A PESAR de no haber tenido tiempo suficiente de debate en la Comisión Sexta del Senado, la sala determinó que el proyecto de Ley 212 de 2024 en el que se consideraba la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 tendrán prelación para el inicio de la legislatura en febrero de 2025, agregando además mesas técnicas de debate a iniciarse desde el mes de enero para lograr consolidar una nueva norma clara respecto a la financiación en las Universidades públicas.
La discusión se había programado en el último día de sesiones ordinarias en el Senado, y había logrado un puesto importante dentro del orden de la comisión. De hecho, la discusión contó con la presencia del ministro de Educación Daniel Rojas Medellín, y el viceministro de la misma cartera, Ricardo Moreno Patiño, además de la representante Jennifer Pedraza, quien pidió darle el debate necesario a esta reforma que urgen las instituciones de educación superior.
No obstante, la discusión de otros proyectos dejó sin tiempo para el debate sobre esta reforma, que finalmente quedó programada para el próximo año. De Acuerdo a lo informado la presidencia y la secretaria de la comisión, el debate tendrá lugar entre las primeras discusiones para 2025, buscando que pueda prosperar en los cuatro debates necesarios y con ello, poder ser determinada como ley antes de que acabe el periodo en junio del próximo año.
Dentro de los principales reparos surgidos sobre la norma, están la ejecución que se ha hecho desde el Ministerio de Educación y las garantías que este debe ofrecer para la financiación, en caso de ser aprobada la norma, a las instituciones de educación superior e institutos técnicos y tecnológicos que también se verían beneficiados en la reforma.
Sin embargo, el aplazamiento no fue bienvenido por parte de la comisión y de algunos congresistas, quienes cuestionaron “¿cómo lo agendan una hora y media antes de que empiece la plenaria del Senado? Si un proyecto es prioridad para un gobierno, ¿por qué lo dejarían para el último día, la última hora?”.
Además, también se hizo el señalamiento que “la reforma a la Ley 30, los artículos 86 y 87, no es una prioridad para el Gobierno nacional. Si el movimiento estudiantil y profesoral no nos activamos, se va a acabar este gobierno y no va a haber una reforma a la ley 30 que garantice esa financiación digna. Se sabe que, en 2025, año preelectoral y en 2026 ya todo el mundo va a las elecciones”.