Ya quedan poco más de 13 meses para la primera vuelta presidencial y los partidos políticos se están moviendo para escoger la persona que representará sus ideas ante el electorado.
Acorde con esos principios ideológicos enarbolarán esta o aquella bandera, fijando posiciones frente a los temas clave de la agenda ciudadana.
Aquí hay un menú mínimo, referido a las principales preocupaciones de la gente, del cual tomarán los aspirantes para plantear posibles soluciones.
• Colombia segura
Quizás la principal preocupación de la ciudadanía, según lo que han registrado las más recientes encuestas, es la seguridad, especialmente en lo relacionado con la tranquilidad ciudadana de transitar por las calles o viajar en el transporte público sin estar pendiente del momento en que los amigos de lo ajeno aparezcan, llegando incluso a poner en riesgo las vidas de la gente.
La semana pasada, el Ministerio de Defensa les presentó a los congresistas de la Comisión Segunda de la Cámara cifras alarmantes sobre hurtos, como que el ejecutado contra el comercio pasó de 13.097 casos en 2010 a 42.065 en 2020 (un aumento del 221%) y el realizado contra residencias subió de 17.436 a 32.708 (88%), en tanto que los robos de bicicletas se incrementaron de 3.716 a 18.626 (401%) y los de celulares lo hicieron de 32.438 a 131.168 (304%).
Para hacer frente a este flagelo ya se proponen una serie de medidas, desde la elemental relativa al incremento en la cantidad y calidad del pie de fuerza, hasta las que hablan del trasfondo del problema, que para unos aspirantes presidenciales es definitivamente el narcotráfico, mientras para otros es la falta de implementación del acuerdo de paz, y también se exponen planteamientos para abordar el problema desde la prevención.
• Colombia reactivada
La experiencia cotidiana de los ciudadanos, en no pocos casos por sufrirlo en carne propia, es que los índices de inseguridad (tanto en las cifras de las autoridades como en la percepción de la población) se han incrementado a la par que se agravaba la crisis económica y social derivada de la pandemia.
De manera que el menú de soluciones que ofrecerán los aspirantes presidenciales también estará cargado de fórmulas para mejorar o potenciar los programas sociales existentes para la atención de la población más vulnerable, como también de recuperar el aparato productivo, particularmente en el sector de las mypimes, muy golpeado también por la emergencia sanitaria.
Los micronegocios, que representan el 60% del tejido empresarial del país, según lo registró a comienzo del mes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se contrajeron al cierre del año pasado en 7,3%, lo que implica el cierre de 427.848 de ellos, principalmente como consecuencia de la pandemia.
• Colombia con empleo
Y si el tema de la seguridad va de la mano con el de la reactivación, ni que decir de este último con el empleo, ya que la mejor estrategia de atención a la población vulnerable es la que multiplique las vacantes en puestos de trabajo de toda índole, lo que no puede separarse del rescate empresarial.
El DANE reportó el 31 de marzo que en febrero la población desempleada se incrementó en 886.000 personas, llegando a un total de 3,9 millones, la mayoría concentrada en las principales ciudades del país.
Aquí seguramente se expondrán planes de apoyos a las empresas e incentivos para la generación de empleos y se discutirá si las tácticas implementadas en el pasado dieron resultado, para proponer variantes que en opinión de los aspirantes y sus asesores pueden llegar a ser más útiles.
• Colombia progresiva
Volviendo a los programas sociales, desde ya se da la discusión, que se reforzará con la campaña presidencial, sobre la mejor manera de atender a la población más afectada por la pandemia.
El programa Ingreso Solidario acaba de cumplir un año, entregando, según Susana Correa, directora de Prosperidad Social, $5,6 billones, y abarcando actualmente “a 3.084.987 familias, incluidos 532 hogares de Providencia, afectados por el huracán Iota. Cada grupo beneficiario recibe $160.000 al mes; durante este primer año se entregaron hasta $1.920.000 en total por hogar”.
La tesis que se ha ido configurando consiste en volver permanente el Ingreso Solidario, manteniendo los actuales subsidios, ampliándolos a mayor número de familias, focalizándolos con un Sisbén más depurado y complementándolos unos con otros de tal manera que las familias beneficiarias reciban en total, con ayudas provenientes de varios programas, una renta básica que al menos cubra la línea de pobreza, calculada hoy en $327.000.
Por supuesto, en el debate entre los aspirantes presidenciales se plantearán estrategias para nutrir los fondos de los subsidios, quizás ampliándolos todavía más y/o incrementando las sumas mensuales destinadas a cada familia beneficiaria.
• Colombia ambiental
El mundo entero es cada vez más consciente de la necesidad de cuidar el planeta y apostarle a un desarrollo sostenible, lo que en Colombia se ha traducido en una agenda política cargada de temas ambientales, como es la protección de los páramos, la selva amazónica y las fuentes hídricas, entre muchos otros que se cruzan entre sí.
Asuntos concretos que abordarán los aspirantes serán la deforestación, los ríos sujetos de derechos, la delimitación de los páramos, el fracking, la frontera agropecuaria y los pasivos ambientales, así mismo los factores de pérdida de biodiversidad en Colombia que, según información del Instituto Humboldt, ha evidenciado una disminución promedio del 18% y cuya mayor amenaza está en la pérdida de hábitats naturales, por lo general, relacionada con la agricultura y la ganadería expansiva.
• Colombia transparente
Aunque frente a la seguridad y la reactivación, la preocupación sobre la corrupción ha pasado a un segundo plano, sin duda no desaparece del todo de la agenda pública, entre otras cosas porque está directamente ligada a los demás temas.
Nada más durante esta pandemia, según aseguró hace un mes el fiscal general Francisco Barbosa, se han examinado 6.000 contratos por una cuantía que supera los $667.000 millones, encontrando posibles irregularidades concretadas en 27 imputaciones de cargos en 13 departamentos (Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caquetá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Quindío, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vaupés).
Para frenar este mal de antaño se han ensayado fórmulas de todos los calibres, principalmente en el plano legal y más específicamente en el penal, pero expertos en el tema suelen concluir que no se requieren más leyes, sino el cumplimiento de las existentes.