Alertan sobre la grave situación de los líderes sociales, el hacinamiento carcelario y la vulneración de los derechos de la comunidad LGBTI 

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Cerca de 500 organizaciones de Colombia presentaron un informe que denota la crítica situación que vive el país en materia de violación de derechos humanos contra las mujeres, niños, adolescentes, pueblos indígenas y población LGBTI del país suramericano.

El texto será presentado como insumo para el Examen Periódico Universal al que se someterá Colombia el 10 de mayo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El informe subrayó que, a pesar de que el gobierno colombiano rubricó el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc en noviembre de 2016, los demás actores del conflicto continúan vulnerando el Derecho Internacional Humanitario a través del desplazamiento forzado, el reclutamiento de niños, la violencia sexual, el secuestro y los ataques a líderes sociales.

Según Internal Displacement Monitoring Center y la Unidad Nacional de Víctimas entre 2013 y 2016 fueron desplazadas 700.000 personas en Colombia.

En cuanto a la restitución de tierras que se acordó en el pacto de La Habana, que pretende devolver tierras a 400.000 familias campesinas, tan solo se inició el trámite de restitución para 19.822 familias hasta agosto del 2017 y 5.400 familias cuentan con sentencia de restitución, destacó el informe.

Por su parte, la implementación del acuerdo de paz avanza en medio de obstáculos e incumplimientos por parte del gobierno de Juan Manuel Santos. Según el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Acuerdo de Paz, de las 38 zonas de paz (antes Zonas Veredales Transitorias de Normalización) tan solo seis se construyeron en su totalidad y buena parte de los excombatientes de las Farc viven sin garantías de seguridad, remarcó el texto.

Además de los problemas con la restitución de tierras y el desinterés estatal por los combatientes reinsertados, se identificó la presencia de 13 estructuras con características paramilitares que delinquen en 344 municipios de 31 departamentos de Colombia, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) recogidos en el informe.

“Estos grupos armados siguen siendo uno de los principales factores de amenaza para líderes sociales, defensores de derechos humanos, quienes entre 2013 y 2017 fueron víctimas de al menos 276 asesinatos y 174 atentados. El 69% de las víctimas de ataques habita en las zonas rurales y ejerce liderazgos locales y el 25% de las personas afectadas pertenece a pueblos y comunidades étnicas. 29 de los asesinatos fueron contra líderes y defensores LGBTI, 61 indígenas, 41 mujeres y 20 afrodescendientes”, sentenció el estudio.

En cuanto a la violación de los derechos de la comunidad LGBTI, las mujeres y los pueblos indígenas, el texto destacó que en el 2016 cerca de 440 personas LGBTI fueron asesinadas; mientras que las mujeres constituyeron el 86,21% de los casos de violencia por parte de su pareja y 71 de los 102 pueblos indígenas existentes en suelo colombiano, están en peligro de extinción física y cultural.

Por otro lado, entre 2013 y 2016 unas 2.810 personas fallecieron a causa de la violencia sociopolítica. “En los 1.128 casos donde se conoce el presunto autor, el 69,93% se atribuye la responsabilidad al Estado y el 29,87% a las guerrillas. El 24,96% eran mujeres y el 17,1% eran niñas, niños y adolescentes. Por otra parte, entre 2013 y 2016 se registraron 595 detenciones arbitrarias por parte de agentes del Estado”, enfatizó el informe.

Entre tanto, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) alegó que el hacinamiento carcelario del año pasado se ubicó en 51%, mientras que entre el 2013 y el 2016 hubo 595 detenciones arbitrarias e injustificadas.

La impunidad en Colombia es otros de los aspectos que inquietan a las organizaciones sociales. “En casos como desaparición forzada, de 4.578 procesos abiertos por este delito, solo el 0,9% se encuentra en juicio y el 0,42% en ejecución de penas. En relación con las ejecuciones extrajudiciales, de 838 investigaciones abiertas, solo el 3,22% se encuentra en ejecución de pena y el 8,35% en etapa de juicio”.

En ese sentido, las organizaciones sociales concluyeron que el Estado colombiano no cumple con los parámetros necesarios para la evaluación que cada cinco años los países miembros de la ONU hacen a sus pares sobre temas de derechos humanos.