Tras confirmar la semana pasada en segunda instancia la Contraloría General de la República su fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones contra 26 personas, naturales y jurídicas, por los sobrecostos y demoras en la construcción de Hidroituango, ayer este órgano de control remitió el fallo al Consejo de Estado para que haga el respectivo control automático de legalidad. 

Se espera que ante el contencioso administrativo los afectados con la sanción impugnen, entre ellos el exgobernador de Antioquia y actual precandidato presidencial, Sergio Fajardo.

El Consejo de Estado ha explicado que el control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal se ejerce sobre decisiones que son actos administrativos de contenido particular. “Las personas condenadas en dichos actos tienen derecho a impugnarlos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y a solicitar el restablecimiento de sus derechos y la reparación de los perjuicios, causados con los mismos”, indica el alto Tribunal. 

La Contraloría General confirmó el fallo por responsabilidad fiscal contra 26 personas naturales y jurídicas (funcionarios y contratistas), a título de culpa grave por las demoras y sobrecostos en la construcción de la megaobra.

Se ratificó, asimismo, el monto del daño fiscal por $4,3 billones, representados en $3,1 billones por la destrucción del valor de la inversión del proyecto y $1,2 billones, aproximadamente, por concepto de lucro cesante.

Sin embargo, contrario a lo estimado por la primera instancia, la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría consideró que era necesario declarar como tercero civilmente responsable a la aseguradora Mapfre Seguros Generales, con miras a hacer efectiva la póliza todo riesgo suscrita con su contratante.

Entre los 26 responsables fiscalmente por estos hechos, de acuerdo con el fallo de la Contraloría, están los exgobernadores de Antioquia, que como tal hicieron parte de la junta directiva de Hidroituango, Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos; así como el exalcalde de Medellín, Fabio Alonso Salazar.

Piden mantener independencia

De otra parte, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, puso de manifiesto cómo hoy las entidades fiscalizadoras superiores del mundo afrontan grandes desafíos, debido a los ataques que vienen enfrentando.

Al instalar ayer en Cartagena la Cumbre de Contralorías y Tribunales de Cuentas de Latinoamérica y el Caribe, Córdoba puso como ejemplo algunos casos como que en Ecuador incendiaron los expedientes de la Contraloría para que sus investigaciones no pudieran seguir su curso; agregó que en Chile hoy un candidato presidencial que lidera las encuestas propone eliminar la Contraloría; y en Brasil, el presidente del Tribunal de Cuentas recibió amenazas contra su integridad antes, durante y después de realizar la auditoría a las cuentas del Estado.  

Abogó Córdoba por preservar la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores y dijo que la Contraloría en Colombia afronta presiones de grupos de poder afectados por decisiones.

Córdoba Larrarte dijo que “sabemos que nuestra función no es del agrado de quienes actúan trasgrediendo las leyes con el objetivo de apropiarse de los recursos de los colombianos; sin embargo, no nos preocupa porque la Contraloría General de la República de Colombia no es Felipe Córdoba, es una entidad con una tradición de casi 100 años, técnica y con funcionarios de gran experiencia e idoneidad”.  

Añadió que “nuestro trabajo es fundamental en el desarrollo de nuestros países, pero sobre todo como soporte de nuestras democracias, ante las amenazas permanentes y sistemáticas por tratar de acabar con las entidades fiscalizadoras superiores”.  

Consideró el jefe del organismo de control que se debe reivindicar y hacer honor al principal atributo de las entidades fiscalizadoras del continente iberoamericano: su independencia.

Recalcó Córdoba que “para la Contraloría General de la República de Colombia, la independencia de nuestras entidades fiscalizadoras superiores -proclamada y demostrada con creces- constituye un pilar esencial.  Así lo postula la Declaración de México de la Intosai. Esta independencia es condición fundamental para salvaguardar los recursos públicos que se destinan a garantizar las demandas sociales de nuestras naciones”.

Así mismo, el Contralor expuso ante los órganos de control de Latinoamérica y el Caribe algunos logros y beneficios que ha traído la aplicación del control preventivo y participativo en el país, con la adopción de las nuevas tecnologías de la información para realizar vigilancia permanente y en tiempo real desde la fuente y uso de recursos.  

Reveló, por ejemplo, que llegan a 5.500 millones de dólares los ahorros obtenidos con la aplicación del control preventivo y concomitante. El modelo de control fiscal anterior solamente recuperaba $750 mil millones al año, recordó.