaciones (conocidas como los narco-casetes), que fueron reveladas por el gobierno del presidente saliente César Gaviria.

Sin embargo, no se abrieron investigaciones sino unos meses después de la posesión de Samper, quien insistió en su inocencia, pero ante el tamaño del escándalo solicitó la apertura de una averiguación.

Adicionalmente, Fernando Botero Zea y Santiago Medina, exgerente y extesorero de la campaña, respectivamente, fueron encarcelados y posteriormente juzgados por los delitos de lavado de activos y hurto agravado. Algunos parlamentarios de distintos partidos, involucrados en la campaña fueron igualmente vinculados al proceso.

Sin embargo, Samper siempre negó su responsabilidad y en diversas entrevistas declaró reconocer que su campaña fue penetrada por dineros del narcotráfico aunque a sus espaldas. El proceso contra Samper fue precluido por el Congreso.

El escándalo repercutió en la imagen pública del Presidente a nivel nacional e internacional. Durante el desarrollo del ‘Proceso 8.000’, la capacidad de Samper para atender los asuntos de Estado se vio notablemente afectada ante la presión social y mediática generada.

Por esos días el gobierno de los Estados Unidos descertificó a Colombia en su lucha anti-drogas además de cancelarle la visa a Samper.

Andrés Pastrana

En 2015 la sección cuarta del Consejo de Estado negó una tutela interpuesta, entre otras entidades, por el Ministerio de Defensa, con la que se pretendía tumbar un fallo que condenó a la nación por la masacre de Bojayá, concretamente por las omisiones en que habría incurrido la Fuerza Pública al haber permitido un ataque de las Farc y los paramilitares contra la población civil, cobrando la vida de 120 personas, el 2 de mayo de 2002.

El fallo además compulsó copias a la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría para que determinaran “los respectivos compromisos por omisión respecto de los exservidores públicos” Andrés Pastrana, entonces presidente de la República; a los exministros de Defensa, Gustavo Bell y del Interior, Armando Estrada; a los excomandantes de las FF.MM., Fernando Tapias, del Ejército Nacional, Jorge Enrique Mora, y de la Armada, Hernando Wills; y al exdirector de la Policía Nacional, Luís Ernesto Gilibert.

"En el caso del señor expresidente de la República, Andrés Pastrana Arango, se compulsarán las copias ante la Comisión de Acusaciones de la honorable Cámara de Representantes para lo de su competencia en lo pertinente", indica la providencia confirmada.

No obstante la Comisión no consideró investigar a Pastrana por estos hechos, ni la compulsa tuvo eco alguno en los organismos que la recibieron.