En el marco de un acto de la Comisión de la Verdad en Sincelejo (Sucre), la Defensoría del Pueblo reveló que en el último trimestre del presente año (julio, agosto y septiembre), se presentaron 21 casos de desplazamiento forzado que obligaron a 15.644 personas a abandonar sus viviendas por acciones violentas de grupos armados ilegales en diferentes regiones del país.

Durante su intervención, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, indicó que, comparando con los datos obtenidos en el mismo periodo del 2020, se evidenció un incremento del 213% del número de familias afectadas, es decir, de 1.682 grupos pasaron a 5.266, respectivamente. Mientras que en el número de personas pasó de 7.542 a 15.644, lo que representa un aumento del 107% frente al año anterior.

“Un total de 5.266 familias fueron víctimas de desplazamiento forzado en 12 municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. Como Defensoría del Pueblo trabajamos para que estas personas sean atendidas, se respeten sus derechos y puedan retornar a sus territorios”, expresó Camargo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del funcionario fue que, en el mes de agosto, las víctimas de este fenómeno “iban regresando a sus lugares de origen sin el acompañamiento de las instituciones competentes, sin garantías de seguridad, de no repetición, de dignidad y dificultades de atención en las zonas receptoras”, ya que estas comunidades dijeron estar dispuestas a retornar a sus inmuebles para salvaguardar sus bienes materiales, cosechas, empleos, entre otros aspectos.

Confinamientos, el otro factor

De igual manera, la entidad advirtió sobre las acciones de las organizaciones criminales que impiden la movilidad. Según la Defensoría, 10.065 personas que integran 2.454 familias de 38 comunidades debieron permanecer confinadas ante el temor de que estos sujetos puedan atentar contra su vida e integridad. “Ocurrieron 14 hechos en Caloto (Cauca); Acandí, Alto Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Medio San Juan y Nuquí (Chocó); Tumaco (Nariño); Puerto Leguízamo (Putumayo) y Buenaventura (Valle del Cauca)”, afirmó el defensor.

El informe también indicó que la región Pacífico continúa siendo el epicentro de grupos armados para ejecutar actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal, afectando no solamente a los habitantes de las veredas y corregimientos del país, sino también a ocho comunidades afro y cuatro resguardos indígenas, persistiendo dinámicas de riesgo como el desplazamiento y confinamiento forzado.

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Finalmente, Carlos Camargo se mostró preocupado frente a “las causas que afectan a las comunidades, como acciones de diferentes grupos armados ilegales por el control territorial a partir de intimidación, amenazas, asesinatos, control social, retenes ilegales, combates con interposición de población civil, utilización de artefactos explosivos improvisados y enfrentamientos”, lo que ha generado crisis humanitarias en los territorios durante el mes de septiembre.

Nuevo informe de Naciones Unidas

A la par con la Defensoría del Pueblo, la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) también presentó un nuevo informe sobre el número de víctimas de desplazamiento forzado en Colombia.

Según el estudio, en lo que va transcurrido del 2021, más de 60.750 colombianos han sido afectados por este flagelo, triplicando la cifra que se obtuvo en 2020 (27 mil personas). De ellos, el 83% de los afectados no han logrado regresar a sus hogares.

El organismo identificó que los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Cauca y Nariño representan el 77% de las víctimas de desplazamiento forzado en el transcurso de este año. “Ante este contexto, la zona del Pacífico requiere un plan de respuesta humanitaria específico que pueda cubrir los vacíos en la respuesta que persisten a la fecha”, indicó OCHA.

Frente a la situación de confinamientos, Naciones Unidas mostró su preocupación ante el incremento de personas confinadas en los últimos 10 años. De acuerdo con el reporte, al menos 50.900 colombianos han sido forzados a mantenerse en sus viviendas, debido a “la multiplicidad, incremento y expansión de grupos armados no estatales (GANE) en varios municipios del país, por lo que es el principal determinante de la crítica situación de seguridad que afronta la nación”.