La Universidad Nacional de Colombia declaró desierta la licitación para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia en sus nueve sedes, un contrato valorado en más de 98.000 millones de pesos. La decisión fue tomada tras diversas denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación, incluyendo la falta de transparencia en la publicación del proceso y condiciones restrictivas en los pliegos de la convocatoria.
Falta de publicidad y cuestionamientos al proceso
El proceso licitatorio, iniciado en diciembre de 2024, generó controversia al no ser publicado en la plataforma oficial Secop II, como lo exige la normatividad para la contratación pública. En su lugar, la información solo estuvo disponible en la página web de la Universidad Nacional durante el periodo de vacaciones, lo que limitó la participación de potenciales oferentes.
Además, la licitación solo recibió una propuesta por parte de la Unión Temporal Alianza Segura, conformada por las empresas Detección Seguridad Privada LTDA y Seguridad El Pentágono Colombiano Limitada. Según denuncias, los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones favorecían a esta unión temporal, impidiendo una competencia equitativa.
Razones para la anulación del proceso
La Universidad Nacional explicó que la licitación se declaró desierta debido a que el único proponente no cumplió con los requisitos exigidos. En particular, la institución señaló que la Unión Temporal Alianza Segura no realizó la visita técnica obligatoria a las nueve sedes, lo que constituía una condición indispensable dentro del proceso de selección.
"La propuesta presentada no cumplió con lo establecido en el numeral 2.3. VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA del pliego de condiciones y, en consecuencia, el proponente incurrió en la causal de rechazo contenida en el literal b del capítulo V. Causales de rechazo establecido en el pliego de condiciones", indicó la universidad en su informe oficial.
Diferentes sectores académicos y empresariales habían manifestado preocupaciones sobre la transparencia del proceso. Diego Torres, representante profesoral ante el Consejo Superior Universitario (CSU), advirtió sobre un "alto riesgo de corrupción por irregularidades, falta de control, transparencia, publicidad y selección objetiva".
Torres argumentó que la presencia de un único oferente podía indicar una contratación direccionada, especialmente porque los términos del pliego de condiciones parecían estar diseñados para favorecer a una empresa específica. Además, cuestionó la rapidez con la que se desarrolló el proceso, completado en solo un mes, cuando normalmente licitaciones de esta magnitud toman alrededor de tres meses.
Varias empresas del sector también expresaron su inconformidad. Seguridad Montevideo Ltda. envió un documento al rector de la universidad, Leopoldo Múñera, en el que criticó que muchos de los términos eran desproporcionados y no cumplían con la normativa del sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia. Zona de Seguridad Ltda., por su parte, manifestó que la universidad no atendió las observaciones hechas por los oferentes interesados, lo que generó dudas sobre una posible falta de pluralidad en la participación.
Entre los requisitos considerados como restrictivos se encuentran la sobrecalificación del personal y exigencias de infraestructura que, según las empresas, no tenían una incidencia real en la prestación del servicio. Estos factores reforzaron las sospechas de que el contrato podría haber sido diseñado para beneficiar a un único proponente.