Seis empresas y cinco personas naturales fueron multadas, estas últimas habrían facilitado la conducta anticompetitiva

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La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol como autoridad nacional para la protección a la competencia, sancionó a seis empresas por haberse ‘cartelizado’ en el proceso de selección adelantado por la Secretaría de Educación Distrital. El objeto de dicho proceso era, entre otras cosas, establecer las condiciones para la compra y entrega de los alimentos que componen el Plan de Alimentación Escolar (PAE) a diferentes sedes educativas en Bogotá, en particular, respecto del grupo de las “frutas y hortalizas”.

Igualmente, sancionó a cinco personas naturales vinculadas por haber ejecutado o facilitado la conducta anticompetitiva.

El caso

La Superintendencia de Industria y Comercio inició y adelantó una investigación en la que demostró que las seis empresas investigadas acordaron presentar observaciones al proceso de selección en relación con el valor de compra de las frutas, así como el no presentar ofertas respecto del mismo con el fin de sabotearlo para que fuera declarado desierto.

Dicho acuerdo tenía como propósito forzar la apertura de un nuevo proceso de contratación, lo que en efecto ocurrió, en donde el valor a pagar por parte de la Secretaría de Educación Distrital por la compra de las frutas fuera más alto.

Con dicha conducta las empresas infringieron lo establecido en el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 (colusión en licitaciones públicas). Por su parte, cinco personas naturales fueron sancionadas por infringir lo establecido en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, al haber ejecutado o tolerado la referida colusión.

Problemas

En octubre pasado, el Vicecontralor General de la República, Ricardo Rodríguez Yee, junto a la Universidad Nacional y la Red Universitaria Anticorrupción – RedUVA, se analizaron los problemas del PAE en la ciudad.

Dentro de la metodología planteada por la Contraloría General de la República, se buscará vincular a la comunidad en el desarrollo, gestión y vigilancia de los dineros públicos y los procesos de administración pública del PAE.

“Esta es una estrategia que nace desde las necesidades y peticiones ciudadanas, por lo que, a partir del Control Fiscal Participativo, se analizaron las problemáticas del Programa de Alimentación Escolar (PAE), alrededor de 5 ejes temáticos: calidad e inocuidad, cobertura, focalización, gestión territorial y transparencia”, explicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

Identificación

En el proceso se logró identificar, valorar y verificar en campo las problemáticas del PAE. Mediante el programa se activó la Red de Contralores Estudiantiles .En desarrollo del evento de presentación de las conclusiones del diagnóstico realizado al PAE, la Contraloría General de la República, a través de su Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, activó la red nacional de Contralores Estudiantiles, con los encargados de promover y actuar como veedores del buen uso de los recursos y los bienes públicos de 25 instituciones educativas, con quienes se realizará seguimiento a los acuerdos que se suscriban en la mesa de trabajo.

Las empresas investigadas son: Industria de Alimentos Daza, multada con $521 millones, Hugo Nelson Daza Hernández, multado con $173 millones, Comercializadora Disfruver, sancionada con $790 millones, Alimentos Spress, multada con $335 millones, Namasté Food, sancionada con $219 millones, Best Colombia Fruits, multada con $248 millones, Juan Pablo Fonseca, sancionado con $9 millones, Andrea Rosas, multada con $62 millones, Néstor Alejandro Castelblanco, multado con $13 millones, Stella Téllez, multada con $33 milones y Geimi Soleimi Daza, sancionada con $8 millones.