Otro paquete de proyectos anunció el Gobierno para presentar en la próxima legislatura, que comienza el 20 de julio, donde insistirá en algunas iniciativas como la reforma a la salud y la ley estatutaria de educación; y sumará unas nuevas, como la de justicia. Sin embargo, distintos sectores políticos advierten que si se empeña en no concertar los proyectos, es probable que no salgan adelante.

El senador ‌Nicolás‌ ‌ ‌Echeverry‌, del Partido‌ ‌Conservador‌, dijo a EL NUEVO SIGLO que “el Gobierno está en todo su derecho de buscar cumplir con su Plan de Desarrollo, está en la obligación de radicar las propuestas de modificación de reforma en los diferentes aspectos en los que el país hoy tiene problemas, y el Congreso la obligación de discutirlos”.

Sin embargo, el parlamentario subrayó que “hay un saldo pedagógico y es que debería el Gobierno revisar por qué fracasaron las reformas que ellos presentaron. Fracasaron por la forma soberbia como se presentaron, la falta de concertación, la falta de respeto en las decisiones, las líneas rojas que pusieron. Porque intentaron construir como si todo estuviera destruido, y eso nos parece que no ayudó y por el contrario hizo perder mucho tiempo”.

Estatutaria de educación

La ministra de Educación, Aurora Vergara, anunció que insistirán en la ley estatutaria, después de que se hundiera al cierre de la segunda legislatura porque no alcanzó a surtir el cuarto debate en la plenaria del Senado.

“Debemos seguir insistiendo en la búsqueda de consensos que nos permitan avanzar en la construcción de una nación donde podamos convivir y construir un futuro juntos. Desde el Gobierno tenemos la voluntad de continuar el proyecto de ley estatutaria con la esperanza de consolidar un gran acuerdo nacional por la educación”, expresó la ministra.

El Gobierno radicó este proyecto, dijo, para garantizar el acceso a una educación de calidad, pertinente e incluyente, tras socializarlo en la página web del Ministerio, donde recibió aportes de ciudadanos, organizaciones e instituciones de educación básica, media, secundaria y posmedia. También lo socializó con Fecode, el sindicato de maestros al servicio del Estado.

Esta iniciativa superó sin dificultades los dos primeros debates en Cámara; sin embargo, en la Comisión Séptima del Senado comenzaron los problemas, porque las bancadas de oposición e independientes consideraron que, entre otros, desconocía el papel de los privados en un sistema que es mixto. En ello coincidió la Ascún (Asociación Colombiana de Universidades).

Producto de una enmienda que plantearon la oposición y los independientes con ajustes al proyecto, y que aceptó la ministra, superó el tercer debate en Senado con la inclusión de aspectos como la evaluación a los docentes y la educación terciaria. Pero esto motivó el disgusto de Fecode, al punto que se fue a paro exigiendo el retiro de la iniciativa.

De cara al nuevo proyecto, todos los sectores políticos piden ser escuchados para la redacción del texto, así como la Ascún espera lo mismo en representación de las universidades privadas.

Reforma de salud

El ministro Guillermo Jaramillo dijo el pasado jueves que tienen listo un nuevo proyecto de reforma de salud: “Hemos logrado un consenso significativo con las EPS”. Agregó que “ahora, lo único que falta es explicar claramente estos consensos a los territorios y finalizar las discusiones con el Congreso”. 

La Comisión Séptima del Senado en abril pasado aprobó la ponencia de archivo de la reforma, poniendo punto final a una controversia que se extendió por 14 meses, ya que desde el mismo momento en que el Gobierno dio a conocer el proyecto, distintas fuerzas políticas, sectores de la salud y otros campos manifestaron reparos por los fuertes cambios que proponía, pues sostuvieron que ponía en peligro el sistema.

Sin embargo, el Gobierno no dio su brazo a torcer tras el hundimiento de la reforma. Primero anunció que vía decretos realizaría ajustes al sistema, pero luego sostuvo que presentaría un nuevo proyecto, tras lograr un acuerdo con seis EPS y los gremios Acemi y Gestarsalud.

El nuevo proyecto se enfoca en la transformación de las EPS en gestoras de salud, la conformación de redes integrales de servicios y mejorar la atención primaria. 

Esta iniciativa sería radicada en la próxima legislatura, posiblemente después de septiembre; sin embargo, las distintas fuerzas políticas están a la espera de que antes el Gobierno socialice el texto, para que no se repita lo ocurrido con el primer proyecto, que finalmente llevó a que se hundiera por falta de consenso.

Los partidos de oposición e independientes están de acuerdo con una reforma a la salud que haga mejoras al sistema, pero que no lo cambie de raíz, como pretende el Gobierno. También abogan porque se mantenga la participación privada en un sistema mixto y por ende no se dé un giro hacia su estatización.

Proyectos de justicia

En su cuarta sesión, la comisión de expertos para la reforma a la justicia deliberó sobre dos borradores de proyectos para presentarlos al Congreso el 20 de julio venidero. 

“Estoy convencido de que el 20 de julio lograremos presentar un robusto paquete de varios proyectos de ley bien explicados y socializados al Congreso de la República”, señaló el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

El Gobierno quiso construir esta reforma con una comisión de 40 expertos, como magistrados y jueces, presidentes de sindicatos de la justicia y de la Procuraduría, personas de la sociedad civil con experiencia en la justicia y representantes de las altas cortes.

Llama la atención que en esta comisión no hay congresistas ni representantes de los partidos que, si estuvieran, ello podría ser útil para construir consensos de cara a la discusión en el Congreso de los proyectos de reforma a la justicia. Más teniendo en cuenta que entre los temas que se tocarían estaría una reforma a la Procuraduría, que no ven con buenos ojos el Centro Democrático y Cambio Radical.
 

Otras iniciativas

° Ley de servicios públicos

El propósito del Gobierno es radicar este año la reforma a la Ley 142 de 1994 (de servicios públicos), con cambios en la conformación de las comisiones de regulación y ajustar las tarifas, entre otros. Por las implicaciones en un sector sensible y donde se mueven tantos intereses, este proyecto generará fuerte discusión. El Ejecutivo viene trabajando en el texto, pero hasta ahora no lo ha compartido con los partidos políticos.

° Código Minero

El presidente Petro dijo desde diciembre de 2022 que el Código Minero “hay que reformarlo, no nos sirve (…) El Estado ya no debe priorizar la gran multinacional minera; el Estado debe priorizar al pequeño minero tradicional, a la pequeña minera tradicional”.

En marzo pasado, el Ministerio de Minas publicó un borrador de lo que sería este proyecto, denominado "Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida". 

Sin embargo, el Gobierno no ha conversado con las distintas fuerzas políticas sobre los alcances de esta iniciativa, que entre otras hace la definición de minería formal e informal. 

° Tarifas de energía eléctrica

Desde enero de 2023 el Gobierno anunció que tomaría medidas para reducir las tarifas de energía, que son incluso más altas en el Caribe. En este propósito logró hace unos días un acuerdo con siete empresas en distintas regiones para reducirlas hasta en 20 %. 

Como parte de ese convenio el Ejecutivo se comprometió a presentar este 20 de julio un proyecto que permite al Estado asumir el pago de los saldos de la opción tarifaria, que crecieron por los beneficios a los usuarios en la pandemia.

Los partidos tampoco han sido enterados sobre los detalles de esta iniciativa.

° Prohibición del 'fracking'

El Ministerio de Ambiente anunció que insistirá en la  entrante legislatura en el proyecto que prohíbe el 'fracking', que se hundió en la Comisión Quinta de la Cámara porque no le dio tercer debate.

A pesar de que la iniciativa fue radicada con la firma de 80 congresistas, no hay pleno consenso, porque hay quienes sostienen que la práctica se puede hacer de manera segura sin afectar el ambiente y sí con grandes beneficios económicos por la explotación de petróleo y gas.

Otros proyectos que radicaría la Casa de Nariño en la tercera legislatura son reforma al sistema de vigencias futuras, uno para flexibilizar la regla fiscal y otro para reformar el Sistema General de Participaciones.