Los actos de violencia en los estadios de fútbol no pueden ser considerados como simples desórdenes y desbordes de la pasión de las hinchadas. Lo ocurrido el domingo en la final de la Copa Betplay entre los equipos Nacional y América, en el Pascual Guerrero de la capital vallecaucana, es de extrema gravedad. No solo hubo un intento masivo de invasión al campo para agredir a los jugadores, cuerpos arbitrales y bancos técnicos, sino que se enfrentaron entre las mismas hinchadas, se perdió el arma de una patrullera de la Policía y los uniformados fueron atacados a golpes, con elementos contundentes e incluso con un disparador de juegos pirotécnicos.

El mayor problema es que este no es un hecho aislado. En los últimos meses han sido recurrentes los incidentes en los estadios. Desde batallas campales entre barras, peleas a puñal limpio y asonadas contra la Fuerza Pública, hasta insultos racistas, ataques a los buses que transportan a los equipos y asedio a los sitios de entrenamiento o concentración… Una situación cada vez más fuera de control.

Lo más paradójico es que la grave coyuntura se da en momentos en que está sobre la mesa, una vez más, el debate en torno a la posibilidad de sacar a la Policía de la vigilancia interna de los estadios y dejar esa delicada función en cabeza de la logística de seguridad privada de los equipos.

Visto todo ello, resulta claro que las medidas legales, reglamentarias y administrativas adoptadas en los últimos años para garantizar la paz y convivencia en los estadios son insuficientes. Igualmente, las promesas en torno a la instalación de equipos biométricos, más cámaras de seguridad de alta definición en las tribunas y detectores de armas, alucinógenos, licor y otros materiales potencialmente peligrosos en las entradas de los escenarios futbolísticos brillan por su ausencia.

Se requieren decisiones más contundentes. Además de las ya mencionadas, es urgente una base de datos de hinchas violentos con el fin de impedirles de por vida la entrada a estadios en todo el país. Más castigos drásticos a las barras organizadas que causan desórdenes. Sanciones de mayor calado a los equipos y dirigentes que apoyan a las hinchadas problemáticas. Personal de la Fiscalía presente en los principales escenarios futbolísticos para proceder a la identificación inmediata y judicialización efectiva de los vándalos… En fin, medidas efectivas hay. Lo que falta es voluntad concreta de las autoridades, Dimayor, equipos y las mismas barras para aplicarlas a rajatabla y desterrar la violencia del espectáculo del balompié. De lo contrario, una tragedia más grande sobrevendrá.