Dicen que debería ser parte de “los costos requeridos para la operación”

Que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios no cobren por el suministro, revisión, mantenimiento, reparación y cambio del medidor o contador a los usuarios de los servicios de agua potable, energía eléctrica y gas natural en todo el territorio nacional, plantea la iniciativa del presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal.

De acuerdo con la propuesta, el medidor de consumo “forma parte de los costos requeridos para la operación del servicio”, por lo que estipula que en caso de ser solicitado por los usuarios, estos deberán ser asumidos por las empresas prestadoras del servicio.

Propone que la empresa realice los mantenimientos o reparaciones periódicas, lo que permitirá que los usuarios cuenten con un medidor que cuantifique adecuadamente su consumo. El consumidor podrá solicitar la revisión “cuando aprecie con justa causa que el medidor no funciona adecuadamente o está registrando consumos que no obedecen a la realidad”, estipula el documento.

Sin embargo, establece que si el consumidor quiere cambiarlo sin haber transcurrido mínimo tres años de haber recibido uno, no lo podrá hacer hasta que se cumpla el tiempo señalado. En este caso, el costo lo deberá pagar el usuario pero el mantenimiento será asumido por la compañía.

El proyecto que fue radicado el pasado 23 de julio, pretende ampliar el concepto de medición que forma parte del cobro en el cargo fijo a los suscriptores, contemplando la toma del reporte por parte del operario de la empresa prestadora del servicio al medidor de cada domicilio.

“Este proceso que realiza el operario con el medidor determinará el cálculo de consumo y el costo económico que debe cobrar la empresa al usuario por la prestación eficiente del servicio público. En otras palabras, la medición se contemplará como un costo propio del servicio para garantizar la disponibilidad permanente e incluirá además, el mantenimiento, la reparación y el cambio del medidor cuando técnicamente sea necesario”, dicta el texto.

De ser aprobada la iniciativa, los contratos para la prestación del servicio serán modificados en un plazo no mayor a seis meses y la ley será reglamentada por la Superintendencia de Servicios Públicos y las Comisiones de Regulación en un plazo de dos meses.

En caso de que las empresas prestadoras de servicios domiciliarios lleguen a incumplir lo estipulado en la propuesta, tendrán sanciones que posteriormente serán impuestas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y las Comisiones de Regulación.

Establece además, que los contadores que por necesidades técnicas fueron cambiados o suministrados por la empresa previo a la expedición de la ley y estén siendo cobrados en la factura de consumo, deberán ser pagados en su totalidad por los usuarios o suscriptores con el objetivo de no afectar el equilibrio económico de las empresas.