ACCIDENTADA Y judicializada. Así fue la legislatura que terminó el jueves pasado y que, sin duda, tendrá consecuencias, no solo para el inmediato futuro de muchos senadores y representantes, sino del propio Gobierno e incluso de cara a los comicios parlamentarios y presidenciales de 2026.

El Congreso llega a la mitad de su cuatrienio con una gran cantidad de integrantes bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría, la Fiscalía y del Consejo Nacional Electoral.

Es evidente que el mayor escándalo de corrupción en este mandato de izquierda, los sobrecostos en la compra de 40 carrotanques y otras irregularidades que se presentaron en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para llevar agua a La Guajira en el pasado fenómeno del Niño, golpeó fuertemente al Legislativo.

A hoy, tanto el presidente saliente del Senado, Iván Name, como de Cámara, Andrés Calle, tienen investigación preliminar en la Corte Suprema tras ser señalados de haber recibido sobornos con dineros de la Ungrd, institución en la que estalló un escándalo multimillonario que involucra no solo a su exdirector, Olmedo López, y al exsubdirector, Sneyder Pinilla, sino en el que también han sido salpicados algunos ministros como los del Interior, Luis Velasco, y el de Hacienda, Ricardo Bonilla.

López y Pinilla han declarado en la Fiscalía sobre estos hechos, en el marco de un principio de oportunidad que buscan para obtener beneficios penales en el proceso por su involucramiento en la malversación de recursos en la Ungrd.

López dijo que la plata para entregar a los congresistas y para otros actos de corrupción no solo fue del contrato por $46.000 millones en la compra de los carrotanques. Aseguró que “en total, la cifra ascendía a $380.000 millones (…). Los otros $200.000 millones tenían propietario”.

Pinilla sostuvo que a Iván Name le entregaron, supuestamente, $3.000 millones y a Andrés Calle $1.000 para que favorecieran la aprobación de las reformas. Los dos parlamentarios negaron el señalamiento.

Mientras que López dijo que “todo estaba montado para pagar favores políticos a congresistas, sobre todo opositores”; Pinilla sostuvo que supuestamente, además de Name y Calle, 15 congresistas se beneficiaron de estos dineros.

López mencionó que “este tema de los carrotanques va más allá de los vehículos. Toca a aforados. Para darte solamente un nombre, el presidente de la Comisión de Acusación, Wadith Manzur, es uno de los beneficiados de todo este proceso”.

Como consecuencia el pasado 3 de mayo, la Sala de Instrucción de la Corte abrió una indagación a cargo del magistrado Francisco Farfán para establecer la veracidad de que congresistas recibieron plata de la corrupción en la Ungrd.

En tanto, la Procuraduría anunció el pasado 3 de mayo el inicio de actuaciones disciplinarias por los hechos denunciados, en los que se mencionan presuntos actos delictivos y de corrupción que al parecer involucrarían a altas dignidades del órgano Legislativo, incluidos los presidentes del Senado y de la Cámara.

Este es, sin duda, un escándalo que ha afectado gravemente la ya de por sí mala imagen del Congreso porque las anomalías y delitos cometidos en la Ungrd, no solo estarían relacionados, presuntamente, con la apropiación de recursos públicos, sino también con maniobras para apoyar de manera ilegal candidatos de la coalición de gobierno en las pasadas elecciones regionales y locales, así como para ‘comprar’ apoyos parlamentarios a las principales reformas gubernamentales.

La sombra de la campaña

Sin embargo, el escándalo de corrupción mencionado no es el único que puso en la mira de la justicia a los congresistas. Las presuntas anomalías en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 tienen hoy bajo investigación preliminar en la Corte a gran parte de la bancada del Pacto Histórico, sobre todo del Senado, especialmente en lo relativo a casos como los del alquiler del avión de la compañía SADI S.A.S. y donaciones de una empresa de bitcoin denominada Dayli Cop.

Según lo indicó la senadora María José Pizarro en su momento, los gastos por los vuelos en esa empresa terminaron siendo divididos entre la bancada en los reportes de gastos proselitistas que se le presentaron al Consejo Nacional Electoral.

Como se sabe, la Sala Plena del Consejo Electoral tiene pendiente decidir si acoge un proyecto de ponencia elevado por dos de sus magistrados, en donde se plantea formular cargos tanto al presidente Petro como a la cúpula de su campaña por presuntas anomalías en la financiación electoral de 2022.

Los hilos de las ‘Marionetas’

La segunda legislatura también se vio afectada por nuevos desarrollos en el llamado escándalo de corrupción de ‘las Marionetas’, en el cual estarían involucrados varios senadores y representantes que habrían participado en un entramado de sobornos y otras anomalías con recursos públicos en la contratación en varios departamentos.

En este proceso fue capturado el pasado 14 de diciembre, el entonces senador uribista Ciro Ramírez, pero también han sido mencionados parlamentarios como Samy Merheg y Miguel Ángel Barreto del Partido Conservador; Carlos Abraham Jiménez y Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical, y Juan Felipe Lemos del Partido de La U.

El ahora exsenador Ramírez fue imputado por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

Ciro Ramírez es investigado por el convenio 670 de 2021 que firmó el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta Quindío, por $48.060 millones, y que estaba destinado para iniciativas de infraestructura vial y superación de la pobreza en los departamentos de Quindío, Valle y Tolima.

La Fiscalía encontró que aparentemente un enlace del entonces senador Ramírez coordinó con funcionarios del DPS y ‘Proyecta Quindío’ para la adjudicación de 15 contratos, 11 de los cuales de manera directa.

El contratista presuntamente recibió anticipadamente información sobre el presupuesto, fechas de publicación de las licitaciones y condiciones exigidas en los procesos de selección, de tal manera que ajustó sus propuestas para ser el ganador, indicó la Fiscalía.

Agregó que, al parecer, por ese favorecimiento el contratista acordó el pago de $1.000 millones.

Como se sabe el llamado cerebro de esta organización criminal fue el exsenador liberal Mario Castaño, quien falleció el 19 de noviembre de 2023 de un infarto, estando preso en la Cárcel La Picota de Bogotá, en donde purgaba una condena a 15 años y 11 meses, tras aceptar los cargos.

Se sabe que la Corte Suprema de Justicia se apresta a tomar decisiones de fondo sobre los parlamentarios en los próximos días.

Expedientes en Corte Suprema y Consejo de Estado

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema lleva más de 61 indagaciones e investigaciones a congresistas, entre las que se encuentran varias iniciadas en el 2023 y cerca de 39 que comenzaron este año, relacionadas con diferentes delitos en los que presuntamente incurrieron.

Mientras que en el Consejo de Estado en la Sección Quinta más de 35 parlamentarios afrontan demandas de pérdida de investidura por presunta violación al régimen de inhabilidades, doble militancia y otras posibles inconsistencias.

De otro lado, en la segunda legislatura perdieron la curul por fallos del Consejo de Estado los senadores Alexander López y César Pachón, por doble militancia, los dos del Pacto Histórico; Ciro Ramírez por silla vacía, investigado por corrupción, del Centro Democrático; y Polivio Rosales Cadena por estar incurso en inhabilidad, de AICO.

En tanto que el Consejo de Estado anuló la elección de Luz Múnera Medina, representante por Antioquia del Pacto Histórico, por diferencias en la votación en las elecciones.

Partidos que perdieron la personería

Paralelo a la segunda legislatura en el Congreso, les fue revocada por el Consejo de Estado la personería jurídica a cinco partidos, por determinar que el Consejo Electoral no debió concederles este reconocimiento porque no cumplían los requisitos de ley.

Perdieron la personería jurídica el movimiento Creemos, del hoy alcalde de Medellín Federico Gutiérrez; Fuerza Ciudadana, liderado por el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo; Todos Somos Colombia, de la senadora Clara López; En Marcha, encabezado por el exministro Juan Cristo; e Independientes, del exalcalde de Medellín Daniel Quintero.