En consecuencia al aumento de habitantes de calle a nivel nacional, la Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde de Valledupar, Cesar, Ernesto Miguel Orozco Durán, información acerca de la implementación de la política pública para esta población.
El organismo de control, en busca de defender el orden jurídico, el patrimonio público y derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, entre otros, pidió al primer mandatario del municipio la caracterización demográfica y socioeconómica para este grupo vulnerable en la ciudad.
También, para el Ministerio Público es importante conocer los instrumentos cualitativos y cuantitativos para la obtención de esta información y la periodicidad del censo.
Por tanto, la entidad requirió al funcionario entregue a este despacho los documentos soporte sobre la intervención social requerida para los habitantes de calle; asimismo, si se llevó a cabo la política pública social comunicar sus componentes para su debida implementación.
La Regional del Cesar quiere conocer los servicios sociales diseñados para estos ciudadanos en la capital Cesarense y los procesos de focalización con el objeto de garantizar su protección.
De esta manera, el ente de control continúa con la vigilancia preventiva de este fenómeno social en Valledupar.