Consenso  sobre la urgente necesidad de enfrentar el creciente problema de migración ilegal pero desacuerdo total sobre la forma de hacerlo es lo que se percibe en la Unión Europea, mientras a diario continúan aventurándose a la mar, aún a riesgo de su vida,  miles de personas que consideran un “no futuro” en sus países de origen.

En cumplimiento de lo acordado días atrás por los jefes de gobierno del Viejo Continente, ayer la Comisión Europea presentó  un plan de acción que contempla repartir entre los Estados miembros la acogida de los demandantes de asilo, propuesta rechazada de inmediato por Gran Bretaña.

Este plan de acción propuesto por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, busca evitar que los inmigrantes se lancen al Mediterráneo para alcanzar las costas europeas, rescatar a los que se encuentran en dificultad en el mar y gestionar su acogida en la Unión Europea de manera más equitativa entre los Estados miembros.

Pero incluso antes de ser presentado Gran Bretaña lo rechazó. La ministra de Interior británica, Theresa May, declaró la hostilidad total de su país a estas disposiciones.

"Los migrantes que intentan llegar a la UE cruzando el Mediterráneo deberían ser reenviados", afirmó a la prensa británica, sin distinguir si se trata de personas que obtuvieron el estatuto de refugiados, que tienen abiertas las vías legales para llegar a Europa, o de aspirantes a obtenerlo.

"Estoy en total desacuerdo con Federica Mogherini (la jefa de la diplomacia europea) cuando asegura que ningún migrante o refugiado interceptado en mar será reenviado contra su voluntad", insistió, estimando que ese enfoque sólo podía "alentar a más gente a arriesgar su vida".

"Lo peor sería no hacer nada, mantener el sistema actual", le respondió en conferencia de prensa el números dos de la Comisión Europea, Franz Timmermans. "No hacer nada sería empeorar la situación de las personas en necesidad y perder toda credibilidad frente a nuestros ciudadanos (...) no podemos aceptar que familias enteras se ahoguen en el Mediterráneo", insistió.

Pero Gran Bretaña no está aislada. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, manifestó su oposición en particular a un punto del plan de la Comisión que propone repartir a los refugiados por países según un sistema de cuotas destinados a la "reubicación" y el "reasentamiento" con los que se busca aliviar a los países más expuestos a la presión migratoria.

La "reubicación" supone la "activación del mecanismo de emergencia" previsto en los tratados europeos para reubicar "temporalmente" a las personas que obtuvieron un análisis positivo a su demanda de asilo, en otro país de la UE, para "garantizar una distribución equitativa y equilibrada (...) de este esfuerzo común".

Además, la Comisión presentará a fines de mayo un programa de "reasentamiento", con 20.000 plazas distribuidas entre los Estados miembros de la UE, para acoger a los refugiados protegidos por la oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) que se encuentran en terceros países (principalmente sirios en campos de refugiados de Turquía, Líbano o Jordania).

Las cuotas por países se definirán en función de criterios "tales como el PIB, la población, la tasa de desempleo y la cantidad de solicitudes de asilo y los refugiados ya reinstalados".

Según este plan el 18% de los nuevos solicitantes de asilo los recibiría Alemania, Francia el 14%, Italia el 12% y España el 9%. Para las 20.000 plazas Alemania recibiría 3.086 refugiados, Francia 2.375, es decir el triple de lo que propuso París en la última cumbre de abril, y España 1.549.

Pero esta medida, recién presentada, parece ya descartada, tanto por la oposición británica, que se opone a todos los refugiados, como la húngara, que no quiere cuotas por países. Muchos Estados miembros se opondrían a que esas cuotas sean obligatorias. En la Comisión fuentes informadas reconocen que "nadie las quiere".

Amnistía Internacional celebró este "paso para resolver la crisis humanitaria en el Mediterráneo" pero deseó que no sea "socavada por los Estados miembros".

 Operación en el Mediterráneo

Una de las medidas inmediatas que propone la Comisión apunta a evitar los dramáticos rescates en el Mediterráneo. Para ello triplica las capacidades financieras de las operaciones Tritón, en las costas italianas, y Poseidón, en las de Grecia.

Propone también una "operación en el Mediterráneo" para "desmantelar las redes de traficantes y combatir el tráfico de personas". Para ello la UE presentó esta semana en el Consejo de Seguridad un plan de acción con el que busca actuar militarmente con una operación naval en las costas libias y en alta mar, al amparo de una resolución.

Para fin de año se creará además un centro piloto en Níger, en la ruta que utiliza la inmigración subsahariana, para ofrecer "información y posibilidades de reinstalación a las personas en necesidad".

A más largo plazo la Comisión propone modificar el sistema de retorno de los inmigrantes que no obtienen asilo. De 425.000 personas que recibieron una orden para quitar el territorio europeo en 2013, 167.000 partieron, señala la Comisión.

La UE trató oficialmente más de 360.000 demandas de asilo en 2014. La mitad, unas 185.000, fueron aceptadas, un aumento del 50% en relación a 2013. Los seis países que más refugiados aceptaron son Alemania, Suecia, Francia, Italia, Gran Bretaña y Holanda.

En Asia

Pero este problema de la inmigración ilegal no es exclusivo, aunque si más recurrente, de Europa.  Sucede por igual en varios países del continente asiático.

Ante ello, Malasia se sumó a la política adoptada por Indonesia de devolver fuera de su territorio a los barcos con inmigrantes ilegales, una medida que según la ONU podría sentenciar a muerte a centenares de personas.

Mientras la agencia de Naciones Unidas para los refugiados acusó a las autoridades regionales de jugar con vidas humanas, Tailandia convocó una cumbre regional "extraordinaria" el próximo 29 de mayo en Bangkok con representantes de quince países que tratará sobre la crisis de la migración.

Las asociaciones de defensa de los derechos de estos migrantes originarios de Birmania y de Bangladesh urgieron a los gobiernos de la región a actuar rápidamente para evitar una catástrofe humanitaria.

Cerca de 2.000 personas, incluidos numerosos rohingyas, una minoría musulmana considerada como una de las más perseguidas del mundo por la ONU, llegaron a las costas malasias e indonesias en los últimos días, probablemente por el endurecimiento de las políticas adoptadas por Tailandia. 

Malasia advirtió por su parte que remolcaría fuera de su territorio a los barcos que entren en sus aguas territoriales, salvo a aquellos en riesgo de naufragio inminente. 

El martes, las autoridades de Indonesia habían informado que remolcaron fuera de sus aguas territoriales a un barco con cerca de 400 personas, argumentando que "ese no es un problema" de Yakarta, ya que en realidad los barcos están de paso y su destino no es Indonesia. /EL NUEVO SIGLO con AFP