UNA PREGUNTA que surge por el escándalo en estos días por las presuntas ‘chuzadas’ y seguimientos ilegales a magistrados de la Corte Constitucional, es qué pasa con la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, que fue creada en el Congreso para controlar que las agencias del Estado a cargo de estas actividades las hagan en el marco de la ley y respetando los derechos ciudadanos. La senadora Paola Holguín advirtió que esta célula no tiene dientes para realizar esta función.

La congresista del Centro Democrático, quien hace parte de dicha célula congresional, dijo a EL NUEVO SIGLO que “la Comisión sí se ha reunido, no con la frecuencia que ameriten los hechos, pero sí se ha estado reuniendo. El tema de fondo que se debería analizar en algún momento son dos cosas: uno, que es una Comisión que no tiene ‘dientes’ y, dos, que es una Comisión que siempre es reservada. Entonces, lo que nosotros hablamos en esa Comisión, los debates de control político, todo lo que está allí, termina absolutamente secreto para los demás congresistas y en general para la comunidad”.

Agregó la senadora antioqueña que “a nosotros nos han pasado algunos informes de gastos reservados, nos han entregado informes algunos de los miembros de la comunidad de inteligencia, pero el problema es que nosotros no podemos decir nada de lo que pasa, nada de nada”.

Holguín propuso reformar esta Comisión para que tenga mejores resultados tras ser creada por la Ley 1621 de 2013, norma que fortalece el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y establece límites para evitar abusos por parte de las autoridades.

“Creo que sería importante que, si en algún momento se encuentran indicios graves de faltas frente a lo que nosotros tenemos que auditar, que son las actividades legales de inteligencia y contrainteligencia, pues la Comisión pudiese tener algún tipo de actuación porque es que hoy no tiene ninguna capacidad. O sea, todo lo que a nosotros se nos informa allí es secreto, es reservado. Entonces eso hace que no tengamos ningún tipo de capacidad”, enfatizó la senadora Holguín.

Frente a la denuncia la semana anterior de la Corte Constitucional de que a un magistrado y sus colaboradores de despacho agentes del Estado les habrían chuzado las comunicaciones y también les habrían realizado seguimientos, la senadora Holguín dijo que “tenemos una preocupación muy grande, que la hice pública en el debate que se hizo al director de la Dirección Nacional de Inteligencia, y es que a pesar de que ellos dicen que este es un Gobierno que no chuza, pues el caso de los magistrados, que es muy grave, no es el primero de interceptaciones ilegales”.

Añadió la parlamentaria que “no se nos puede olvidar que cuando sucedió el escándalo de Marelbys Meza, la niñera, ellos utilizaron información falsa vinculándola a una estructura criminal para que le interceptaran el teléfono”.

Indicó que “no se nos puede olvidar que cuando salió el escándalo del profesor de inglés de la esposa de un general, allí también se habló de interceptaciones ilegales. Y ahora viene la denuncia tan grave del magistrado Ibáñez. Entonces, creo que el problema es que aquí sí se han presentado antecedentes que ameritarían una investigación exhaustiva sobre lo que está pasando con el tema de la inteligencia”.

El escándalo por las supuestas ‘chuzadas’ a magistrados de la Corte Constitucional coge a la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia en pleno receso legislativo. Se han escuchado algunas voces pidiendo que busque reunirse en estos días para que se pronuncie.

Sin embargo, la senadora Holguín advirtió que “quien cita es la mesa directiva y, obviamente, la mesa directiva de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia siempre ha estado en manos del Gobierno. En la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia solo estamos dos personas en nombre de la oposición: un representante y yo como senadora. Entonces siempre somos minoría y eso también dificulta cualquier acción frente al Gobierno”.

Pronunciamiento del Gobierno

El jefe de Estado dijo ayer que “desde el primer día de gobierno la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen”. Agregó que “en inspección a la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia), se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este Gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado”.

En tanto que la Presidencia de la República en un comunicado indicó que “desde que se hicieron públicas las denuncias sobre una supuesta operación de perfilamientos e interceptaciones, se solicitó una investigación a Control Interno y a Control Interno Disciplinario de la entidad con el objetivo de determinar circunstancias irregulares en los procesos y procedimientos que correspondan a las oficinas de Secretaría para las Comunicaciones y Prensa, y la Dirección de Tecnología de la Presidencia de la República”.

Aclaró que las actividades de estas dos dependencias, “no incluye prácticas como perfilamiento, seguimiento ni interceptación, todas ellas absolutamente condenables en una democracia”.

Fiscalía escuchó a Ibáñez

En la tarde de ayer el magistrado Ibáñez se reunió con la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia para poner en su conocimiento que “desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión de que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial”, como lo indicó el Togado en una carta que la Corte Constitucional entregó la semana anterior a la fiscal General, Luz Camargo Garzón.

Justicia expresa preocupación

Las Altas Cortes manifestaron ayer su preocupación por las presuntas ‘chuzadas’ al magistrado Ibáñez, al tiempo que pidieron al Gobierno garantías para que la justicia haga su labor.

Los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, integrantes de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, indicaron en un comunicado que “registramos con preocupación los hechos denunciados por el señor vicepresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, relativos a presuntas interceptaciones, monitoreos y seguimientos ilegales denunciados formalmente ante la Fiscalía General de la Nación”.

Agregaron que “rechazamos con vehemencia los hechos que han sido puestos en conocimiento de la opinión pública y de las autoridades, que, de verificarse, ponen en riesgo la independencia de la Rama Judicial y constituyen una grave afrenta a la democracia colombiana y la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia”.

Finalmente, las Altas Cortes demandaron del “Gobierno nacional las garantías para el cumplimiento de nuestra labor y solicitamos a la Fiscalía General de la Nación adelantar con celeridad las investigaciones pertinentes para esclarecer una situación que afecta directamente al magistrado Ibáñez, su señora esposa y a su equipo de trabajo, a quienes expresamos nuestra solidaridad y respaldo”.

El comunicado tiene las firmas de Diana Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura; Gerson Chaverra Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Milton Chaves García, presidente del Consejo de Estado; y José Reyes Cuartas, presidente de la Corte Constitucional.