A cuatro semanas de que finalice el primer periodo de esta legislatura es preocupante el estado de los proyectos, porque las reformas más importantes del Gobierno están trabadas en su trámite debido a la polémica que han causado y a que éste no las ha concertado. Ello, precisamente, lleva a la otra situación: que las iniciativas de origen parlamentario no se han discutido porque el mayor tiempo se lo han llevado los textos que radicó la Casa de Nariño, especialmente el de salud.

En el caso de la reforma de salud, la ponencia para segundo debate en Cámara se radicó el pasado 1° de junio, pero la polarización que ha provocado ha hecho que no fluya como esperaba el Gobierno, pues apenas el 9 de octubre se comenzó a votar. Entre ese día y el siguiente se aprobaron 63 artículos y se suprimieron 8.

De esa fecha a hoy, descontando las dos semanas que prácticamente el Congreso se paralizó por cuenta de las elecciones regionales, apenas se aprobaron 15 artículos más, porque varias sesiones se levantaron por falta de quórum, debido a que parlamentarios de oposición e independientes se retiraron del Salón Elíptico, estrategia a la que han acudido para frenar esta iniciativa, que consideran que afectaría el sistema y el servicio.

Todavía falta por votar lo más espinoso de lo que propone el Ejecutivo en la reforma, entre otros, la eliminación de las EPS y que la estatal Adres asuma el control de los recursos del sistema, incluyendo el giro directo a hospitales y demás prestadores del servicio. 

De antemano se sabe que ahí la discusión será ardorosa entre el oficialismo y el bloque de oposición e independientes, pues estos últimos señalan que supuestamente el Gobierno está ofreciendo ‘mermelada’ para lograr los votos que saquen adelante el proyecto en Cámara.

La semana anterior apenas se aprobaron cinco artículos que no son fundamentales en la reforma, y tras ser levantada la sesión el pasado miércoles, porque se desbarató el quórum, la plenaria de la Cámara fue citada para el próximo martes.

Pero es posible que este martes la reforma no se discuta, teniendo en cuenta que el presidente Petro invitó al Centro Democrático a tomarse un tinto en la Casa de Nariño, con el fin de discutir las diferencias que esta colectividad tiene con el proyecto. 

El expresidente Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, aceptó la invitación de Petro y se reunirán el próximo miércoles; sin embargo, el exmandatario propuso: “presidente Petro, está bien sin suspender el debate, pero ayudaría que no haya votaciones en la Cámara mientras se adelanta el diálogo”. 

Entonces de esa reunión Petro y Uribe dependería que la reforma siga su curso, si el Gobierno acepta concertar.

Pensional y laboral

Esta semana tampoco sería discutida la reforma pensional en la plenaria del Senado de la República ni la laboral en la Comisión Séptima de la Cámara.

A diferencia de la reforma de salud, que por concentrar la atención de los congresistas prácticamente ha bloqueado el trámite de los proyectos de origen parlamentario, primero en la Comisión Séptima de Cámara y ahora en la plenaria de esta corporación, el asunto con la pensional y la laboral es que no les han dado discusión. 

La primera de estas iniciativas está pendiente de segundo debate en la plenaria del Senado y la segunda está pendiente de la ponencia para primer debate en la Comisión Séptima de Cámara.

El panorama de la reforma pensional es que tras la radicación de la ponencia para segundo debate en plenaria del Senado, que recoge el texto del Gobierno que fue aprobado en la Comisión Séptima, se mantuvieron las preocupaciones de distintos sectores, como Asofondos, que agrupa los fondos privados de pensiones, la cual indica, entre otros, que las personas perderían la libertad de escoger dónde hacer los aportes. 

Incluso, la mitad de ponentes tienen reservas con el texto gubernamental, como lo evidencia que solo cinco de los diez que fueron designados firmaron la ponencia solicitando darle segundo debate.

Es el caso de la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, quien prefirió radicar una ponencia alternativa, que entre los cambios propone reducir el umbral del pilar contributivo, de tal manera que la obligación de aportar al fondo público (Colpensiones) sea hasta 1,5 salarios mínimos y no sobre 3 salarios mínimos, como establece el proyecto del Gobierno.
De igual forma la reforma laboral, en la que insistió el Gobierno tras hundirse en la primera legislatura, no ha sido concertada con la oposición y los independientes, por lo que es posible que este año no sea discutida en la Comisión Séptima de Cámara.

El primer proyecto se hundió porque no se les dio el trámite debido a las posiciones encontradas que generó. Parlamentarios de la oposición e independientes, y sectores económicos y de la producción, señalaron que en el afán de la reforma de ser muy garantista con los trabajadores, afecta a las empresas y la generación de empleo.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en su defensa del segundo proyecto dijo que “hemos partido del informe general que quedó en la Cámara de Representantes por los ponentes y coordinadores, y desde allí con las apuestas que se propusieron en las audiencias públicas y también hemos hablado con otros sectores que han hecho propuestas para el enriquecimiento de la reforma”.

Los problemas para el trámite del paquete de proyectos del Gobierno comenzaron a finales de abril pasado, porque la coalición quedó debilitada pues se salieron el Partido Conservador y la U, para ir a la independencia, precisamente por las diferencias que tienen con la reforma de salud y porque el Ejecutivo no acogió los ajustes que propusieron.

Desde entonces el Gobierno perdió las mayorías en Senado y Cámara, quedando dependiendo la Casa de Nariño de los votos liberales que eventualmente respalden sus proyectos.

Posteriormente se ha ido desgranando más la coalición: tres senadores de En Marcha se fueron a la independencia; el mismo camino siguió una senadora de ASI.

Tampoco arrancan 

La ley estatutaria de educación que presentó el Gobierno hace dos meses está en la Comisión Primera de Cámara pendiente de que radiquen ponencia para primer debate. La iniciativa tiene por objeto establecer las garantías de este derecho fundamental.

En esta misma célula legislativa también está pendiente de ponencia para primer debate la reforma a la Ley de Víctimas, que hace más de mes y medio radicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

En la Comisión Primera del Senado está pendiente de ponencia para primer debate el proyecto para regular la Jurisdicción Agraria, la cual fue aprobada en la pasada legislatura.

Varios proyectos que el Gobierno dijo que radicaría en el segundo semestre de este año se quedaron en anuncios.

Es el caso de la ley de servicios públicos, con la cual el presidente Petro busca herramientas para racionalizar las tarifas, especialmente de energía. 

Tampoco llegó la ley de humanización carcelaria, como lo anunció el ministro de Justicia luego de que se hundiera en la pasada legislatura por falta de trámite.

Algo parecido ocurrió con el proyecto de sometimiento de los grupos multicrimen a la justicia, el cual se hundió en la pasada legislatura en medio de las advertencias del fiscal general, Francisco Barbosa, sobre aspectos fundamentales del articulado que beneficiarían a narcotraficantes.

Esta ley es necesaria para que el Gobierno tenga el piso jurídico en las negociaciones que espera alcanzar con grupos como el Clan de Golfo para su sometimiento a la justicia, como lo tiene previsto en la política de paz.