Los proyectos de reforma al Congreso, ya sea por vía de modificar la Constitución o la Ley Quinta, no tuvieron en su gran mayoría discusión en este periodo, por lo que la anunciada autorreforma nuevamente fue aplazada y ya quedaría para el próximo Legislativo que sea elegido en marzo.

A continuación un balance de este paquete de proyectos en el que varias de las iniciativas despertaron interés porque mostraban la intención de tener un mejor Congreso, pero que a la hora de la verdad no se materializó.

Entre las iniciativas radicadas está una (N.° 315/21 Cámara) que busca profesionalizar las unidades de trabajo legislativo de los congresistas, la cual fue presentada en agosto pasado pero hoy no cuenta siquiera con ponencia en la Comisión Primera de Cámara para el primer debate.

Este proyecto de ley que fue presentado por representantes a la Cámara de distintos partidos como José Eliécer Salazar López (La U), Jorge Méndez y Eloy Chichi Quintero (los dos últimos de Cambio Radical), entre otros, tiene por objeto modificar la nomenclatura de los empleos públicos de la Unidad de Trabajo Legislativo de los congresistas, sin afectar las asignaciones salariales establecidas en la Ley 5ta de 1992, con el propósito de profesionalizar estos cuerpos que apoyan el trabajo de los parlamentarios.

Adicionalmente, se pretende incluir en la Ley 5ª de 1992 los requisitos que se exigirán para cada una de las UTL, pues en la actualidad la facultad de determinar las calidades para ocupar cargos de asesores se le otorgó a la Mesa Directiva de la Cámara y de la Comisión de Administración del Senado.

Otro proyecto (115/21 Cámara) que pretende reformar las UTL fue radicado por parlamentarios del Centro Democrático, en este caso busca reducir el costo de las mismas al erario, aunque conserva el número actual de 10 integrantes.

En ese sentido, el proyecto reduce de 50 a 30 los salarios mínimos legales mensuales asignados a los congresistas para la conformación de sus unidades de trabajo legislativo, como muestra de un plan de austeridad del cuerpo colegiado.

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Sin embargo, la iniciativa no ha tenido discusión en la Comisión Primera de la Cámara, a pesar de que cuenta con ponencia positiva desde septiembre pasado para primer debate.

También en la Comisión Primera de la Cámara no ha tenido trámite un proyecto de reforma constitucional (214/21 Cámara) que pretende evitar que los congresistas dispongan de su fuero de manera arbitraria para evitar ser investigados por la Corte Suprema, y consecuentemente, escoger el ente investigador y acusador de su preferencia.

La iniciativa de los representantes a la Cámara David Racero (Lista de la Decencia), Wilmer Leal (Alianza Verde) y Jorge Alberto Gómez (Polo Democrático), establece que “en relación con los congresistas, la Corte Suprema mantendrá su competencia para investigarles y juzgarles aunque se trate de hechos ocurridos con anterioridad a su investidura, que no tengan relación con sus funciones congresionales, aunque estos renuncien a su curul de manera anticipada”.

Este proyecto de reforma constitucional se da por hundido pues ya no hay tiempo para que se tramite en los cuatro debates que se requieren para ser aprobado en primera vuelta.

En tanto que con ponencia para primer debate están pendientes en la Comisión Primera de Cámara dos proyectos de reforma constitucional que fueron acumulados: uno (31/21 Cámara) que busca crear la circunscripción especial de jóvenes en la Cámara de Representantes; en tanto que el otro (212/21 Cámara) reduce la edad requerida para ser elegido senador o representante.

Esta última iniciativa radicada por los representantes Jairo Cristancho Tarache (Centro Democrático), Jennifer Arias (Centro Democrático) y Karina Rojano (Cambio Radical), entre otros, reduciría la edad para ser senador de más de 30 años a más de 25 años. En tanto que para ser representante pasaría de más de 25 años a más de 18 años.

Sin embargo, este proyecto de reforma constitucional también se hundirá irremediablemente porque ya no hay tiempo para surtir cuatro debates de aquí al 16 de diciembre, cuando termina el primer periodo de esta legislatura.

También en la Comisión Primera de Cámara está a la espera con ponencia para primer debate un proyecto de ley (177/21 Cámara) que tiene por objeto fortalecer el acceso ciudadano a la información que se produce en el Congreso, facilitando el seguimiento al trabajo legislativo, el control político y de gestión de intereses públicos.

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La iniciativa del representante Edwing Fabián Díaz Plata (Coalición Alternativa Santandereana) establece, entre otros aspectos, que en los portales oficiales del Congreso de la República, tanto en Cámara como en Senado, se disponga de un enlace permanente en el portal de inicio que permita el acceso a la actividad congresional de una forma integrada e individual de los respectivos congresistas. La información será actualizada de forma semanal, establece la iniciativa.

Mientras que otra de las reformas constitucionales que se hundirá en este periodo por falta de debate es una (162/21) por medio de la cual se reduce el número de miembros del Congreso y se realiza una rebaja salarial. 

Esta iniciativa que fue radicada por la bancada del Partido Centro Democrático establece que el Senado estará integrado por 64 miembros elegidos en circunscripción nacional. Habrá un número adicional de un senador elegido en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas y otra de las comunidades afrodescendientes. 

En cuanto a la Cámara, el proyecto de reforma constitucional establece que habrá dos representantes por cada circunscripción territorial. Además, una curul por la circunscripción de las comunidades afrodescendientes, una por la circunscripción de las comunidades indígenas y una curul por la circunscripción internacional. 

Con respecto al salario de los congresistas, el proyecto establece que la asignación se reajustará cada año de manera proporcional al ajuste en precios constantes que se haga al salario mínimo. Agrega que este aumento salarial decretado por el Gobierno nacional podrá ser rechazado por la mayoría en cada una de las cámaras.

Por estos días una de las iniciativas de reforma del Congreso que más ha sonado es el proyecto de acto legislativo que modifica los períodos, aunque no se ha hablado tanto por sus alcances sino por las críticas de su autor, el representante Gabriel Santos, a la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias Falla, porque según él frenó su debate en la plenaria.

La iniciativa buscaba que el segundo periodo de la legislatura, que inicia el 16 de marzo y termina el 20 de junio, comenzara el 16 de febrero y finalizara el 20 de junio.

Sin embargo, ya no alcanza el tiempo para que la iniciativa se apruebe.

Solo una

El único proyecto de reforma del Congreso que ha avanzado en su trámite en el actual periodo es uno (192/20 Cámara, 196/21 Senado) que crea en el Legislativo la comisión legal para la protección integral de la infancia y la adolescencia.

La iniciativa de congresistas de Cambio Radical, y que cuenta con la firma de parlamentarios de varios partidos, fue aprobada en los dos primeros debates en Cámara y ahora será discutida en la Comisión Primera del Senado.