Fueron apartados de sus cargos 11 oficiales del Ejército Nacional, anunció ayer el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien indicó que por los mismos hechos un brigadier general solicitó su retiro voluntario del servicio activo.

Trujillo aseguró que los uniformados, cuyos nombres y cargos no reveló, salen de la institución como consecuencia de las investigaciones disciplinarias internas abiertas por el Comando General de las Fuerzas Militares por presuntos seguimientos ilegales y violación a Ley de inteligencia.

Las pesquisas se iniciaron en enero tras la publicación, en ese mismo mes por parte de la revista Semana, de indicios y testimonios que comprometen a efectivos del Ejército en la interceptación de teléfonos y correos electrónicos de personalidades, sin orden judicial y con aparentes fines políticos.

El ministro Trujillo leyó un comunicado en el que afirmó que “en referencia a las denuncias que se conocieron hace unos meses sobre presunto empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar y siguiendo la Política institucional de cero tolerancia con la ejecución de conductas al margen de la Ley, el Ministerio de Defensa Nacional se permite comunicar que desde el mismo momento en que se tuvo conocimiento de los presuntos hechos, se tomaron las medidas y se adelantaron las acciones que corresponden de acuerdo a la Ley”.

Precisó que la investigación fue delegada por el Comando General de las Fuerzas Militares en la Inspección General de las Fuerzas Militares para adelantar una verificación de procesos y protocolos que debe cumplir la inteligencia.

El alto funcionario explicó que “en el auto de apertura de esta misma investigación” también se dispuso “informar el inicio del proceso a la Procuraduría General de la Nación, mediante oficio del 13 de enero de 2020”, además de “compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, para que se adelante la respectiva investigación penal, a través de oficio del 13 de enero de 2020”.

Cero tolerancia

“La Inspección General del Ejército permanece atenta a los requerimientos de los diferentes entes de control”, anotó el ministro Trujillo, quien señaló que “se realizaron cambios en la estructura de mando del Ejército Nacional, estados mayores, direcciones y unidades operativas, para dinamizar y mejorar las operaciones y los procesos de inteligencia”.

Por otra parte, Trujillo expuso que “finalizó la revisión estratégica de las capacidades de la inteligencia militar en su estructura, procedimientos, organización y especialmente, en controles y protocolos de seguridad para el manejo de la información, con el fin de erradicar la ejecución de prácticas que pudiesen ser contrarias a la Ley de inteligencia, vulnerar los derechos de personas naturales o jurídicas y lesionar el buen nombre de la institución”.

“Respetuosos de los procesos de investigación y, en aras de garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia, el Ejército Nacional ratifica que tomará acciones inmediatas frente a las decisiones que vayan adoptando los entes judiciales y de control”, señaló Trujillo, añadiendo que “el Ejército Nacional fortaleció la herramienta Sicei (Sistema de Control Estratégico Institucional) para conocer comportamientos no ajustados a los principios y valores institucionales para así prevenir, combatir y sancionar de manera más expedita las situaciones que se presenten”.

Tras afirmar que “los colombianos pueden estar seguros que las decisiones adoptadas no afectan el desarrollo de las operaciones militares, y por el contrario buscan garantizar fortalecer la institucionalidad, garantizar la seguridad y tranquilidad en todas las regiones del país”, el ministro Trujillo expresó que “mantenemos el compromiso de cero tolerancia con cualquier actuación de integrantes de las Fuerzas Militares que sea contraria a la Constitución, a la Ley, a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, aseguró que se realizó una adecuación de los protocolos de inteligencia, una labor que, afirmó, estuvo acompañada por más de un centenar de expertos y “validadores” nacionales e internacionales.

Se implementaron, dijo, “numerosas medidas de control tanto humanas como técnicas que minimicen las posibilidades de actuaciones indebidas que afecten el buen nombre de la institución, los derechos de los ciudadanos o que sean contrarias a la Ley”.

Ver aquí el comunicado completo: