BASADO EN los incrementos de la tasa de mortalidad por conductores en estado de embriaguez, en el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley que buscará medidas penales para infractores que conduzcan en estado de alicoramiento. Y es que según reportó el Ministerio de Justicia en 2024, el 79% de casos de muertes asociadas al consumo de sustancias psicoactivas se relacionan justamente al consumo de alcohol.

Según explicó el senador Gustavo Moreno, autor del proyecto de ley, a EL NUEVO SIGLO, “las sanciones económicas vigentes no han causado mucho efecto, pues aún vemos cómo la mayoría de accidentes de tránsito son causados por conductores en estado de embriaguez”.

En ese sentido, el parlamentario asegura que es vital imponer mayores sanciones a los infractores, donde se incluyan penas de prisión, en adición a un incremento en las multas pecuniarias, y en algunos casos, el embargo de los vehículos en los que se cometa la infracción, esto con el fin de otorgar medidas de reparación para las víctimas de estos casos.

Moreno asegura que “hoy lo que pedimos es que una persona sorprendida en estado de embriaguez no sea solo una infracción de tránsito, sino que sea un tema penal, un delito. Persona que se atreva a conducir en estado de embriaguez es un asesino en potencia, por ende, queremos, como en otros países del mundo, que esto sea un tema penal y se configure como delito”.

De acuerdo con el senador, este proyecto de ley aplicaría sus sanciones penales desde el grado dos de alcoholemia, lo que es equivalente a 100 y 149 miligramos de etanol en la sangre o en su defecto, el consumo de más de cuatro cervezas. En cuanto a grado uno y grado cero, el proyecto podría imponer sanciones de trabajo comunitario, aunque estaría bajo la disposición del Congreso.

El congresista de la Alianza Verde también apunta que las estimaciones carcelarias oscilarían entre seis meses y un año por la detección del grado dos de alcoholemia, en adición a la sanción económica; mientras que, si se llega a presentar un caso de mortandad, la pena se extienda entre los cuatro y ocho años de prisión.

Sanciones penales

En relación a las sanciones, el penalista Francisco Bernate vio como positiva la radicación de la medida, asegurando que es un proyecto necesario pues “en la mayoría de los países del mundo, y de hecho en Latinoamérica, encontramos que los códigos penales contienen un apartado que se llama ‘delitos contra el tráfico’ y ahí se tipifican la conducción temeraria, en estado de embriaguez y sin licencia como delito”.

Sobre las sanciones y penas propuestas en el proyecto de Ley, Bernate dijo a EL NUEVO SIGLO que “la única cuestión pasa es que si deben tener penas tan elevadas. Se puede producir el contrasentido de sancionar más grave el conducir embriagado, que en el evento que esa conducción embriagada termine en un accidente donde terminen personas heridas”.

En este sentido, el abogado asegura que es entonces necesario generar un mayor equilibrio en las penas, o la propuesta de las mismas, que en algunos casos “sea disuasoria, pero que no se presente el absurdo en el que salga más grave manejar borracho, que tener un accidente borracho”.

¿Cómo está el sistema?

Como sustentación de su proyecto de ley, Moreno dijo a este Diario que, en su mayoría, los casos por conducción en estado de embriaguez solamente son tomados como infracciones de tránsito. Lo anterior provoca que no sean discriminados los casos en los que se presenta solamente daños materiales, exclusivamente en los vehículos; lesiones personales para algunas víctimas; o en los mayores casos, la mortalidad en el hecho mismo.

De hecho, propiamente el senador Gustavo Moreno apunta que también es necesaria una revisión en la reincidencia en las infracciones, pues “meses atrás un joven que adeudaba 90 millones de pesos en multas, mató dos jóvenes, pero solo se le sancionó con una nueva multa de tránsito”. Y es que, según se estipula en el Código Nacional de Tránsito, las multas en grado dos oscilan entre los 14 y 28 millones de pesos, mientras que el grado tres partes en este último monto y llegaría a un máximo de 57 millones de pesos, aunque no contempla reparación a las víctimas, en caso de ser necesario.