A PESAR de un consenso global sobre la fuerte crisis en el sector salud por el que atraviesa el país, diversos sectores han elevado advertencias sobre los problemas que podría significar la aprobación de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno nacional que tiene como objeto principal la reorganización total del sistema actual.
No obstante, el articulado presentado a la Cámara de Representantes llegó con múltiples críticas luego de que bancadas políticas independientes denunciaran que sus propuestas no fueron tenidas en cuenta, así como también lo hicieron asociaciones y agremiaciones médicas, quienes apuntaron que desde el Ministerio de Salud no se les tuvo en cuenta a la hora de la realización de las mesas técnicas en las que se discutió y constituyó el nuevo proyecto de ley.
Una de las principales voces que se pronunció contra esta iniciativa fue el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, quien advirtió, entre otros, que los ajustes propuestos al APC no serían los justos y podrían causar un serio problema, mayor al de la actualidad, en aspectos económicos dentro del sistema.
“Algunos estudios que se han hecho nos demuestran que el incremento de la UPC debería estar en niveles que pueden estar entre 15% o 25%. Inclusive las entidades más conservadoras están hablando entre 15% y 19%. Pues bueno, si no se aumenta la unidad por capitación en este nivel el sistema no va a alcanzar a cubrir todas las necesidades que tiene”, advirtió Mac Master.
Asimismo, el vocero agregó que el 50% del sistema de salud actualmente es operado por el Estado colombiano a través de la Superintendencia de Salud o por entidades gubernamentales. Sin embargo, luego de estas intervenciones los problemas han incrementado seriamente en la prestación del servicio, quejas por parte de los pacientes y las demoras en la atención a los pacientes.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, a través de una misiva que fue respaldada por colegios médicos del país; Assosalud; el observatorio de enfermedades huérfanas; Fenalsalud; la asociación de pacientes Colombia; entre otros, apuntaron que la aprobación de la reforma no respondería problemas estructurales en el sistema en tiempos extraordinarios, puntualizando además que primeramente se debe atender la crisis actual antes de entrar en una reforma.
“La salud es un derecho fundamental cuya garantía debe ser resultado de un debate amplio, serio y transparente. La complejidad de la reforma requiere análisis cuidadoso de sus implicaciones financieras, operativas y sociales, pues su impacto se proyecta sobre millones de personas y la reforma tal y como está planteada no soluciona los problemas de financiación del sistema, el aseguramiento operativo y en salud y además puede convertirse en el instrumento de manipulación regional y de malversación de recursos”, avisaron.