LAS ASOCIACIONES del sector salud continúan presentando reparos al nuevo texto de la reforma a la salud que el Gobierno nacional anunció que presentará el próximo 20 de julio al Congreso de la República. EL NUEVO SIGLO, conversó con Denis Silva, director de la Asociación Pacientes Colombia quién aseguró:

“Nosotros estamos conscientes que el sistema hay que transformarlo, debe avanzar, y no puede excluir a ningún colombiano que requiere servicios de salud. Pero estamos repitiendo exactamente los mismos errores del 2023 cuando el gobierno se negó a consensuar con los distintos agentes del sistema de salud o actores del sector sobre la reforma, argumentando que esta la consensuó con seis o siete EPS. Y el resto de los agentes no cuentan, porque a nosotros no nos han llamado a socializar el texto”.

Agregó que “este gobierno se caracteriza por excluir a los agentes del sistema de salud, las EPS son una parte del ecosistema de salud, pero no son las únicas con las que el gobierno tiene que hablar, concertar, consensuar, y escuchar. Ahí estamos repitiendo la misma estructura cuando hace poco el Gobierno nacional filtró a través del despacho del viceministro Luis Alberto Martínez, un borrador que es el que está socializando y que contiene la misma estructura y para ello han consultado a varias personas afines al Gobierno sin escuchar a nadie más”.

Los mismos problemas

Silva añadió que “el Gobierno, centró la propuesta en cambiar el nombre de las EPS a gestoras de salud acabando el aseguramiento y entregándole a la gestoras 7.5 billones de pesos, pero esta reforma no resuelve todos los problemas, pareciera que al presidente Petro lo único que le interesa es tener el control de los recursos del sistema y tener a alguien que le ayude medianamente a articular el sistema porque analizando la socialización con las EPS, no tienen una sola función que sea vinculante a todas las funciones estas entidades, no se puede provocar una crisis en el sector para afirmar que es necesaria una reforma”.

Además, dijo que “frente a esas funciones, tampoco especifica qué acciones van a ser compartidas con otros agentes ni cómo vamos a resolver y a acortar las brechas sociales entre lo urbano y lo rural, no dice el modelo preventivo como lo vamos a sostener. No habla en ninguna manera, como el derecho a la salud va a ser progresivo para aquellas personas que hoy no lo tienen, entonces, es una reforma en la que copiaron y pegaron lo que negociaron con la EPS”.

Sistema en picada

Este es otro de los aspectos analizados y sobre el cual Silva manifestó que “aquí estamos a muy pocos días, la verdad, para que se empiece a ver una crisis en la salud mucho más seria de lo que está ahora que se podría hacer en ese aspecto. Yo creo que existen tres circunstancias fundamentales; debemos hacer un cálculo real y efectivo del valor de la UPC y su eficacia; Además el Gobierno nacional debe cumplir con su papel como está en la Ley Estatutaria de la salud como Derecho Fundamental porque tampoco las EPS tienen líneas de comunicación efectivas para que el ciudadano tramite cancelación de citas al no poder asistir”.

Del mismo modo, indicó que “tenemos que evitar que los medicamentos para pacientes con graves patologías se venzan sin que lleguen a sus manos, porque no los reciben a tiempo o por una escasez que en muchas ocasiones causa el fallecimiento de quien debe recibirlos para mejorar su calidad de vida”.

“Así mismo, tenemos que enfatizar en los traumatismos que generan los cambios de pacientes entre IPS, porque el historial clínico y médico no se puede continuar de una institución a la otra. Entonces eso aumenta los costos y el paciente debe retomar el tratamiento desde el principio, con exámenes médicos que ya se había practicado anteriormente, estas dificultades generan mucho desperdicio que nos lleva a no ser eficientes en temas de salud y nos compromete como organización a pelear para que el goce del derecho en salud, sea efectivo y progresivo”, explicó.

Manifestó que “según proyecciones de expertos en salud, las consecuencias de esta crisis de la salud es que este año las EPS estarían perdiendo cerca de 10 billones de pesos tras la determinación de la Corte Constitucional para que el Plan de Salud cubra los procedimientos quirúrgicos para retirar los biopolímeros, lo cual ponen en riesgo el sostenimiento del sistema”.