Unificar las competencias de la Contraloría General de la República (CGR) y las contralorías territoriales es un punto destacable del modelo preventivo que propone la reforma del control fiscal para evitar que ocurran daños fiscales, manifestó el excontralor Edgardo Maya.

“Los funcionarios de la contralorías departamentales y municipales ante un proyecto de contraloría única, tienen los derechos adquiridos y deben entrar a integrar la contraloría automáticamente”, dijo Maya durante un foro en el que se socializó, con diferentes sectores, el proyecto de acto legislativo 355 de 2019 que la Contraloría General de la República radicó en el Congreso, por medio del que se busca reformar el régimen de control fiscal para adoptar un modelo concomitante y preventivo, no previo.

En cuanto a la participación ciudadana en ese nuevo modelo, el actual contralor general Carlos Felipe Córdoba expresó que “no haríamos nada si no conectamos a los colombianos para que nos cuenten cómo los están atendiendo en la salud, qué es lo que está pasando en la educación y qué sucede en las obras que realizan en el día a día frente a sus casas”.

La referida reforma constitucional, radicada por Córdoba el 27 de marzo, fue aprobada en segundo debate por la plenaria de la Cámara el 30 de abril y desde el 16 de mayo tiene ponencia positiva para el tercer debate en la Comisión Primera del Senado, a cargo del legislador Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U). Los actos legislativos requieren ocho debates.

Cuando el contralor Córdoba radicó el proyecto, explicó que se quiere establecer un sistema de control fiscal concomitante y preventivo, que le permita al organismo adelantar actuaciones en tiempo real, recuperar el control de advertencia y alertar así oportunamente sobre riesgos o daños inminentes al patrimonio público.

La vigilancia en tiempo real estará sustentada en el uso de tecnología avanzada (big data e inteligencia artificial).

Intervención

Tal como lo destacó el excontralor Maya, uno de los aspectos novedosos del proyecto de acto legislativo es que el Contralor General tendrá la función de intervención frente a las contralorías territoriales, adicional a las facultades ya existentes.

La intervención se dará cuando se advierta ausencia de imparcialidad u objetividad en la función de estas o cuando se requiera apoyo técnico.

En caso de eventuales procesos de intervención, los mismos se adelantarán respetando las garantías laborales de los empleados de la CGR y la estabilidad de los funcionarios de las contralorías territoriales en la Contraloría General.

El nuevo modelo de control fiscal asigna funciones jurisdiccionales a la CGR para la determinación de la responsabilidad fiscal y el fortalecimiento del proceso de cobro coactivo, determinando que los créditos derivados de la responsabilidad fiscal deben tener prelación frente a otros acreedores.

Control concomitante y preventivo

El contralor Córdoba consideró necesario modificar el Artículo 267 de la Constitución y establecer un sistema de control concomitante y preventivo.

“El país no aguanta más que la Contraloría llegue a ver las cenizas de lo que muy posiblemente pueda encontrar, de los presuntos robos al erario público, por eso estamos pidiendo que tengamos una función preventiva, concomitante y posterior, para estar en todo momento vigilantes y atentos del recurso de todos los colombianos y superar esa limitante que hoy tenemos, que nos lleva a llegar después de pasados los hechos irregulares”, expresó.

“Lo que necesitamos es ser preventivos y en ese sentido hacemos un llamado al Congreso, para que se nos permita fortalecer la Contraloría General de la República, de aquí hacia el futuro, contando además con unas herramientas tecnológicas con las que buscamos llegar rápido y con un paso adelante sobre quienes se quieren quedar con los recursos públicos, que son de todos los colombianos”, añadió.