Se anunciaron las primeras demandas ante la Corte Constitucional al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, del cual fue aprobada la conciliación por las plenarias de la Cámara y el Senado en la madrugada de ayer. Sectores de la oposición señalan que hubo falencias en el trámite, como que no se publicó la conciliación; además, que varias disposiciones serían abiertamente inconstitucionales.

El representante por Santander Óscar Villamizar, integrante del partido Centro Democrático, anunció que "demandaré por inconstitucionalidad el Plan Nacional de Desarrollo, por vicio en el trámite, incumplir el procedimiento, no permitir el debate y propiciar la expropiación".

Por su parte el senador y presidente del Directorio Nacional Conservador (DNC), Efraín Cepeda, manifestó su preocupación porque en el artículo en que se autoriza al Gobierno la compra exprés de tierra, con el propósito de la reforma agraria para beneficiar a campesinos pobres, podría propiciarse la expropiación.

"Pedimos a la Corte Constitucional revise con lupa el Artículo 55 convertido en 61 en la ponencia del Plan Nacional de Desarrollo. Allí podría existir una figura de expropiación que pondría en riesgo la propiedad privada en nuestro campo colombiano. Acompañamos este PND, pero quedamos con preocupación sobre este tema", subrayó el senador Cepeda.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, dijo que en el Plan de Desarrollo se aprobaron “muchísimas cosas graves para Colombia, tal vez la más grave el hecho de que quieran subir los avalúos catastrales, igualarlos a los comerciales. Eso significa que los prediales de todos los colombianos se van a disparar y que muchos colombianos de clase media que no estaban declarando renta, van a terminar pagando renta”. 

Agregó la parlamentaria caucana que “metieron un ‘micazo’, que ni siquiera dejaron discutir, que fue que cuando usted no quiere vender su tierra y el Estado se la quiere comprar, entonces va a entrar a evaluar si usted la tiene bien explotada”. 

Dijo también que "avanzaron cosas de monopolio superantipáticas, como que todo el Estado se tiene que afiliar a Positiva, rompiendo el régimen de las empresas comerciales e industriales del Estado y creando un monopolio a favor del Estado”. 

Señaló Valencia que “pasaron cosas que son increíbles, como que les vayan a entregar las zonas de reserva forestal por 30 años a los campesinos. Y pasó que les van a poner un impuesto del 6 % a las energías limpias, es decir, por encima del impuesto del carbón, para acabar con la producción de energías limpias en nuestro país”. 

Anunció la senadora uribista que “vamos a demandar el Plan y está fácil demandarlo. Primero porque no lo publicaron, la realidad es que empezaron a decir que ya estaba publicado, pero nunca apareció en la página. De manera que faltó el requisito de publicidad”. 

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Agregó que “las proposiciones no las dejaron presentar, pero lo más grave es que votaron los artículos con proposiciones avaladas que nadie conocía. Esas proposiciones avaladas las admitió el Gobierno, las avaló, las votaron y jamás fueron ni siquiera leídas ni discutidas. Eso es totalmente inconstitucional. Estamos seguros de que este Plan se cae”.

Por su parte, la senadora Paola Holguín indicó que “voté al igual que mi partido el Centro Democratico de forma negativa la conciliación del Plan Nacional de Desarrollo. Seguramente vendrán muchas demandas por la manera en que se surtió el proceso”.

Mientras que el senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, dijo que “desafortunadamente fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo con muchos artículos inconvenientes para los colombianos: van aumentar el costo de vida, van a tener un efecto inflacionario, van a profundizar la incertidumbre, van a golpear el empleo y el sector productivo, van a desacelerar el crecimiento económico, aumentando la pobreza”.

Añadió que en el texto aprobado hay disposiciones incoherentes propiciadas por el Gobierno, “por ejemplo después de haber sido negado en el Senado, incluyeron en la conciliación un artículo que pretende subirle la contribución, es decir, el impuesto, a las energías renovables, o sea, a las energías limpias, a las energías eólicas, solares, del 1 % al 6 %, incluso más que el porcentaje que hoy paga el petróleo”.

El legislador anticipó que “ahora vamos a demandar el Plan Nacional de Desarrollo ante la Corte Constitucional porque, además de ser inconveniente, fue tramitado irregularmente”.

Reacción del presidente

El presidente Petro destacó la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por el Congreso de la República y dijo que con ello comienza de lleno su gobierno.

“El Congreso de la República ha aprobado el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’; con mi firma se convertirá en Ley de la República y comenzará de lleno nuestro gobierno. Hasta ahora habíamos gobernado con el Plan de (Iván) Duque. Gracias a los senadores y representantes”, señaló el jefe de Estado.

Por su parte el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señaló que “el Plan de Desarrollo es la carta de navegación de un gobierno; se organiza precisamente iniciando para poder decir qué es lo que se va a hacer en el periodo de cuatro años. En este caso los programas más importantes son los de reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad y esos son los objetivos fundamentales”.

Aspectos de la conciliación 

• Fue aprobado que el Gobierno adopte un plan de eficiencia a fin de acelerar el pago de las indemnizaciones para las víctimas del conflicto. 
• Se aprobó que los recursos de la Asignación para la Paz serán destinados a la financiación de proyectos de inversión que tengan por objeto la implementación del Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto.

• Se avaló crear el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales asociados que se constituyen en motores de deforestación.
• Las entidades estatales podrán celebrar directamente contratos hasta por la mínima cuantía con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular y comunitaria. Es uno de los artículos que produjeron más polémica, pues algunos advierten que sin los debidos controles podría abrir la puerta a la corrupción.
• La Nación y sus entidades descentralizadas podrán realizar inversiones con un mínimo del 40 % y hasta por un 70 % en proyectos de sistemas de transporte público depasajeros. Algunos parlamentarios de oposición señalaron que con esta disposición el Gobierno financiaría los sobrecostos en la primera línea del metro de Bogotá, en caso de que se acoja la iniciativa del presidente Petro de subterranizar un tramo del recorrido.
• Fue aprobado sobre acuerdos de la consulta previa que las entidades con compromisos derivados de escenarios de diálogo y concertación con minorías étnicas, incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, destinarán los recursos para su cumplimiento.
• Fue eliminado el artículo que ordenaba a las entidades implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.