LOS COMERCIANTES del país, agrupados en Fenalco, denunciaron que mercancías por cerca de $35 billones están entrando al país de contrabando, sin que las autoridades hagan algo por controlar esta situación.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, afirmó que este flagelo “no se está atacando de manera efectiva ni eficiente, pues la corrupción ha permeado todos los niveles de control y de lucha, incluyendo hasta la campaña del propio presidente de la República”.

Cabal señaló que “tal como lo ha manifestado el Gremio, no es con aumento de aranceles que pretenden proteger la industria nacional y que al final terminan perjudicándola, como se debe controlar el problema. Se evidencia con el desproporcionado aumento al 40% de aranceles a vestuario y confecciones provenientes de países asiáticos, decretado por el actual Gobierno, al cual en su momento nos opusimos y hoy registra una cifra de $3 billones por cuenta de contrabando y una caída en la producción textil y de ropa, según el DANE, de 3,2%”.

Sostuvo el dirigente en un comunicado que “en todos los planes de desarrollo de los últimos tiempos, se anuncia una guerra frontal contra el contrabando y se diseña un plan para reducirlo al mínimo, sin que los resultados hayan sido mínimamente satisfactorios, pues todo se queda en bla, bla, bla, debido a la corrupción”.

Persecución

Subrayó el dirigente, que para combatir este flagelo, que afecta especialmente al comercio formal, además de perseguir decididamente la corrupción al interior de las entidades, se requiere de un tratamiento integral que incorpore al menos tres elementos clave, que disminuyan los incentivos para el comercio ilícito.

En primer lugar, un tratamiento económico que incluye la reducción de aranceles, trabas a las importaciones y exceso de reglamentación. Explicó que “con los aranceles a confecciones importadas de Asia, lo único que se ha logrado es disparar el contrabando, porque si vemos las cifras de producción nacional de confecciones y las ventas del comercio formal de vestuario y textiles en los últimos dos años, los resultados son francamente nefastos”.

Recalcó que “por ejemplo, según el DANE, las ventas de ropa y textiles el año pasado por parte del comercio minorista colombiano, se desplomaron un 10,6%, siendo esta categoría la de peor resultado registrado el año pasado, dentro de los 19 subsectores que esa entidad investiga”.

En segundo lugar, se destaca el componente policial y represivo. “Esperemos que el nuevo comandante de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, logre combatir con éxito a los grandes contrabandistas”, indicó Cabal.

Mencionó como tercer elemento para dar la batalla al contrabando es el administrativo y tecnológico. Hay que utilizar tecnologías de última generación, la misma inteligencia artificial, para detectar eficientemente los brotes de contrabando.

“Urge el perfeccionamiento de los mecanismos de control para evitar este flagelo. Estamos a la espera de que la DIAN le explique al país el avance o quizás el retroceso, que esta institución ha tenido últimamente en materia de buenas prácticas administrativas. No olvidemos que con mucha frecuencia instituciones como el BID o la CAF apoyan financieramente y en forma generosa, los proyectos de modernización”.

Finalmente, Cabal considera que la lucha frontal contra el contrabando, como tantas veces se ha anunciado, debería ser una de las prioridades en la agenda de un nuevo Gobierno honrado y transparente que llegue al poder en el año 2026.

Índice de Percepción

Por otra parte, referente a la situación de corrupción en Colombia, en el último informe de Transparencia Internacional, y referente a los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, el indicador global más importante sobre corrupción en el sector público, señala que el país obtuvo una calificación de 39 puntos sobre 100, es decir, un punto por debajo de lo obtenido en 2023, y pierde 5 posiciones en el ranking global ubicándose en la posición 92 entre 180 países evaluados.

El IPC confiere puntajes entre 0 y 100 a 180 países, donde 100 indica que un país se percibe como muy transparente, mientras que 0 muestra que es percibido como muy corrupto.

Los resultados

Los países mejor puntuados en el ranking global son Dinamarca con una calificación de (90), Finlandia (88), Singapur (84) y Nueva Zelanda (83), mientras que los tres más bajos son Venezuela (10), Somalia (9) y Sudán del Sur ocupando la última posición con 8 puntos. El índice sitúa a Colombia muy lejos de Uruguay (76) y por encima de Argentina (37), Brasil (34), Ecuador (32) y Perú (31).

En el contexto de los países pertenecientes a la OCDE, cuyo promedio fue de 65 puntos, Colombia se encuentra entre los países con más bajos resultados, solo superando a México (26) y Turquía (34).

El IPC utiliza una metodología robusta que incluye fuentes de datos de expertos, evaluando comportamientos como sobornos, desvío de fondos públicos y captura del Estado, además de la efectividad en mecanismos existentes para prevenir la corrupción.

Esta calificación refuerza una tendencia preocupante, pues cualquier puntuación por debajo de 50, indica problemas graves de corrupción. A pesar de haber tenido señales de una mejora en el indicador de años anteriores, el puntaje de Colombia en el IPC 2024 vuelve a mostrar estancamiento y, por lo tanto, falta de resultados.

No es una prioridad

De acuerdo con Transparencia Internacional, “a pesar de las promesas de cambio significativo, la administración del presidente Gustavo Petro no ha logrado posicionar la lucha contra la corrupción como una prioridad estratégica y se ha visto desdibujada por los escándalos que ha enfrentado, así como por cuestionamientos persistentes en círculos cercanos al presidente. A esto se suma que, a pesar de la atención e indignación que los grandes escándalos de corrupción siguen generando, el país aún no ve resultados en controversias como el desvío de recursos de la Ungrd, la presunta financiación irregular de la campaña del presidente de la República o acciones decididas en otras entidades que son objeto de cuestionamientos constantes, como Ecopetrol”.

Gran problema

La calificación del IPC 2024 se suma a otros indicadores recientes que señalan la corrupción como el principal problema del país (Semana, 2024), advierten sobre el deterioro en la lucha contra la corrupción (Invamer, 2024) y califican la gestión anticorrupción del presidente como el aspecto con peor desempeño de su gobierno (Cifras y Conceptos, 2024). Ante este panorama, el gobierno enfrenta un reto significativo para recuperar la confianza ciudadana y demostrar un compromiso real en la lucha contra la corrupción.

Señala Transparencia, que “en diciembre de 2024, el gobierno expidió la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo. Con pocos meses por delante para su implementación, el Gobierno nacional deberá poner el pie en el acelerador para que este sea un instrumento relevante y logre marcar alguna diferencia antes de culminar el mandato del presidente Petro. Sin embargo, el desafío que la corrupción sigue generando a la democracia colombiana es amplio e implicará una acción mucho más coordinada entre poderes públicos”.

Rifirrafe Petro-Cabal

El presidente Gustavo Petro se refirió, a través de la red social X, a la información revelada por Fenalco sobre las afectaciones del contrabando en Colombia, presentando cifras que tendrían contra las cuerdas a varios sectores del comercio.

El primer mandatario sugirió a los comerciantes agremiados planear estrategias para hacerle frente a este delito. En su cuenta de X dijo: “Los afiliados a Fenalco deberían hacer un gran pacto con Colombia para impedir que sus comercios sean usados por el contrabando”, escribió Petro.

A esta postura del mandatario, el presidente de Fenalco le contestó por X: “No @petrogustavo. No se equivoque, los afiliados a @FenalcoNacional son comerciantes organizados, bien sea pequeños, medianos o grandes, que cumplen sus obligaciones, generan empleo y son respetuosos de la ley; no compran contrabando, por el contrario, los contrabandistas les compiten ilegalmente y cada día, muchos negocios desaparecen por este flagelo. Además, es al Gobierno nacional al que le corresponde atacar la corrupción al interior de sus entidades y ejercer los controles que garanticen que el flagelo del contrabando no siga acabando a la industria y al comercio organizado del país. Es importante recordar que con aranceles altos como los que su Gobierno ha impuesto, los únicos beneficiados son los contrabandistas”.