En estos días de pandemia la Procuraduría General de la Nación se ha visto muy activa en el control del manejo de los recursos destinados a la salud y alzando su voz para reclamar por las demoras en las pruebas o la falta de elementos de bioseguridad para los médicos, entre otros.
No ha sucedido en igual medida con la Defensoría del Pueblo, a pesar de que las dos entidades velan por la protección de los derechos humanos. De hecho, la segunda institución ha estado más enfocada en alertar sobre las consecuencias del conflicto armado en la población civil.
En ese sentido hay quienes se preguntan hoy cuál debería ser el epicentro de la protección global de los derechos humanos por parte de la Defensoría del Pueblo y cómo ampliar el ámbito de su acción más allá del conflicto armado.
La principal función de esta institución es velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. Aunque orgánicamente está adscrita a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo es autónoma y con un presupuesto propio.
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Además, según la Constitución, debe “orientar e instruir a los colombianos en el ejercicio y defensa de sus derechos”. También tiene la capacidad de presentar proyectos de ley, interponer acciones populares y recomendar políticas para los derechos humanos.
En ese sentido el Defensor del Pueblo tiene como funciones orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado.
Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza, así como invocar el derecho de Habeas Corpus e interponer las acciones de tutela, también hacen parte de su competencia. Todo ello, además organizar y dirigir la defensoría pública.
Reingeniería
De la Defensoría se está hablando mucho estos días ya que en los próximos días la Cámara de Representantes elegirá al nuevo Defensor del Pueblo de una terna que le haga llegar el presidente Iván Duque, pues está por finalizar el periodo de cuatro años de Carlos Negret.
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Como es apenas obvio, el tema político está centrado en cuál partido político se quedará con la titularidad de una entidad que tiene dimensión nacional, una nómina burocrática amplia y que, por lo mismo, siempre está en la mira de los partidos.
Sin embargo, como se dijo, hay un análisis paralelo más importante: ¿Cómo redimensionar el rol de la Defensoría?
Para nadie es un secreto que hay activistas de derechos humanos que consideran que la Defensoría del Pueblo no ha logrado articularse con la Procuraduría y por el contrario -aparte de la función típicamente disciplinaria del ente de control-, hay circunstancias en la que es evidente que hay una duplicidad de funciones de ambas entidades del Ministerio Público.
Tampoco es un secreto que muchas organizaciones no gubernamentales no ven en la Defensoría del Pueblo una entidad que vele oficiosamente por los derechos de la población, sino que, por el contrario, encasillan su función como una entidad gobiernista.
Incluso hay congresistas que consideran que en Colombia es necesario proyectar un estatuto defensorial, muy parecido al que existe en otros países en donde el “Ombudsman”, como también se le conoce al Defensor del Pueblo, tiene un estatus mucho más relevante en la gestión del respeto de las garantías fundamentales de la población en todos los ámbitos: económico, político, social, laboral, ambiental, institucional y en muchos flancos más.
Igualmente, hay quienes consideran que debería dotarse a la Defensoría de más facultades de intervención cuando la violación de los derechos humanos, sea cual sea el campo, sea manifiesta y requiera de una protección inmediata y sobre el terreno.
En la otra orilla están quienes consideran que, por el contrario, la Defensoría del Pueblo debería desaparecer como entidad autónoma y sus funciones ser entregadas a la Procuraduría, pese a ser una de las conquistas más importantes de la Constitución de 1991.
Cuestión de énfasis
EL NUEVO SIGLO consultó con el exdefensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, acerca de los interrogantes que han surgido sobre el papel que ha tenido la entidad en esta pandemia del nuevo coronavirus.
El exfuncionario considera que cada Defensor del Pueblo da énfasis a la labor de la entidad en la protección de los derechos humanos de los colombianos, dependiendo de la coyuntura que se presente. De allí que al tema del conflicto armado se le viene dando la mayor importancia debido a la presión constante en los territorios de los grupos armados ilegales sobre la población.
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Pérez Ortiz indicó al respecto que “la coyuntura determina las línea de acción y los énfasis que cada Defensor le otorga a las responsabilidades que tiene, y en esta época se ha acentuado un poco más el instrumento de las alertas tempranas porque todavía siguen grupos armados en el territorio nacional, y hay que contribuir al esfuerzo que se necesita en la prevención de los derechos humanos”.
Agregó que el universo de acción de la entidad es muy amplio, pero lo que ocurre “es que cada coyuntura va como marcando el accionar de la Defensoría”.
En cuanto al papel que ha cumplido la Defensoría del Pueblo en la pandemia del Covid-19 el exdefensor dijo que “evidentemente nos cogió como impreparados a todos y, por supuesto, a las distintas instituciones del Estado. La pandemia ha afectado también toda una serie de derechos de la ciudadanía, como el derecho a la movilidad, como el derecho al trabajo y, por supuesto, el derecho a la salud”.
Agregó que la Defensoría del Pueblo tiene una delegada para la salud, pero “siempre los esfuerzos nunca serán suficientes”.
En ese sentido Pérez Ortiz consideró que en la Defensoría del Pueblo “hay que fortalecer más esos esfuerzos en esta coyuntura ayudando a identificar las problemáticas que se derivan de todo lo que se conoce como la pandemia, porque han afectado todo un conjunto de derechos. Creo que esos esfuerzos se pueden fortalecer más en la actividades que implican la defensa a la salud de los colombianos en las diferentes regiones del país, coadyuvando solicitudes y peticiones ante las autoridades”.
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Pérez consideró que en cualquier caso no riñen las funciones que tienen la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo en la protección de los derechos de los ciudadanos.
Agregó que “las funciones de la Procuraduría son de naturaleza disciplinaria pero también actúa de manera preventiva. Y la Defensoría también actúa de manera preventiva y ayuda a mediar en esos conflictos que surgen y que son de la cotidianidad”.