Que se perdió la oportunidad de mejorar la situación de derechos de los jóvenes en conflicto con la ley penal en el Plan Nacional de Desarrollo, evidenció la Procuraduría durante un debate de control político sobre el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, SRPA.

De acuerdo con el Ministerio Público, “se perdió la oportunidad de priorizar este sistema judicial y de asegurar recursos financieros en el orden nacional y territorial suficientes para su óptimo funcionamiento, pues en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se limitó a confirmar su finalidad restaurativa (ya establecida en el Código de la Infancia y la Adolescencia) y a anunciar recursos en el marco de la Ley 55 de 1985, sin que se identifiquen mecanismos eficaces para garantizar la continuación del proyecto de vida de los adolescentes en condiciones de dignidad, una vez cumplan las sanciones que se les han impuesto”.

En ese sentido, según la procuradora delegada Ilva Myriam Hoyos, en el anterior PND, aunque sí estableció la priorización de este sistema con especial énfasis en la readecuación y el mejoramiento de la infraestructura de las unidades de servicios donde los adolescentes cumplen las sanciones, no se tradujo en una realidad concreta de fortalecimiento y por el contrario, durante la ejecución del mismo, la crisis se profundizó en ciudades como Bogotá, Cali y en el Eje Cafetero por la falta de compromiso de las autoridades nacionales y territoriales.

“Esta afirmación está contenida en el Segundo Informe de Vigilancia Superior elaborado por este organismo de control, que cubre los años 2012 y 2013, como quiera que las recomendaciones formuladas por la Procuraduría son prácticamente las mismas que se plantearon en el primer informe, presentado en diciembre de 2012. Es decir que las problemáticas identificadas persisten y así también lo corroboran los informes elaborados por la Defensoría del Pueblo y la Comisión Verificadora del Congreso de la República”, dice.

Hoyos aseguró además que “hay una clara ausencia de articulación entre el SRPA, no sólo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como órgano rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, sino también con los sistemas nacionales de Juventud, de Educación, de Salud y de Reparación Integral a las Víctimas, entre otros, lo cual ha conducido a una deficiencia en la prestación de los servicios sociales básicos para que los adolescentes y los jóvenes sean tratados con la dignidad que merecen, más aún cuando muchos de ellos han sido instrumentalizados por grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos organizados”.

La Procuradora Delegada expresó su preocupación por cuanto el Ministerio de Justicia anunció en el 2013 la expedición de un decreto que permitiría un mejor desarrollo de las funciones de coordinación del SRPA que le fueron atribuidas en el Decreto 2897 de 2011, sin que a la fecha la Procuraduría conozca la propuesta definitiva de esta regulación.

Además, que el Ministerio de Educación ha incumplido el compromiso de generar y materializar el derecho a la educación de los adolescentes y los jóvenes infractores, a través de la expedición de un Decreto que permitiría una oferta flexible educativa y pertinente para esta población, compromiso adquirido en el 2013 en el marco del Consejo de Política Criminal sobre el SRPA por la ministra de Educación Nacional de ese entonces.