Más de 100 inferencias o suposiciones existen en el Auto por medio del cual la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. Así lo aseguró ayer en un comunicado el expresidente Álvaro Uribe, quien desde hace tres semanas cumple la disposición en su finca en el departamento de Córdoba y en este lapso renunció al Senado.

En este sentido, el exmandatario puso como ejemplo que supuestamente el alto Tribunal confunde la respuesta a un incidente de desacato que tramitó uno de sus abogados en el Tribunal de Bogotá, con un presunto intento para presionar a uno de los testigos en su contra, Juan Guillermo Monsalve, para que se retractara de sus afirmaciones.

Uribe Vélez dijo que es “otro episodio que evidencia el sesgo con el que fue redactada la providencia que me tiene detenido”.

Añadió el exjefe de Estado que “el magistrado Reyes infiere o supone -otra de sus más de 100 inferencias- que junto con el Dr. Jaime Lombana preparé la carta de rectificación que debía ser firmada por Monsalve, testigo amigo de visitas y de teléfono de Iván Cepeda, quien pagó a su familia a través de ONG”.

Aseguró Uribe que “esto es falso, nunca se hizo carta para que Monsalve rectificara. Las interceptaciones, las fechas y el contenido de los correos, demuestran que lo único que preparaba la oficina del Dr. Lombana era la respuesta a un incidente de desacato en el Tribunal de Bogotá referido a una tutela de Daniel Coronell en mi contra”.

Monsalve está recluido en la penitenciaria La Picota en Bogotá pagando una condena de 40 años de cárcel tras militar en las autodefensas. Es hijo de Óscar Antonio Monsalve, quien fue mayordomo de la hacienda Guacharacas propiedad de los Uribe en el nordeste antioqueño.

El exparamilitar, hace más de 7 años, declaró ante las autoridades sobre presuntos vínculos de Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe con el paramilitarismo. Ahora ha dicho que el abogado Diego Cadena lo presionó para que dijera que el senador Iván Cepeda le ofreció prebendas para señalar al expresidente de tener vínculos con grupos ilegales.

En el citado Auto de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema se indica que a propósito de las interceptaciones al abonado celular Diego Cadena, podría encontrarse respuesta al motivo por el cual se requería la intervención de Jaime Lombana, con base en una conversación que sostuvieron Cadena y Fabián Rojas Puerta, esté último que hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces senador Uribe.

Señala dicho Auto que “Fabián Rojas le pide a Cadena que revise un documento que hizo Lombana y que tienen que radicar a las 2 de la tarde. Cadena le manifiesta que ya lo está terminando de leer y que le pondrá un mensaje al senador Álvaro Uribe Vélez de lo que opina al respecto por cuanto Fabián le pregunta que si él, es decir Cadena, le transmitirá al “jefe” la percepción de la cosa y para saber si hay que proceder”.

Añade el Auto de la Corte que “casi media hora después vuelve Diego Cadena a llamar a Fabián Rojas Puerta para aprobar el documento en el que al parecer Monsalve se retracta”.

Niegan más tutelas

Se conoció ayer que la Sala Civil de la Corte Suprema negó 223 tutelas más que interpusieron ciudadanos seguidores y que votaron en las pasadas elecciones parlamentarias por Uribe, pidiendo su libertad argumentando la vulneración de los derechos políticos del exmandatario tras la orden de aseguramiento.

El pasado 19 de agosto la Sala Civil de la Corte había negado las primeras 177 tutelas de la ‘tutelatón’ que promovió el uribismo para tumbar la decisión que hizo este Tribunal sobre el expresidente con medida de aseguramiento en su contra.

La razón se debe a que estas tutelas no hacen “parte del proceso -falta de legitimación-”, y porque no existe “vulneración de derechos políticos”, señaló el alto Tribunal.

De otro lado, se espera en los próximos días la decisión de la Corte sobre la solicitud de la defensa de Uribe para que el proceso en su contra sea trasladado a la Fiscalía, pues el alto Tribunal habría perdido su competencia después de que este renunció a su condición de senador.