La creación de un Registro Público de Cabilderos (RPC) es una de las medidas contempladas en un proyecto de ley que intenta, por enésima vez en los últimos años, reglamentar esa actividad.

El propio articulado, que fue remitido la semana pasada a la Comisión Primera del Senado sin que todavía no se haya nombrado equipo de ponentes, define el lobby o cabildeo como “toda actividad desarrollada por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que, en representación propia o de terceros, de organizaciones o grupos de interés, que tenga por objeto la promoción de intereses y objetivos legítimos y lícitos de personas, entidades u organizaciones privadas o públicas ante autoridades públicas, relacionadas con las funciones y las decisiones que se adopten en el ejercicio de sus competencias”.

El artículo 5 de la iniciativa precisa que el RPC será un “registro electrónico en el que deberán estar inscritos quienes realicen actividades de cabildeo. El RPC será administrado por la Procuraduría General de la Nación y el suministro de información y su consulta serán gratuitos”.

El proyecto número 410 de 2021 Senado fue radicado el 16 de marzo por congresistas verdes (Angélica Lozano, Antonio Sanguino, Jorge Eliecer Guevara, Jorge Eduardo Londoño, Iván Marulanda, Juanita Goebertus, César Augusto Ortiz y León Fredy Muñoz), liberales (Guillermo García y José Luis Correa) y de La U (Andrés Felipe García). 

Huella de cabildeo

En el artículo 20 del proyecto, los congresistas plantean que “el RPC deberá permitir a la autoridad contactada la obtención de un reporte de huella de cabildeo para cada decisión adoptada”, el cual “deberá estar disponible en la página web tanto del RPC como de la entidad a la cual pertenezca la autoridad respectiva”.

En la exposición de motivos, los legisladores precisaron que con el articulado buscan crear una herramienta para aumentar la transparencia y fomentar la participación y el control ciudadano de las decisiones y discusiones de las autoridades públicas, por medio de la regulación del cabildeo y de la creación del RPC, en el cual deberán inscribirse todas las personas que gestionen intereses particulares ante tales autoridades, tanto del orden nacional como territorial.

La inscripción en el RPC, su verificación y control será una obligación tanto para los cabilderos como para las autoridades públicas, cuyo incumplimiento será susceptible de sanción.

“Con lo anterior”, anotaron, “se pretende que, mediante una herramienta virtual, gratuita y de fácil acceso, todos los ciudadanos puedan conocer quién se reúne con las autoridades públicas, para qué y bajo cuáles circunstancias”.

El proyecto recoge los contenidos, motivaciones y principios de otros similares presentados con anterioridad por distintos partidos políticos que no han culminado su trámite legislativo por archivo o retiro, y que han sido avances que los autores de la actual iniciativa consideraron “importantes” y que, señalaron, “nos permitimos recoger, reconociendo su trabajo y autoría”, citando entre los más recientes uno de 2018 presentado por José David Name (La U) y Rodrigo Lara (entonces en Cambio Radical) y otro de 2014 firmado entre otros por Carlos Fernando Galán y Rosmery Martínez (Cambio Radical), Iván Duque (Centro Democrático) y Juan Manuel Galán (entonces del Partido Liberal), ambos archivados por tránsito de legislatura, aunque aquel alcanzó a ser aprobado en primer debate.

Ya se había intentado regular el cabildeo en 2009, cuando la congresista uribista Elsa Gladys Cifuentes retiró el proyecto ante la inminencia de su hundimiento; al año siguiente fue archivado sin siquiera tener ponencia el llevado al Congreso por Alfredo Deluque (La U), historia que se repitió en 2014.

En 2018 llegó a tener ponencia para primer debate el proyecto presentado por los liberales Fabio Arroyave, Harley Bermúdez, Carlos Julio Bonilla, Andrés Calle, Nilton Córdoba, Henry Correal, José Luis Correa, Juan Diego Echavarría, Hernán Estupiñán, Edgar Gómez, Harry González, Elizabeth Jay-Pang, Víctor Ortiz, Flora Perdomo, Juan Carlos Reinales, Juan Fernando Reyes, Rodrigo Rojas, Alejandro Vega y John Jairo Cárdenas.

Gestión de intereses

Una de las siete preguntas de la consulta anticorrupción de 2018 (la cinco, más específicamente) fue: ¿aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos?

En todo caso, expusieron los congresistas, “a partir del Acto Legislativo 01 de 2009 se estableció en su artículo 7, y consecuentemente en el artículo 144 de la Constitución, el mandato de regular el cabildeo, en concordancia con el derecho a la información que tienen los particulares y como corolario de la democracia participativa, el derecho de los particulares de influir en las decisiones de las autoridades debe ser garantizado y para su efectiva garantía se hace necesaria su regulación”.