Mediante un auto de 34 páginas, la Corte Constitucional aceptó 21 demandas contra la reforma que suspendió la aplicación de la Ley 996 de 2005, conocida como la Ley de Garantías, durante la vigencia de este año.
El alto tribunal mencionó en el documento que antes de entrar a revisar las peticiones de medida cautelar debía pronunciarse sobre la admisión.
Vale señalar que esta reforma fue encausada por 42 personas entre congresistas, abogados, organizaciones, ciudadanos, entre otros, quienes manifestaron que esta norma debió haberse tramitado en una ley estatutaria, y agregaron que es un artículo que no tiene relación con el resto de la Ley del Presupuesto General de la Nación, que fue aprobada por Senado y Cámara en el mes de octubre del 2021.
“Resulta a todas luces inconstitucional e ilegal reformar un artículo de una ley estatutaria, a través de la ley anual de presupuesto, pretermitiendo no solo el control previo por parte de la Corte Constitucional, sino además la competencia que para proferir este tipo de leyes tienen las Comisiones Primeras de Senado y Cámara de Representantes”, se lee en la demanda que interpuso el congresista Roy Barreras.
Para dar validez al trámite judicial, todas las acciones fueron acumuladas en un solo expediente, el cual quedó encabezado por el senador que hoy integra las filas del Pacto Histórico, y estará a cargo de la magistrada Diana Fajardo.
Además de Barreras, la Corte avaló integralmente las demandas presentadas por Álvaro Garro Parra, Iván Cepeda Castro; y la de Juan Manuel López Molina.
Por separado, el tribunal admitió parcialmente las denuncias de Edwing Fabián Díaz Plata, Carlos Alberto Maya Restrepo, Juan Sebastián Ramírez García, Juan David Gamboa González, Antonio Sanguino Páez, Luis Fernando Velasco Chaves y David Luna con José Daniel López.
Adicionalmente, se aceptaron las de Juliana Valentina Cruz Sánchez, Valentina Álvarez Castro, Laura Montes Salazar, Angie Bibiana Burgos Fajardo, Francy Lizeth Rincón Tejedor, Henry Camilo Estupiñán Ballesteros, Karina Victoria Reyes Gutiérrez, Mile Vanessa González Estupiñán, María Paula Alvarado Niño y Danna Valentina Dallos Soto.
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De otro lado, fue inadmitido el escrito presentado por la congresista Katherine Miranda, ya que no acreditó su ciudadanía colombiana.
Se espera que otras 11 demandas puedan ser admitidas por la Corte, siempre y cuando los accionantes realicen las correcciones sugeridas por el alto tribunal.
Posiciones divididas
Vale recordar que en octubre del 2021, en medio del debate del Presupuesto Nacional de la Nación para este año, el Congreso aprobó el artículo 124 de la Ley 2159 de 2021 donde se establece que las entidades del orden nacional y organismos territoriales puedan celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.
Tras su aprobación en el legislativo, se desató la polémica entre el Gobierno y varios sectores políticos de oposición. Por un lado, el Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, mencionó que con esta reforma avanzaría la reactivación económica del país.
“Debe quedar claro que en el PGN 2022 no hay 'micos' o 'jugaditas', le estamos diciendo de frente al país que es importante reactivar la economía en las regiones permitiendo la celebración de convenios interadministrativos en época electoral para generar empleo”, señaló.
Asimismo, el presidente Iván Duque defendió dicha modificación que fue impuesta en el Presupuesto General del 2022. “El objetivo es darle a todos los ciudadanos la tranquilidad y la certeza, de que esos convenios se suscribirán guardando el más claro apego a toda la transparencia y a garantizar que cada recurso vaya orientado a su destinatario final", explicó el Mandatario.
Sin embargo, voces como la del senador Rodrigo Lara se pronunciaron en contra de este hecho. “El gobierno se sale con la suya y abre todas las compuertas de la corrupción electoral para impulsar a sus candidatos presidenciales. El gobierno será recordado por este hito infame”, expresó.