La Justicia Especial para la Paz (JEP) le dio un plazo de cinco días hábiles al general (r) Mauricio Santoyo Velasco para que entregue un aporte exhaustivo sobre la relación entre la Fuerza Pública y los grupos paramilitares, en el marco de la investigación de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Medellín, Antioquia, en 2001.
Este requerimiento se da dentro del caso que investiga el asesinato de los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, quienes fueron asesinados el 6 de octubre de 2000 en la ciudad. La Sala de Reconocimiento de Verdad, actuando bajo instrucciones de la Sección de Apelación de la JEP, busca esclarecer cómo las acciones de agentes estatales estuvieron vinculadas con grupos paramilitares, lo que resultó en graves violaciones de derechos humanos.
En 2001, Santoyo se desempeñaba como subdirector de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional, y más tarde como comandante del Cuerpo de Élite Antiterrorista de Medellín. El aporte solicitado por la JEP tiene como fin permitir la contrastación y recolección de información útil para la investigación del Subcaso Antioquia, dentro del Caso 08, que aborda los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública en colaboración con paramilitares o civiles durante el conflicto armado.
La decisión también responde a la Resolución de Acusación de la Fiscalía General de la Nación, que declaró la desaparición forzada de Monsalve y Quintero como un crimen de lesa humanidad. Estos hechos se suman a otros señalamientos que vinculan a Santoyo con graves violaciones a los derechos humanos, como la desaparición de los miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) y su presunta participación en el asesinato del periodista Jaime Garzón.
A pesar de la condena en su contra en Estados Unidos y su rechazo a los señalamientos, Santoyo sigue enfrentando acusaciones graves, y la JEP exige su colaboración para avanzar en la verdad y reparación dentro del proceso de justicia transicional.
La solicitud de la JEP tiene como objetivo no solo esclarecer estos crímenes específicos, sino también determinar si los hechos que involucran al general en retiro serán priorizados en alguno de los macrocasos de la justicia transicional. La falta de colaboración por parte de Santoyo ha sido un factor clave en su solicitud de libertad condicional, la cual fue rechazada el pasado 10 de diciembre por la Sección de Apelación de la JEP, debido a que no ha aportado la verdad requerida en el proceso.