La crisis política en Nicaragua sigue agravándose día tras día. Las acciones del régimen de Daniel Ortega contra la oposición continúan escalándose, sobre todo con la detención de candidatos presidenciales que aspiran a rivalizar con el cuestionado jefe de gobierno en los comicios del 7 de noviembre.

El fin de semana, por ejemplo, el periodista y exdiputado Pedro Joaquín Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, fue detenido acusado de “menoscabar la soberanía de Nicaragua”, "incitar a la injerencia extranjera", "pedir intervenciones" y "aplaudir" sanciones contra Nicaragua. Todo esto con base en una ley que el gobierno Ortega aplica a opositores para ‘justificar’ su captura.

Así las cosas, se llegó a una veintena de arrestos de opositores a menos de cinco meses de las elecciones generales.

Con el exdiputado, hermano de la aspirante a la presidencia, Cristiana Chamorro, también bajo arresto domiciliario, el número de detenidos desde el 2 de junio se eleva a 20, entre ellos cinco aspirantes a la presidencia, políticos, un banquero y exguerrilleros a quienes el gobierno califica de "criminales".

Así las cosas, a menos de cinco meses de las votaciones del 7 de noviembre, la oposición aún no tiene un aspirante fuerte. Lo más grave es que la inscripción de candidaturas se hará entre el 28 de julio y el 2 de agosto, según el calendario electoral.

Pese a las presiones internacionales y las condenas de todo el mundo por las acciones de Managua, el gobierno no da su brazo a torcer. Los opositores presos no son "candidatos" ni "políticos", sino "criminales" que atentaron "contra la seguridad del país" y trataron de organizar un "golpe de Estado", dijo Ortega ante los anuncios de sanciones externas.  

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Retiran embajadores

Naciones Unidas, la OEA, Estados Unidos, la Unión Europea y gobiernos de múltiples latitudes han expresado fuertes condenas al gobierno Ortega, señalando algunos de sus voceros que hay una ruptura democrática evidente y que el régimen actúa como un gobierno de facto. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya conminó al presidente centroamericano al respecto.

De hecho, algunos países ya decidieron pasar de las condenas a medidas de mayor contundencia. Por ejemplo, los gobiernos de Argentina y México decidieron, días atrás, llamar a consultas a sus respectivos embajadores.

La semana pasada estos países tomaron la decisión ante las "preocupantes acciones" que a su juicio han puesto en riesgo a opositores en ese país.

Según un comunicado conjunto, la medida tiene por objeto "realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición".

Lo que más sorprendió de esta medida diplomática es que se trata de gobiernos con mandatarios de izquierda, como Andrés Manuel López Obrador, de México, y Alberto Fernández, argentino.

"Argentina y México se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos (...) y seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión", indicó el pronunciamiento.

Así las cosas, por ahora no se sabe cuándo volverán los embajadores llamados a consultas: Gustavo Alonso Cabrera (México) y Mateo Daniel Capitanich (Argentina).

¿Y Bogotá?

Hasta el momento el gobierno Duque se ha movido de forma muy cautelosa frente a lo que pasa en Nicaragua. En la OEA, por ejemplo, por intermedio del embajador Alejandro Ordóñez, ha acompañado todos los pronunciamientos del ente continental contra el régimen de Managua. La última resolución al respecto fue emitida el 15 de junio, con respaldo mayoritario de los países.

A nivel interno, la declaración al respecto se dio, precisamente, el pasado miércoles, 23 de junio.

“El Gobierno de Colombia destaca que uno de los principios interamericanos esenciales es la protección de la democracia, la separación de poderes, el respeto del Estado de Derecho y de los respectivos órdenes constitucionales, así como la promoción, protección, respeto y garantía de las libertades fundamentales”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Agregó que “… en virtud de ello, reitera su preocupación frente a los hechos que amenazan el ejercicio de la democracia en Nicaragua. El pueblo nicaragüense debe tener la garantía de unas elecciones transparentes y libres, en las que se evite cualquier coerción o acción que restrinja la libre participación de los diversos actores políticos”.

Tras lo anterior se indicó que en ese sentido “… el Gobierno de Colombia rechaza la detención de más de veinte líderes opositores en Nicaragua, entre ellos, 5 candidatos presidenciales, a menos de cinco meses de las elecciones programadas para el próximo 7 de noviembre. Este tipo de acciones son abiertamente contrarias a la Carta Democrática Interamericana, en particular, a lo establecido en el artículo 1º que reza así: ‘los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla, al ser esencial para su desarrollo social, político y económico”’.

La Cancillería indicó que el gobierno Duque, fiel a los principios y valores democráticos, aboga por el respeto a las libertades públicas, el derecho de la oposición nicaragüense a participar y a manifestarse electoralmente con entera libertad.

En consecuencia, se puntualizó, “apoyamos los llamados a un diálogo nacional abierto de todos los sectores en Nicaragua para garantizar la protección de la democracia y generar soluciones pacíficas y sostenibles frente a la delicada situación que se registra en el hermano país”.

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¿Un paso más drástico?

Sin embargo, dado que el gobierno Ortega sigue capturando candidatos y líderes de la oposición, en Colombia hay algunos expertos que consideran que el gobierno Duque podría pensar en la posibilidad de llamar a consultas al embajador en Managua, Alfredo Rangel, tal como lo hicieron ya México y Argentina.

“… Si dos gobiernos de izquierda como los de AMLO y Fernández ya lo hicieron, Colombia debería proceder en ese sentido esta semana, dando ejemplo… Si no tenemos embajador hace tiempo en Caracas ante la dictadura e incluso reconocemos a (Juan) Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, se hace difícil entender por qué no se procede a llamar a Rangel a consultas en Bogotá, siendo obvio que el régimen de Ortega es un gobierno de facto y claramente con las detenciones de líderes y candidatos de la oposición está violando los principios más básicos de la Carta Democrática…”, señaló a EL NUEVO SIGLO un experimentado exdiplomático colombiano, que pidió la reserva de su nombre.

Agregó que “… esa ambivalencia es la que no se entiende del gobierno Duque… Por ejemplo, no procede contra Cuba, un gobierno al que acusa de negar la extradición de los jefes del Eln que ordenaron el ataque a la General Santander, estallaron un carro bomba en la brigada de Cúcuta y ahora va acoger de por vida a ‘Gabino’, que en Colombia está condenado y acusado de decenas de homicidios y delitos de lesa humanidad”.

Por el momento, como se dijo, Colombia -que tiene vivos dos pleitos con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya- sigue en la instancia de la condena, tanto desde los pronunciamientos de la OEA como desde el comunicado oficial de la Cancillería la semana pasada. Por ahora, no se ve a la Casa de Nariño ni a la Cancillería tomando una medida unilateral como la del llamado a consultas del embajador Rangel.