Gracias a la vinculación de 50 empresas de 18 departamentos del país que recibieron apalancamiento de costos laborales, 1.804 personas lograron ubicarse laboralmente en empleos formales al cierre de la Estrategia Integral de Inclusión Laboral para Víctimas del Conflicto Armado 2020 - 2021, de la Unidad del Servicio Público de Empleo (SPE).
Con este mecanismo se busca promover la reactivación económica en medio de la pandemia del covid-19 y por contribuir a la empleabilidad de la población víctima del conflicto y de grupos étnicos, y ha contado con el apoyo de los Programas de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas e Inclusión para la Paz de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Inició el 12 de octubre del 2020 con una convocatoria dirigida a las agencias y bolsas de empleo autorizadas por la Unidad del SPE y a empresarios, tras lo cual 85 compañías manifestaron su interés de vincularse mediante la contratación de víctimas del conflicto y ser beneficiarios del apalancamiento de costos laborales y acompañamiento psicosocial.
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En total, 50 pequeñas, medianas y grandes empresas (de los sectores agricultura, confecciones, servicios y construcción, comercio al por menor, alimentos y vigilancia, entre otros) culminaron exitosamente el proceso.
Las compañías participantes recibieron apoyo técnico para la contratación y para la identificación y mitigación de barreras de acceso al mercado laboral que tenían las víctimas buscadoras de empleo.
De las 1.804 víctimas ubicadas en un empleo formal, la mitad son mujeres (50.9%), alrededor de 30% pertenecen a grupos étnicos y 55% jóvenes de entre 18 y 28 años.
Las 50 empresas que se vincularon accedieron a un apoyo económico (por única vez) para el apalancamiento de costos laborales por valor de $1’470.986 por cada víctima contratada, facilitando su contratación.
De igual manera, los 1.804 beneficiarios recibieron apoyo para la mitigación de barreras, orientación laboral, y procesos de formación a la medida, así como acompañamiento psicosocial en el proceso de inserción laboral, que derivó en un contrato formal de trabajo de por lo menos seis meses.
La estrategia logró un impacto a nivel territorial en 18 departamentos y 32 municipios donde con cada oportunidad de empleo se transformaron las vidas de personas y familias, y también se contribuyó al desarrollo local.