Analistas y centros de estudios han manifestado que se perdió una gran oportunidad para el desarrollo regional por la forma como se han venido usando los dineros que se destinan para las obras. Se requiere de más controles para evitar la corrupción

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El contralor general de la República, Edgardo Maya, puso el dedo en la llaga y despertó una polémica por el uso de las regalías en Colombia, sistema que según el jefe de la entidad de vigilancia fracasó en el país.

Maya habló el jueves en un foro en la Universidad Externado de Colombia donde aseguró que las auditorías realizadas entre 2015 y 2017 arrojaron hallazgos con presunta incidencia fiscal por cerca de 840.000 millones, de los cuales alrededor del 40% son consideradas obras inconclusas, en abandono o terminadas sin uso, temas sobre los cuales el organismo de control está generando alertas de forma permanente.

Señaló que el Sistema General de Regalías entregó en la práctica una chequera en blanco a las entidades territoriales, permitiendo que los recursos deriven fácilmente hacia la esfera del clientelismo y la corrupción.

La defensa

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, respondió a las críticas asegurando que el nuevo sistema es mucho mejor y ha permitido llevar los beneficios derivados de la explotación de recursos mineros y petroleros a millones de colombianos en todos los departamentos de Colombia, “que han recibido los beneficios de una carretera, una planta de tratamiento de aguas, un proyecto educativo o un puesto de salud”.

“A raíz del debate que se ha suscitado sobre el Sistema General de Regalías, lo primero que hay que decir es que éste es un sistema infinitamente mejor al que había en el pasado”, reiteró, pues, aclaró, con el esquema anterior el 80% de los recursos se concentraban solo en las entidades productoras, mientras que, tras la reforma, ese mismo porcentaje se destina a fondos de inversión que financian proyectos en cualquier parte del país, y solo un 20% se invierte directamente en los municipios y departamentos productores.

“En particular, el 40% de los recursos del Fondo de Compensación Regional está destinado a la inversión en los 1.050 municipios más pobres del país”, resaltó Cárdenas.

El titular de la cartera de Hacienda destacó que en el nuevo sistema se han aprobado, más de 12.420 proyectos, por un valor de 31 billones de pesos.

“De esos más de 12.000 proyectos, un 71% ya se entregó, se finalizaron las obras y ya están al servicio de las comunidades; un 20% de esos proyectos está en ejecución; y un 8%, que corresponde a los proyectos que se aprobaron recientemente, todavía no se han contratado. Nuestro foco está en que ese 8% se contrate rápidamente, no solo porque nos permite entregárselos a las comunidades, sino porque estimula la economía”, detalló el ministro Cárdenas.

Sistema débil

Para Antonio Hernández Gamarra y Luis Hernando Barreto, quienes realizaron un trabajo sobre el tema para Fedesarrollo, el sistema de regalías tiene una serie de debilidades.

Según los analistas, al inicio del primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos, contrariando el pensar de quienes opinaban que sólo se necesitaba una modificación legal, se propuso una reforma constitucional que, según la exposición de motivos del respectivo proyecto, tuvo como sus principales propósitos garantizar mayor equidad en su reparto territorial, distribuir los recursos hacia la población más pobre, generar, obligatoriamente, un ahorro en épocas de bonanza para invertirlo cuando esa situación se reversara, de tal suerte que el gasto financiado con las regalías fuese contra cíclico, y además apoyar el desarrollo regional en todos los territorios sobre la base de proyectos comunes entre algunos de ellos.

Hernández y Barreto señalaron que con la reforma de 2010 se logró el objetivo de distribuir más equitativamente los recursos entre los territorios.

En efecto, entre 1999 y 2009, los departamentos y municipios minero energéticos recibieron el 87,2% de las regalías, mientras que el resto del país sólo recibió el 12,8%.

Por el contrario, el presupuesto del bienio 2015-2016 distribuyó a los territorios minero-energéticos el 43,9%, mientras que al resto del territorio nacional le correspondió el 56,1%.

Se mejoró la equidad en el reparto de las regalías, al destinar una mayor parte de ellas a los territorios con mayores niveles de pobreza. Se fortalecieron las finanzas departamentales, puesto que las gobernaciones han recibido el 70% de las regalías y los municipios el 30% restante. Sin embargo, los demás propósitos no se han cumplido.

Hay que mejorar

El titular de Hacienda aceptó que, a pesar de los beneficios del sistema, aún hay aspectos que mejorar.

Por ejemplo, sostuvo, “una de esas áreas en las que estamos trabajando es el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde tradicionalmente ha habido más recursos que proyectos”.

Finalmente, el ministro Cárdenas resaltó que el nuevo sistema de regalías ha fortalecido la capacidad de ahorro del país: “Tenemos cerca de 3.700 millones de dólares ahorrados en el exterior (unos 11 billones de pesos), que permiten que el país tenga una reserva y que, el día de mañana, si cae la producción petrolera, si caen de nuevo los precios del petróleo o de los minerales, se puedan estabilizar las regalías y no se afecten esas inversiones”.

Además, mencionó, “esperamos cerrar al 2017-2018 con 1,6 billones de pesos más de lo presupuestado”.

Se perdió oportunidad

Para el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), Sergio Clavijo, el acto legislativo 5 de 2011 y la ley 1530 de 2012 fueron oportunidades desperdiciadas para haber montado un sistema de regalías que asegurara el desarrollo de la infraestructura territorial; se optó por atomizar dichos recursos, dando origen a lo que hoy se conoce como “la mermelada presupuestal territorial”.

Cuando en 2010 se anunció que las regalías pasarían de 0,6% a 1,1% del PIB por año durante 2010- 2020, ANIF recomendó asignar la totalidad de ese incremento (0,5% del PIB por año) a proyectos de infraestructura de conectividad intrarregional.

La idea era replicar en Colombia el esquema de matching funds entre el Gobierno central (GC) y los territorios. La bondad de este esquema era doble, dijo entonces ANIF: no requería reforma constitucional, bastaba con una ley de reasignación y se creaba una alianza GC-territorios para encarar la infraestructura. Infortunadamente, considera esa organización, el presidente Santos en su primer mandato optó por la atomización de recursos en proyectos de muy baja calidad.

Para ANIF, los OCAD han estado plagados de instancias burocráticas y el Gobierno adoptó tardíamente su poder de veto.