De manera unánime, la Comisión Primera de Senado aprobó en tercer debate el proyecto que establece un término de seis meses para que la Fiscalía General defina si se formulan cargos o, de lo contrario, archiva la indagación de procesados que cometan delitos en contra de menores de edad en el país.

Asimismo, la iniciativa liderada por la congresista Esperanza Andrade (Partido Conservador) instaura la creación de una Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados cometidos contra la Infancia y la Adolescencia, que será operada con equipos técnicos y profesionales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para desarrollar el programa metodológico trazado por el ente acusador.

Además del CTI, otras entidades que tendrán su participación en esta unidad serán la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), al igual que las Consejerías Presidenciales para la Niñez, la Equidad de la Mujer, Derechos Humanos y Asuntos Internacionales.

“Deseo enviar un mensaje de tranquilidad a los compañeros ya que podemos mejorar el texto para el siguiente debate. Agradezco el apoyo al PL, ya que la sociedad espera que los delitos de alto impacto tengan un tratamiento diferencial”, sostuvo el representante Gabriel Vallejo (Centro Democrático), ponente de la iniciativa que estuvo durante el debate.

Aspectos jurídicos

Según la ponencia, se pretende modificar el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, de tal manera que la Fiscalía tendrá un plazo de 90 días, desde el momento de la imputación de cargos, para formular la acusación o solicitar la preclusión del investigado. En caso de que sean tres o más procesados, o incurra en concurso de delitos, el ente acusador tendrá 120 días para tomar dicha decisión.

En cuanto a las audiencias judiciales, la norma establece que el juicio preparatorio deberá realizarse 45 días después de la formulación de acusación; mientras que la audiencia de juicio oral tendrá el mismo plazo frente a la conclusión de la audiencia preparatoria.

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“La Fiscalía tendrá un término máximo de dos años contados a partir de la recepción de la noticia para formular imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación. Este término máximo será de tres años cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados. Cuando se trate de investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces penales del circuito especializado el término máximo será de cinco años”, menciona.

De llegar a tener vencimiento de términos, la ponencia dice que se relevará al fiscal del caso por otro funcionario, que será escogido por la terna del ente acusador en tres días hábiles, y este tendrá un plazo de 60 días para resolver el caso.

Financiamiento de la unidad

Por otra parte, el proyecto menciona que la financiación de la Unidad Especial saldrá de un porcentaje razonable en el Presupuesto General de la Nación, aunque no descarta que las cooperaciones internacionales también den sus aportes a estas labores de investigación.

“Este porcentaje variará positiva o negativamente conforme a los resultados obtenidos en las labores de la unidad y el impacto que tengan en la administración de justicia, para lo cual anualmente se hará la calificación de este elemento”, se lee en el documento.

Oposiciones al proyecto

En medio de la discusión, el senador Temístocles Ortega consideró que “el texto es inconveniente ya que va en contra de la lucha de los delitos sexuales donde las víctimas son menores”; señaló que con la aprobación de la normativa “se dejará a la niñez sin la prerrogativa de un término prudente para la investigación de la conducta”, explicó.

Por su parte, el senador Alexánder López resaltó que “no podemos reducir términos a los fiscales cuando conocen hasta 2.500 procesos sobre estos delitos”. Igualmente, el delegado del Ministerio de Justicia, Miguel González, advirtió que “el Consejo Superior de Política Criminal emitió un concepto donde expresó que no es conveniente reducir los términos ante el numeroso volumen de procesos que maneja cada fiscal”.

Ahora el proyecto tendrá su último debate en la Plenaria de Senado; de llegar a ser aprobado, pasará a conciliación entre los congresistas y será sancionado por el Presidente de la República.