Quedó lista la ponencia para el primer debate del proyecto de ley de sometimiento colectivo de los grupos criminales de alto impacto a la justicia, en el escenario de la política de paz del Gobierno. El texto que presentó el Ministerio tuvo varios ajustes recogiendo las recomendaciones del Consejo Superior de Política Criminal, así como frente a las preocupaciones que manifestó el fiscal General Francisco Barbosa. Los ponentes aseguran que no habrá excarcelación masiva.

El senador Ariel Ávila, coordinador ponente, indicó: “para los que ya están en cárcel se mantienen los 4 años de pena supervisada, pero ya no 8, sino tendrá que haber pasado 10 años en cárcel. Y su excarcelación, si contribuyen en todo, en el mejor de los casos será en 2 años: un año o año y medio a que se firme acta de sujeción colectiva; y un año más donde la Fiscalía va a supervisar que cumplen. Y ahí sí se hará la excarcelación”.

En ese sentido, el Parlamentario de la Alianza Verde sostuvo que: “no va a haber excarcelaciones masivas”.

Agregó, además, que: “para los rasos es lo mismo, siguen en cárcel y lo que se hace es que tienen que durar seis meses en pena supervisada dentro de la cárcel si colaboran y salen el proceso de reinserción. Eso quedó, supremamente claro”.

También en la ponencia se aclaró lo que comprende las etapas del proceso. En este punto el fiscal Barbosa, igualmente, manifestó su preocupación.

“Se separaron, claramente las etapas de este proceso, el proceso de acercamiento y conversación liderado por el Comisionado (para la Paz), el proceso o la etapa de procesamiento liderada por la Fiscalía y la etapa de pena restaurativa liderada por la Fiscalía y por el Ministerio de Justicia”, detalló Ávila.

Agregó que la ley de sometimiento aplica a los grupos criminales, no a las guerrillas. Además, indicó que: “Se estableció la diferenciación entre grupos armados rebeldes y grupos criminales de alto impacto, es decir, se ratifica que no hay ningún tipo de reconocimiento político tal y como se había pedido, entre otras cosas”.

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Uno de los puntos más controversiales para la Fiscalía de esta iniciativa del gobierno Petro, es que los integrantes de estos grupos que se sometan de manera colectiva a la justicia podrán quedarse hasta con el 6 % de los bienes mal habidos que entreguen, hasta por un valor de 10 mil salarios mínimos.

“Lo de los bienes quedó anclado a la ley de extinción de dominio del 2014, se mantiene el 94 % de los bienes entregados de forma temprana, van al Estado para reparar víctimas y hasta el 6 % se puede retribuir a la persona que entrega esos bienes, pero bajo ninguna circunstancia más allá de los mil salarios mínimos”, detalló el senador Ariel Ávila.

Reparos de la Fiscalía

El fiscal Barbosa ha rechazado de antemano varios aspectos del proyecto de ley de sometimiento porque dice que: “en aras de la paz no se puede dejar de aplicar justicia”.

En ese sentido, señaló que la Fiscalía en su integridad debe asumir la investigación y ejercer la acción penal sobre las personas que manifiesten su voluntad de sometimiento, y no debería limitarse este ejercicio a la Unidad Especial de Investigación (UEI).

Del mismo modo, la Fiscalía hizo reparos a los topes en extinción de dominio. “Los bienes afectados con medidas cautelares, que estén vinculados a procesos ante los jueces o a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) no pueden hacer parte de las negociaciones de las organizaciones criminales. De esta manera, debe garantizarse que presenten bienes que no estén afectados”, señaló el organismo.

Comunica, de igual manera que la aplicación total del principio de oportunidad, entendida como inmunidad penal, se debe otorgar luego de que el aspirante a este mecanismo cumpla todos sus compromisos de verdad y colaboración efectiva.

Así mismo, la Fiscalía pide respeto por el principio de cosa juzgada para no dar espacio a que se modifiquen o alteren sentencias que están en firme. Menciona: “Van a darse sentencias colectivas, pero dice el proyecto que si aparecen nuevos hechos atribuibles a personas que están en la sentencia, se abre la sentencia y se incluye el hecho atribuible”.