La decisión del gobierno Petro en torno a declarar un estado de conmoción interior para enfrentar la grave crisis de orden público y humanitaria en la región del Catatumbo, en donde combates entre Eln y disidencias de las Farc dejan más de 80 personas asesinadas y veinte mil desplazados, genera varias reflexiones.

Desde múltiples sectores políticos, económicos, sociales e institucionales se venía urgiendo al Gobierno que tomara medidas de fondo ante lo ocurrido en esta región fronteriza con Venezuela, en donde se está evidenciando que el Estado y la institucionalidad no imperan en una zona que comprende once municipios, tiene más de 35.000 hectáreas de narcocultivos y en la cual facciones guerrilleras, bandas criminales de alto espectro, carteles de drogas, así como redes de minería ilegal, contrabando y trata de personas se disputan el dominio a sangre y fuego.

En ese orden de ideas, acudir a un estado de excepción resulta una respuesta válida, pero incluso tardía. La Fuerza Pública y el componente institucional necesitan un plan de choque operacional contundente e inmediato, es claro. Pero la estrategia debe ser integral, con fases y metas de corto, mediano y largo plazos. No se trata apenas de recuperar el territorio y poner a los insurgentes en retirada por algunos días. No, hay que expulsarlos definitivamente de la zona y apostar en grande con dicho estado de excepción, más si será acompañado de un estado de emergencia económica, social y ambiental.

Es imperativo tomarse el Catatumbo de forma permanente, erradicar a gran escala los sembradíos de hoja de coca y clausurar los socavones de minería criminal y otros delitos de alto impacto. Urge ofrecer a la población proyectos y programas de cultivos y actividades alternativas legales. Hay que multiplicar la inversión social y, claro está, garantizar un regreso seguro y auspiciante para los miles de desplazados. No menos urgente es redoblar la vigilancia fronteriza para evitar que Eln, disidencias y demás componentes criminales vayan y vengan de Venezuela como ‘pedro por su casa’.

Los grupos armados ilegales lanzaron un desafío a la legitimidad, preeminencia y fortaleza estatal en Catatumbo. Y la respuesta debe ser contundente, ejemplificante y disuasiva. No puede el Gobierno dejar que esta región estratégica para la seguridad nacional, sobre todo ante el riesgo que implica el régimen dictatorial de Maduro y su complicidad con la guerrilla, se convierta en un teatro de guerra permanente, que ponga en peligro a miles de nacionales y sea foco de desestabilización de las instituciones colombianas.