Preocupante a más no poder lo que está ocurriendo en muchas ciudades y municipios en donde a diario se registran casos de sicariato. La proliferación de los llamados “asesinatos por encargo” tiene un efecto aún más intimidante en la ciudadanía por cuenta de la amplia cobertura de las redes sociales y de la red de cámaras de vigilancia pública y privada que viralizan las imágenes dramáticas de los homicidios. Claro está, hay que reconocer que no en pocos casos esta circunstancia ha sido clave para poder identificar a los criminales, sus vehículos, así como las rutas de acceso y escape que utilizaron.

Aunque las estadísticas muestran una disminución de los homicidios en general (1,6% en 2024, por ejemplo), es claro, de otro lado, que hay un incremento de los que se producen bajo la modalidad de sicariato.

De hecho, los estudios de las autoridades y las investigaciones de muchos casos en específico han determinado que el incremento de este tipo de asesinatos tiene una relación directa con la ola de extorsión. Es decir, que las víctimas son personas que venían siendo objeto de intimidaciones, pero que se negaban a cumplir las exigencias de los criminales.

En otros casos, la causa de los homicidios se debe a los comúnmente llamados “ajustes de cuentas” entre delincuentes, ya se trate de acciones unipersonales u ordenadas por estructuras criminales más complejas.

A ello se suman los asesinatos que tienen su origen en casos de intolerancia y riñas, en donde los involucrados terminan contratando sicarios para cobrar venganza…

Más allá de cuáles sean las motivaciones, lo cierto es que es imperativo que las autoridades del orden nacional, regional o local definan una estrategia para enfrentar este flagelo. No tiene presentación que todos los días se estén presentando este tipo de asesinatos, no en pocas ocasiones perpetrados por menores de edad o delincuentes reincidentes, algunos de los cuales incluso gozaban del beneficio de prisión domiciliaria.

Asimismo, aumentan las denuncias de familiares de las víctimas en torno a que los jueces de garantía terminan dejando en libertad a los presuntos homicidas, considerando que no se probó su captura en flagrancia o simplemente porque tampoco se evidenció que se les deba considerar, de entrada, como personas peligrosas para la sociedad.

Lamentablemente, estamos volviendo a épocas aciagas de dos o tres décadas atrás en donde los sicarios en moto cobraban varias vidas a diario en muchas ciudades y municipios. Es urgente actuar y ello pasa por una estrategia policial e incluso militar más efectiva y puntual.