El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que pretende fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana en el país, el cual contempla castigos a quienes cometan todo tipo de hurto y a quienes reincidan en su actuar criminal.

Con 38 votos por el sí y 11 por el no, se aprobó el título 1 y 2 del informe de la subcomisión accidental sobre el articulado con las proposiciones no avaladas para el proyecto de ley.

Pese a que el proyecto generó bastante expectativa, lo cierto es que en su primer y tercer debate en las comisiones Primeras de Senado y Cámara hubo cierta división sobre el objetivo principal de esta proposición, así como algunos puntos como la protesta social y la falta de elementos preventivos en el Código Penal.

Uno de los representantes que estuvo en contra fue Luis Alberto Albán, quien quería archivar el proyecto, argumentando que el debate no se trata de un tema de “percepción” sino que es una realidad que no solo se centra en el área urbana sino en las zonas rurales.

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“Reconozco que en efecto existe un problema de inseguridad en el país, pero las cifras van en aumento. Como se ha advertido, los asesinatos a líderes sociales y el incumplimiento de los acuerdos de paz han traído consigo consecuencias que agravan situaciones socioeconómicas ya instauradas en las zonas apartadas del país”, explicó.

A su vez, la representante Juanita Goebertus (Alianza Verde) expresó que la iniciativa no ha contado con el tiempo suficiente para dar un debate profundo, por lo que considera que la proposición tiene como eje transversal un enfoque de populismo punitivo.

“El proyecto de ley de seguridad ciudadana del Gobierno, tramitado a patadas, no mejora la seguridad, es una muestra de populismo punitivo, criminaliza la protesta social y genera un riesgo inmenso de aumento de abusos policiales y justicia por mano propia”, expresó.