Con ponencia negativa, preparada por los senadores Jorge Enrique Robledo, de Dignidad, y Jorge Eduardo Londoño, de Alianza Verde, este miércoles a partir de las 9 a.m. las comisiones quintas de Senado y Cámara tienen previsto darle primer y tercer debates conjuntos al texto sobre transición energética.
Se trata del proyecto de ley 365 de 2020 Senado – 565 de 2021 Cámara que busca modificar y adicionar la normativa referente a la utilización de las fuentes no convencionales de energía para robustecer el sector energético contribuyendo a la reactivación económica y al fortalecimiento de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible.
Ponencias
Si las comisiones niegan la ponencia negativa se procederá a considerar la positiva, radicada el 18 de mayo por los senadores José David Name (La U), Nora García (Partido Conservador), Alejandro Corrales (Centro Democrático) y Didier Lobo (Cambio Radical), así como por los representantes José Edilberto Caicedo (La U), Edwin Ballesteros (Centro Democrático) y Óscar Camilo Arango (Cambio Radical).
Al proponer el archivo de la iniciativa, los senadores Robledo y Londoño expresaron que “aún existen importantes aspectos del proyecto que deben ser valorados y discutidos ampliamente, que merecen mayor tiempo para conseguir consensos por sus impactos sobre el funcionamiento ordinario de los servicios públicos y los fondos existentes para tal fin, entre otros aspectos”.
“Por lo anterior, y por considerar que es un proyecto que podría tramitarse en debates ordinarios en comisiones y plenarias, es que no acompañamos la ponencia mayoritaria”, anotaron.
Para ellos, “aunque el proyecto de ley tenga la intención de enfrentar la crisis climática y adelantar una transición energética, es necesaria una discusión amplia con académicos, organizaciones, comunidades y ciudadanía para definir las metas y principios básicos de esta transición con el fin de que sea” efectiva, democrática, justa, transformadora, respetuosa de los derechos humanos y libertades fundamentales y coherente.
Hidrógeno
Tras plantear que les “desconcierta la falta de debate y fundamento para habilitar la entrada de nuevas tecnologías a la matriz energética en el país”, algunas de las cuales “siguen dependiendo de combustibles fósiles, como es el caso del hidrógeno azul”, Robledo y Londoño señalaron que “la transición energética requiere un gran acuerdo nacional entre el sector industrial, ambiental, empresarial y gubernamental de Colombia, así como un acompañamiento de la academia, lo cual no incorpora este proyecto de ley”.
“Aunque en términos climáticos la promoción de energías renovables es deseable, no es una medida suficiente para lograr los objetivos climáticos del Acuerdo de París. Las energías renovables deben reemplazar las energías basadas en combustibles fósiles, y promover cambios económicos, políticos y culturales que conduzcan a la sustentabilidad, preferiblemente en un tiempo definido. El proyecto parece estimular un nuevo mercado de energías renovables (e incluir dentro de esta categoría algunas de origen no renovable, como el hidrógeno azul), pero sin mecanismos reales que conduzcan a la mitigación y adaptación al cambio climático, así como a formas de vida y economías sustentables”, precisaron.
Al abordar este asunto, en la exposición de motivos de la ponencia mayoritaria los congresistas que la suscribieron aseguraron que “en términos generales, el hidrógeno tiene características para proporcionar energía segura, económicamente competitiva y libre de emisiones de dióxido de carbono (CO2). El hidrógeno no se considera una fuente de energía primaria como los combustibles fósiles o las energías solar, hidráulica o eólica sino como un medio para almacenar y transportar energía; es decir, un vector energético. Es el vector energético más abundante del mundo”.
Tras anotar que “el hidrógeno se perfila como el combustible del futuro”, los ponentes expusieron que “este despliegue e incremento en las inversiones en hidrógeno es la respuesta a los compromisos gubernamentales de descarbonización profunda”.
Resaltando cómo “el agua es, pues, la única fuente de hidrógeno inagotable y libre de emisiones de gases de efecto invernadero”, que “es lo que se conoce como hidrógeno verde”, los legisladores señalaron que “el hidrógeno se puede producir comercialmente mediante distintos procesos, la mayoría de los cuales implican la extracción de la parte ‘hidro’ de los hidrocarburos. El método más común y económico es el reformado con vapor, en el cual el gas natural (metano, CH4) se hace reaccionar con vapor de agua para liberar el hidrógeno”, proceso que “inevitablemente produce emisiones de CO2” y cuyo resultado “se conoce como hidrógeno azul”.
Debate
El senador Name, quien radicó el proyecto el 27 de noviembre junto a sus colegas García, Lobo y Corrales, explicó que, “ante el desafío que tenemos como país de seguir avanzando en la transición hacia fuentes más limpias y responsables con el medio ambiente, se hace necesario que todos trabajemos en sintonía para definir un marco legislativo que catapulte la revolución energética en Colombia”, anotando que “en este camino es preciso redoblar esfuerzos y conocer la posición de todos los sectores para seguir progresando en la transición” y que es necesario apuntar a “cumplir las metas del Acuerdo de París”.
Sin embargo, el proyecto, a juicio de Robledo y Londoño, “incluye grandes reformas adicionales, que pueden impactar en temas que sobrepasan el aspecto de transición energética”, como es el caso de la creación del Fondo Único de Soluciones Energéticas (Fonenergía) que hacía parte de la recientemente malograda reforma tributaria. “Se argumenta la importancia de unificar los fondos para administrar centralizadamente y que se utilicen efectivamente para los fines propuestos. No queda claro cómo la unificación permita garantizar esto, dado que los fondos tienen una norma clara y un propósito específico, que debería cumplirse así sean fondos distintos”, comentaron.
“El propósito de la reactivación económica y el sentido de la urgencia para abordar la crisis climática no pueden ser usados como motivos para vulnerar derechos a la participación a costa de garantizar seguridad energética”, consideraron Robledo y Londoño, a quienes les “preocupa la declaratoria de utilidad pública” cuyo alcance se extiende “a producción, utilización, almacenamiento, administración, operación y mantenimiento de las fuentes no convencionales de energía”; además, “el licenciamiento ambiental de estos proyectos sería (...) uno de los más perjudicados al desmontar las exigencias actuales por la declaratoria”.