Los atentados contra líderes y activistas sociales no solo truncan las vidas de estas personas, sino que afectan de manera grave los intereses patrimoniales del Estado, advirtió ayer la Contraloría General de la República.

A través de un comunicado, la Contraloría señaló que lo anterior se refleja en la interposición de 105 demandas por estos hechos, con pretensiones por 206.463 millones de pesos, derivadas de posible omisión estatal en la protección de la vida e integridad de los asociados.

“Aunque la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha hecho un gran esfuerzo para preservar la vida de los líderes sociales amenazados, se requiere una verdadera política de Estado en este tema”, aseguró ayer el contralor general Edgardo Maya al revelar un estudio sectorial de este organismo de control que evalúa las acciones emprendidas en el período 2015 a 2017, para preservar la integridad de esta población de alto riesgo.

El estudio concluye que a pesar del esfuerzo presupuestal del Gobierno Nacional, las acciones ejecutadas han sido insuficientes para brindar esquemas de protección a personas amenazadas, valoradas con riesgo extraordinario y extremo, como líderes y activistas sociales, por lo cual la Contraloría llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer medidas de prevención y coberturas colectivas a esta población.

De acuerdo al análisis elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector de Defensa, Justicia y Seguridad, en el periodo 2015-2017 se destinaron 1,71 billones de pesos para implementación de esquemas de protección, de los cuales 61% (978.295 millones de pesos) se dedicaron a medidas en pro de personas amenazadas, frente a los 618.307 millones de pesos (39%) orientados a esquemas en virtud de cargos o dignidades.

En los dos años que cubre el estudio, se apreciaron esfuerzos económicos para garantizar la seguridad de las personas con mayores riesgos, lo que no impidió que se presentaran 24 atentados que produjeron trece muertos y ocho personas heridas, sin contar con los líderes y activistas que no contaron con algún tipo de medida especial de protección. 

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Debido a que no todas las solicitudes de protección son aprobadas por el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), que recomienda las medidas de protección, su disminución o retiro, la UNP se ve avocada a acciones de tutela relacionadas con inconformidad en las medidas adoptadas.

Es así como en el período de estudio se presentaron un total de 403 acciones de tutela, de las cuales 176 (44%) impartieron órdenes cuya implementación ascendió a 19.164 millones de pesos, que representan 2% del total de los recursos de la entidad. 

Adicional a las acciones de tutela que pretenden que se ordene la implementación, mantenimiento o reforzamiento de esquemas, en contra de las entidades involucradas se han interpuesto 105 demandas por hechos relacionados con la afectación a personas que les fue negado o retirado esquemas de protección, tales como líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, con pretensiones por un valor de 206.463,28 millones de pesos durante las vigencias 2012 a junio de 2018.

De acuerdo con información suministrada por la UNP, 43 de estos medios de control de reparación directa fueron interpuestos directamente contra esta entidad, por 80.557,21 millones de pesos, y en los 62 restantes la entidad demandada fue el liquidado DAS, por 125.906,07 millones de pesos.

La Contraloría consideró que son múltiples los factores que inciden en la continua vulneración del derecho a la vida e integridad de la población amenazada por parte de organizaciones ilegales, lo que exige superar el actual mecanismo de esquemas individuales, para avanzar en mecanismos de prevención, control territorial y judicialización de los victimarios, entre otras.

En cumplimiento del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y Construcción de una Paz Estable y Duradera, se creó la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP, encargada de resguardar a los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las Farc, así como para quienes se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo.

Conforme con la información suministrada por la entidad, en relación con la gestión efectuada por la Subdirección a 31 de diciembre de 2017, se estableció que se recibieron 232 solicitudes de protección, de las cuales, la Mesa Técnica de Seguridad y Protección aprobó 161 esquemas y se implementaron 123 (76% de los aprobados), que costaron 4.815,6 millones de pesos mensuales, es decir, un promedio mensual por esquema de 39,2 millones de pesos, según datos suministrados por la entidad para la vigencia 2017.

La Contraloría estima que el Gobierno tendrá que destinar en los próximos años, recursos adicionales para cumplir con el gasto asociado a la incorporación a la planta de personal de la UNP, de los exmiembros de las Farc, así como para implementar esquemas de protección para los miembros del partido político que conformaron luego de su desmovilización.