El Tribunal Administrativo de Cundinamarca informó que el gobierno colombiano y la empresa Thomas Greg & Sons acordaron suspender, por 60 días hábiles, la demanda de 117.000 millones de pesos que la firma interpuso contra el Estado. La suspensión será efectiva hasta el 23 de enero de 2025, en espera de posibles negociaciones o soluciones al conflicto.
La demanda fue interpuesta en respuesta a la decisión del excanciller Álvaro Leyva, quien en 2023 declaró desierta la licitación para la expedición de pasaportes, pese a que Thomas Greg era el único oferente habilitado.
La suspensión del proceso judicial, que se extenderá por 60 días hábiles, se dio a partir de una solicitud conjunta de ambas partes. "Las partes de manera conjunta solicitaron la suspensión del proceso por el término de 60 días hábiles. De conformidad con el artículo 161.2 del C.G.P., la suspensión del proceso es procedente cuando las partes la pidan de común acuerdo", señaló el tribunal en su fallo, que establece que la suspensión será efectiva hasta el 23 de enero de 2025.
El origen de la demanda radica en la Resolución 7485 de septiembre de 2023, en la cual Leyva declaró desierta la licitación pública 011 de 2023, cuyo valor total era de 599.651 millones de pesos. Según Thomas Greg, esta decisión les causó graves perjuicios, motivo por el cual reclaman la millonaria indemnización. La empresa había sido la responsable de la expedición de pasaportes en Colombia durante los últimos años, y pese a que su contrato con el Estado fue prorrogado, la licitación para el nuevo contrato fue anulada.
La defensa del Estado, a cargo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, sostiene que la decisión de Leyva fue legal y ajustada al marco normativo, argumentando que la licitación presentada favorecía a un único oferente y restringía la competencia. En una rueda de prensa realizada en septiembre, el director de la Agencia, César Palomino, señaló que "la licitación había estado marcada por varias irregularidades en la preparación del pliego de condiciones", lo que motivó su anulación. Además, indicó que "se habían establecido requisitos técnicos que impedían la libre concurrencia de todos los oferentes en este proceso".
Con la suspensión del proceso, tanto el gobierno como Thomas Greg buscan una oportunidad para llegar a un acuerdo que podría evitar un fallo desfavorable para cualquiera de las partes. Entretanto, la empresa continuará emitiendo pasaportes en Colombia durante un periodo adicional de 11 meses, mientras se definen los términos del nuevo modelo que será implementado con la colaboración del gobierno de Portugal.
El proceso judicial se reactivará en enero de 2025, si las partes no logran una conciliación en este tiempo. Sin embargo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica ya ha manifestado su intención de defender la legalidad de las decisiones tomadas por el excanciller Leyva, señalando que no se vislumbra un escenario de conciliación inmediata. "Esta no es una licitación cualquiera. Involucra información sensible y documentación reservada", afirmó Palomino, subrayando la importancia del caso para la seguridad y transparencia en la contratación estatal.
Este es un nuevo capítulo en la controversia que ha rodeado la expedición de pasaportes en Colombia, un servicio esencial que ahora enfrenta desafíos legales y administrativos que podrían tener un impacto significativo en el país si no se logra una solución definitiva.