Para el contralor Carlos Felipe Córdoba, con la legislación actual “muchas veces no llega para apagar el incendio sino a remover las cenizas”

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EL NUEVO SIGLO: ¿Se satanizó el proyecto de reforma al control fiscal?

CARLOS FELIPE CÓRDOBA: No. Ha surgido una discusión que, pese a algunos sesgos que son normales en este tipo de debates importantes para el país, ha resultado constructiva y ha servido para que el país entienda progresivamente por qué buscamos más y mejores herramientas para ganarles la partida a los corruptos.

ENS: ¿Cómo entender la prevención de los gremios respecto a esta iniciativa y más aún en cuanto a la alerta de si se está abriendo la puerta al retorno del control previo?

CFC: Comienzo por resaltar el hecho de que el Consejo Gremial, después de un diálogo abierto y sincero con nosotros, anunció su respaldo a la iniciativa.

Si nos hubiéramos quedado paralizados por la mortificación que podrían causar algunos intentos de desinformación, seguro que no habríamos podido avanzar hasta donde hemos llegado.

Las críticas, observaciones y reparos también son muy útiles para aclarar oportunamente las dudas y para demostrar que no es cierto que pensemos regresar al viejo modelo de control previo.

ENS: Para algunos sectores la diferencia entre “control previo” y “control preventivo” es apenas un asunto semántico. ¿Qué responde?

CFC: No es así. El control previo tenía fuerza vinculante, es decir, era obligatorio y se convertía en una camisa de fuerza que convertía a la Contraloría en coadministradora del recurso público.

El control preventivo no es obligatorio ni invasivo. Es una figura que facilita la ejecución de los proyectos especialmente cuando hay condiciones excepcionales de riesgo.

ENS: Una pregunta, como dicen, para dummies. En tiempos de la información en línea, con tecnologías que permiten generar alertas en cuestión de segundos y sistemas de datos cruzados a los que todas las entidades tienen acceso, ¿no resulta un poco arcaico el debate sobre control posterior o control previo?

CFC: A lo mejor sería “arcaico”, como usted lo denomina, si no fuera porque actualmente la Constitución hace obligatorio el ejercicio del control posterior.

El constituyente lo concibió de buena fe, pero no logró advertir que con el tiempo terminaría rezagando las actuaciones de la Contraloría y dándoles ventajas comparativas a los corruptos.

Como he dicho, ellos suben por el elevador mientras que nosotros vamos por escaleras.

Elefantes blancos

ENS: ¿No es exagerado asegurar que en Colombia el control fiscal es casi de rango póstumo o forense?

CFC: Hasta donde yo sé, la corrupción no ha desaparecido del escenario colombiano. Nuestros auditores, nuestros investigadores recorren a diario cementerios de elefantes blancos y comprueban que hay miles de personas que sufren por causa de la depredación de los recursos sagrados de la salud, de la educación, de la alimentación para los niños.

Con la legislación actual, la Contraloría solo puede actuar sobre hechos cumplidos. Muchas veces no llega para apagar el incendio sino a remover las cenizas.

Mi propósito es ofrecerle a la comunidad resultados concretos y efectivos y para eso la Contraloría a mi cargo requiere de la combinación del control preventivo, concomitante y posterior.

ENS: Hay quienes en el Congreso advierten que los parlamentarios ven en el aumento de la nómina de la Contraloría una oportunidad de ‘mermelada burocrática’. ¿Qué opina?

CGC: No he hecho cambios en la nómina de la Contraloría con intención burocrático. Buena parte de los servidores que me acompañan vienen de trabajar con mis antecesores, los doctores Edgardo Maya y Sandra Morelli.

El 96% de la planta actual está conformada por funcionarios de carrera, que han llegado a donde están por méritos propios.

Cuando entre en vigor la reforma vamos a proveer cargos estrictamente técnicos mediante un sistema de méritos. En ese sentido no hay lugar para clientelismos ni cosas por el estilo.

ENS: Si este proyecto no pasa en el Congreso, o se aprueba muy recortado, ¿qué tanto se afectará la lucha contra la corrupción en Colombia? ¿Contemplaría renunciar si se queda tan atado de manos?

CFC: A mí me eligieron para que trabajara con las competencias que tengo y si tengo que hacerlo pues lo haré tratando de ser lo más efectivo posible.

Sin embargo, la Constitución me da iniciativa para proponer mejoras al control fiscal y eso estoy haciendo con toda la receptividad y el apoyo del Congreso de la República.

ENS: ¿Al fin que pasó con el control de advertencia que tumbó la Corte Constitucional y que el anterior gobierno prometió volver a presentar al Congreso para revivirlo?

CFC: En su momento esa fue una figura que pudo haberse agotado por su uso excesivo o desbordado. Pero considero que como instrumento excepcional puede constituir una herramienta útil dentro del modelo del control preventivo.

ENS: El excontralor Maya volvió a insistir en que hay que acabar con las contralorías regionales. ¿Es esta opción la panacea real para mejorar el control fiscal en Colombia?

CFC: No nos llamemos a engaños. Las contralorías territoriales están en crisis y si no se acaban, deben ser fortalecidas con urgencia. Para eso buscamos mecanismos de control excepcional que le permitan a la Contraloría General suplirlas en casos de insuficiencia técnica o de ausencia de imparcialidad. El control fiscal debe ser unificado.

ENS: ¿No es mejor pasar a la opción de un tribunal de cuentas?

CFC: He oído ese argumento de parte de personas con autoridad. Algunas consideran que un órgano colegiado podría ser más efectivo. Sin embargo, su origen es el mismo de la Contraloría y debo decir que la Contraloría General de la República contará con mejores recursos humanos y técnicos para afianzar su eficacia. Y la eficacia, que es el fondo, es más importante que la forma.

ENS: El mismo Maya dijo alguna vez que la corrupción mueve en Colombia más de $50 billones. ¿A hoy, ese monto aumentó, sigue igual o ha disminuido?

CFC: La corrupción sigue siendo un riesgo omnipresente e igualmente grave, independientemente de costos y cuantías. Tan importante como su cuantificación es la cualificación de los métodos para combatirla.

ENS: Vistas las dilaciones en muchos procesos judiciales emblemáticos por escándalos de corrupción pública, las exiguas penas, la masificación de la casa por cárcel, el no pago de multas impuestas a los condenados, la dificultad para conseguir sus bienes, la demora en los casos de repetición del Estado sobre los funcionarios. ¿Diría usted, como piensan muchos colombianos, que “robar al Estado si paga”?

CFC: No hay nada que estimule más al corrupto que una institucionalidad sin capacidad de ubicarlo y sancionarlo a tiempo. En eso estamos trabajando para que robar al Estado nunca pague.

Normas anticorrupción

ENS: Un año tras la consulta anticorrupción y la mayoría de las siete propuestas que lograron más de 11 millones de votos siguen en el aire, naufragando en el Congreso. ¿Qué lecciones le deja esta situación a Colombia?

CFC: No hay norma bendita para controlar la corrupción. Eso no existe. Lo que hay es una institucionalidad que tiene que trabajar a diario para evitar que los corruptos se lleven los recursos de los colombianos. Es una tarea diaria que nunca acaba y que requiere potestades acordes a la inagotable creatividad del corrupto.

ENS: La elección de los contralores departamentales y municipales tiene hoy empapelados a muchos diputados y concejales, no pocos suspendidos o destituidos. ¿Cómo frenar esta situación?

CFC: La más importante de las salidas que veo es el establecimiento de un sistema de méritos para su elección. Esos cargos no se pueden proveer por la vía del clientelismo, sino reservarlos para los más capaces, independientemente de su origen.

ENS: ¿Cómo entender que se sigan presentando irregularidades con el PAE?

CFC: Ese el resultado de los coletazos de un modelo inoperante. No basta con las sanciones de carácter fiscal, penal o disciplinario. Hay que garantizar que el programa sea administrado por personas idóneas, capaces y responsables, independientemente si su manejo es centralista o descentralizado.

Aquí también cuenta la prevención. Nosotros hemos habilitado un esquema participativo, interesante y efectivo, a través de la creación de la figura de contralores escolares que son nuestros primeros vigías, los encargados de generar las alertas tempranas para evitar que nos sigan arrebatando los recursos sagrados de alimentación para nuestros niños.

ENS: ¿De qué sirve fortalecer la capacidad de la Contraloría si la ley marco de la contratación pública continúa permitiendo que una gran cantidad de contratos se asigne a dedo o en proceso con un solo oferente, o a redes empresariales más que evidentes?

CFC: Desde el primer día de mi gestión, próxima a cumplir su primer año, he venido abonando el terreno para que la tecnología nos permita potenciar la reforma que está en trámite. Ya conocemos la dimensión del problema.

Contamos con el primer observatorio sistemático de la contratación pública. Hemos revisado más de 10 millones de registros contractuales y sabemos quiénes están detrás de ellos.

Cuando tengamos afilada nuestra capacidad preventiva podremos ayudar a la administración pública a cortar nexos con contratistas incumplidos o venales.

ENS: ¿Sobornos de Odebrecht y el caso de Reficar van rumbo a la impunidad, desde el punto de vista fiscal?

CFC: Por supuesto que no. La Contraloría está actuando dentro de los términos procesales. Puede tener la seguridad de que no vamos a caer en caducidades e impunidades. Algunos de los resultados relativos, por ejemplo, a perjuicios fiscales dependen de decisiones previas en los ámbitos penal y disciplinario. Esta es una responsabilidad de Estado.