Sorprende y preocupa que el informe de la Defensoría del Pueblo en torno a que no menos de 250.000 habitantes de Cali se encuentran en alto riesgo por la disputa entre bandas criminales, no hubiera generado una ola de indignación nacional y movido a todas las instancias del orden central, regional y local a urgir un plan de contingencia para hacer frente a una situación tan explosiva.