UNA DE las situaciones más desconcertantes para muchos cuando el Congreso llegó a la mitad del actual periodo de la tercera legislatura, es que el Gobierno no ha cumplido en su totalidad con radicar el paquete de proyectos que anunció, pues a la fecha de las iniciativas más importantes llevó la reforma a la salud y la reforma tributaria. También presentó la reforma política, pero esta no figuraba en las cuentas de nadie. Mientras tanto el tiempo avanza y, por ende, se reducen las posibilidades de aprobación de las iniciativas que faltan, en caso de que la Casa de Nariño se decida a presentarlas.

El pasado 13 de septiembre, el ministro Guillermo Jaramillo radicó en la Cámara nuevamente el proyecto de reforma a la salud, materializando en ese sentido el anuncio que hizo en la pasada legislatura, cuando la polémica iniciativa se hundió en tercer debate en la Comisión Séptima del Senado.

Los coordinadores ponentes del proyecto anunciaron la conformación de una mesa técnica, que se lleva a cabo entre el 1 y el 11 de octubre, para la cual fueron invitados actores del sector salud, con el propósito de recoger las inquietudes, escuchar propuestas y construir consensos.

Sin embargo, las bancadas de oposición e independientes manifestaron su malestar porque el Gobierno no socializó ni concertó el proyecto de reforma a la salud previamente con ellos, limitándose al anuncio del mismo que hizo el ministro del Interior, Juan Cristo, en las distintas reuniones que tuvo con parlamentarios de los distintos partidos para anunciar el paquete legislativo gubernamental en esta tercera legislatura.

Reforma política

El ministro del Interior radicó el pasado 24 de septiembre un proyecto de reforma política electoral, en el que se recoge buena parte del texto que se hundió en la primera legislatura después de superar la primera vuelta, debido a que se quedó sin respaldo porque en el trámite se desnaturalizó el espíritu del mismo, como lo señalaron incluso voces en la coalición en la Alianza Verde, porque se incluyeron temas como que los congresistas renunciaran y al día siguiente pudieran entrar al gobierno, por ejemplo, como ministros.

La reforma contempla reconocer personería jurídica como movimiento político a aquellas organizaciones que demuestren tener una base de afiliados de al menos el 0,2% del censo electoral. Así mismo, la financiación estatal 100% de las campañas. Igualmente prevé que listas serán cerradas.

Un aspecto novedoso que presenta el Gobierno en su reforma política es que modifica la forma como se eligen los magistrados del CNE, a cargo del Congreso hoy, pues la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema seleccionarán de una lista de elegibles a tres aspirantes cada uno.

No obstante, hay dos aspectos que han generado polémica y que son calificados como micos en este proyecto: uno, que acabaría la muerte política definitiva de los congresistas; y otro, que los actuales partidos con personería jurídica no tendrían necesidad de refrendar por los resultados que alcancen en los comicios del 2026.

No obstante, es incierto el futuro de este proyecto porque hay voces en distintos partidos que señalan que es tarde para una reforma política a 17 meses de las elecciones parlamentarias.

Reforma tributaria

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó el pasado 10 de septiembre un proyecto de reforma tributaria, que la Casa de Nariño llama ‘Ley de Financiamiento’, una iniciativa que no estaba en las cuentas del Gobierno, pero que optó por presentarla debido a que el Presupuesto General de la Nación para 2025 está de financiado en $12 billones.

De entrada, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, dejó en claro al Gobierno que no debe supeditar el monto del presupuesto que tasó en $523 billones a que el Congreso apruebe la reforma tributaria por $12 billones.

Finalmente, las comisiones económicas no aprobaron el Presupuesto del próximo año, por lo que en un hecho inusual el presidente Petro lo expedirá por decreto.

Mientras tanto, la reforma tributaria espera debate; sin embargo, las expectativas sobre que salga bien librada no son muchas, teniendo en cuenta que no hay ambiente para su trámite por el difícil momento de la economía nacional y por la forma como el Gobierno trató de usarla como tabla de salvación del Presupuesto General del 2025.

Incluso, la reforma tributaria ha recibido críticas porque incluye en el articulado el pago a las empresas por el saldo de la deuda por opción tarifaria, estimada en $2,7 billones, para lo cual el Gobierno había anunciado que presentaría un proyecto exclusivamente con ese propósito.

Los proyectos que tocaba

El Gobierno ha radicado en esta legislatura varios proyectos que no son de iniciativa, sino que corresponden al ordenamiento para el funcionamiento del Estado, como el citado anteriormente Presupuesto General de la Nación del 2025, que lo hundió el Congreso porque estaba desfinanciado.

Igualmente, presentó el proyecto de Presupuesto de Regalías 2025-2026 por $30,9 billones. Empero, hay críticas en el Congreso porque es inferior al de la vigencia 2023- 2024 por $31,3 billones.

Desde la oposición política se ha indicado que este menor presupuesto bianual de regalías es consecuencia de la política de hidrocarburos del Gobierno, pues se ha negado a expedir licencias de exploración en petróleo y gas porque quiere desestimular el uso de combustibles fósiles.

El pasado 27 de agosto, el Gobierno radicó el proyecto que reglamenta la Jurisdicción Agraria y Rural, que tiene como objetivo determinar las competencias de los jueces agrarios y el tipo de conflictos que resolverán.

Sin embargo, tampoco se trata de una nueva iniciativa, sino que le correspondía presentarla al Gobierno después de que en junio pasado el Congreso aprobara la ley estatutaria y, antes, la reforma constitucional que creó esta Jurisdicción.

En las audiencias públicas en el trámite de esta iniciativa se han escuchado críticas de gremios, como la del presidente de la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia), Jorge Bedoya, quien dijo que “con esta ley de jurisdicción agraria pretenden cambiar las funciones de los jueces de la República para la gran mayoría de procesos agrarios. Es preciso que el Congreso nos explique para qué crean una justicia agraria sí le están quitando las facultades a los jueces en procesos como la extinción de dominio, y otros más donde ahora quién va a decidir de fondo es la Agencia Nacional de Tierras (ANT)”.

Algunas iniciativas más

La Casa de Nariño ha radicado algunas iniciativas nuevas en esta legislatura, por ejemplo, para reformar la Ley 30 de Educación Superior, que se enfoca en los artículos 86 y 87 para ampliar la oferta educativa.

No obstante, hubo desencanto en el sector porque se esperaba una reforma a fondo de la ley que gobierna la educación superior.

Otras iniciativas que se podría considerar menores que ha presentado el Gobierno son para prevenir el reclutamiento de mercenarios colombianos.