Editorial | El Nuevo Siglo

Cada vez que comienza el año académico las alertas de los padres de familia se prenden. Esto pese a que los controles de las autoridades del sector de la educación han aumentado en los últimos años para evitar abusos en materia de reajustes en costos de matrículas y otros rubros adicionales, así como en el listado de útiles que se pide a los alumnos, sobre todo en preescolar, primaria y secundaria.

Son varias las enseñanzas que dejan estas primeras semanas de aplicación de la nueva ley que aumenta las sanciones penales, administrativas y pecuniarias a los conductores que manejan bajo estado de ebriedad.

En algunos círculos económicos solía decirse años atrás, medio en serio y medio en broma, que el titular de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos era una especie de ministro de finanzas de todo el mundo. Sin embargo, con la globalización económica, el surgimiento de nuevas potencias productivas y financieras así como los cambios geopolíticos esa premisa poco a poco fue quedando revaluada.

Todo un desafío institucional el que se asumió en la capital del país con la adopción del llamado Plan de Acción de Bogotá, mediante el cual se busca priorizar el combate a los delitos de más alto impacto, en este caso el hurto de teléfonos celulares en el sistema Transmilenio, las multimillonarias estafas en la compra y venta de automotores así como la peligrosa expansión de las redes de microtráfico.

Apenas si está despuntando el año y ya se está hablando de que a mediados de marzo, cuando comience el último tramo de legislatura de este cuatrienio gubernamental, se presentará al Congreso un proyecto de reforma a la justicia.

 

Este tema ha sido una de las prioridades de todo el Estado colombiano en los últimos años. En el país se registran alrededor de seis mil muertes al año por accidentes de tránsito.

*Diferencias entre rojos y azules

*Renovación o desaparición