El Ministerio Público -Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo- le pidió al Gobierno nacional acudir ante instancias internacionales para solicitar su participación, veeduría y acompañamiento frente a la crisis migratoria y la violación de los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro que ha ocasionado el desplazamiento forzado de más de 4.700 personas que han llegado al departamento de Arauca.
Para la Procuraduría, el Gobierno venezolano “debe observar las normas del Derecho Internacional Humanitario” y respetar los derechos fundamentales de la población civil.
Y según la Defensoría, organismos como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “deben tener conocimiento de la situación de violaciones de derechos humanos en Venezuela, y lo propio del Comité Internacional de la Cruz Roja con relación a la aplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario”.
Los dos organismos que integran el Ministerio Público le pidieron al Gobierno colombiano que junto con la atención humanitaria a los desplazados se les garantice también albergue, alimentación y salud.
Además, solicitó que se realicen las pruebas para prevenir riesgos de contagio por covid-19 y un censo para establecer cuántos del los desplazados son connacionales y cuántos extranjeros.
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“Se requiere hacer un parte total de los hechos que están obligando a la población civil a desplazarse para poder salvaguardar sus vidas, siendo necesario no solo la participación y el trabajo del gobierno territorial y nacional sino también el de organismos internacionales”, dijo la procuradora general Margarita Cabello, tras destacar el apoyo que se ha recibido por parte de organizaciones como la OIM y Acnur.
La Defensoría, mientras, ha dicho que “es fundamental poner de manifiesto la gravedad de esta crisis humanitaria” que padecen cerca de cinco mil desplazados. “Según la información recaudada, la violencia que genera esta migración se enmarca en hechos constitutivos de graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario, configuradas por operaciones militares que atentan contra los principios de distinción y proporcionalidad por cuanto se habrían dirigido contra la población civil, generando un alto número de bienes y personas civiles gravemente afectadas”.
Según el Ministerio Público, de los cerca de cinco mil desplazados que han llegado a Arauquita algunos se han trasladado a otros municipios como Tame, Saravena y Arauca capital. La mitad del total de esta población son niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, y adultos mayores.
En este momento, informó la Defensoría, se encuentran concentradas de acuerdo con el último reporte del Puesto de Mando Unificado (PMU) 4.741 personas: 1.427 familias, 1.441 hombres, 1.164 mujeres, 213 adultos mayores, 1.787 menores de edad, 17 mujeres gestantes, 119 mujeres lactantes, siendo la mayoría de origen venezolano y algunos de nacionalidad colombiana.
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De igual manera estos hechos generaron la migración forzada de 39 familias (257 personas) del pueblo indígena Makaguan que habitaban la comunidad La Soledad (Venezuela); población que históricamente ha sido binacional. Desde el día el 22 de marzo esta población se encuentra concentrada en las instalaciones del Centro Educativo Indígena El Vigia, Municipio de Arauquita.
El Ministerio Público dio cuenta de que desde el pasado 21 de marzo, cuando comenzó la crisis humanitaria en la frontera, ha adelantado el acompañamiento constante y permanente así como la gestión ante las autoridades de diferentes requerimientos para que se brinde una respuesta humanitaria en alimentación, albergue y condiciones sanitarias.
Según la Defensoría del Pueblo, “la población migrante venezolana informó que tiene conocimiento de la invitación del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a retornar a su país, sin embargo, han manifestado que no responderán a ese llamado toda vez que no existen garantías de sus derechos humanos en el vecino país”.
Y concluyó: “Las comunidades migrantes claman una intervención contundente de la comunidad internacional que garantice el reconocimiento de los derechos humanos en ese país”.