PESE A que en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes avanza a todo vapor la aprobación del articulado de la reforma pensional, surgió una contradicción entre el Gobierno y la ponente principal de la iniciativa, Martha Alfonso, perteneciente al Pacto Histórico, respecto a si está o no el estudio de impacto fiscal de esta y si se ajusta al tema de jubilación.

Según la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, la reforma está avalada fiscalmente. “Ahora, tendremos una nueva valoración sobre la base de los nuevos elementos que se han incluido. Hay artículos nuevos y desde luego hay algunas inclusiones que todavía tenemos que modelar y tenemos que mirar lo que significan en su impacto fiscal, lo que tiene que ver no solamente con la inclusión de los indígenas, afros y toda la parte diferencial, sino porque hay propuestas en reducción de edad que sí tienen que ver con un impacto fiscal, pero esto ya lo estamos trabajando con el DANE. Esa entidad ya nos está entregando las cifras y yo espero que para la plenaria del Senado podamos tener ya con mucha más certeza toda la parte de la sostenibilidad fiscal”.

Sin embargo, la representante Alfonso sostuvo: “El aval fiscal puede llegar en cualquier momento del trámite, es de carácter obligatorio. Ninguna iniciativa legislativa de Gobierno puede llegar a último debate o discutirse sin aval fiscal. Así que, el aval fiscal de esta reforma se va a entregar por parte del Ministerio de Hacienda. Lo que se ha dicho por parte de ese ministerio es que hasta que se tenga un articulado mucho más maduro podemos entregar el aval fiscal, es muy difícil que en el marco de las discusiones se van haciendo modificaciones, eso puede tener impactos fiscales y en esa medida el ministro de Hacienda haga un trabajo riguroso, complejo, de proyección de números, de sostenibilidad fiscal y que nosotros, para el siguiente debate, le digamos que tuvimos que cambiar los artículos. Eso cambia en una reforma pensional, cualquier cosa que se mueva tiene impactos en los números. Así que por eso creemos que hay que mantener el umbral como se acordó para que el Ministerio de Hacienda pueda terminar su trabajo, completar sus proyecciones de sostenibilidad fiscal, más allá del año 2070 y que tengamos el aval fiscal para el cuarto debate”.

Ya el martes, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo sobre el tema que “el Ministerio de Hacienda deberá dar las explicaciones correspondientes sobre lo que está en juego con esta reforma, pero desde el Gobierno hay un claro convencimiento de las cuentas hechas por el impacto fiscal de este proyecto. Es evidente que el ministro de Hacienda tendrá que venir en algún momento y despejar todas las dudas. Cuando preparamos esta reforma, lo hicimos con el Ministerio y no de espaldas a ellos, y si la estamos debatiendo es porque entendemos que es fiscalmente sostenible”.

Umbral de 2.3 salarios

Otro de los aspectos que resaltó la representante Alfonso es que el umbral de cotización quedó como había sido aprobado por el Senado.

“Se ratifica el umbral de 2.3 salarios que venía acordado desde el Senado, además quedaron aprobados los elementos centrales del sistema y nos quedaría por discutir el tema de los fondos de ahorros y otros elementos que también son estructurales. Esperamos que el día de mañana los saquemos adelante y cerrar con esto, este tercer debate de la reforma pensional para que se vaya a plenaria de Cámara y cierre su ciclo”, puntualizó.

De la misma manera, el representante de Cambio Radical, Jairo Humberto Cristo, afirmó: “La Comisión siempre les da 15 días a los representantes para presentar ponencias de archivo, pero esta vez no se respetaron las reglas. En ese sentido, la ley es clara y no se trata de exceso de confianza, hay que tener en cuenta la magnitud del proyecto y, como lo advertí antes, esto es un contrato generacional que tenemos que estudiar y acá se está ‘pupitreando’ y para eso no se necesitan dos cámaras, solo una”.

En medio de esta controversia, el proyecto siguió discutiéndose con el apoyo de los partidos Pacto Histórico, Liberal, Conservador y bancadas independientes.

Por otro lado, la oposición, encabezada por el Centro Democrático, Partido de La U y Cambio Radical, han tratado de hacer contrapeso a las mayorías del Gobierno, pero sin grandes resultados.

Como se sabe, el martes fueron aprobados 37 artículos y durante la sesión del miércoles, 32 más, quedando por discutir 28 puntos.

Mientras tanto ayer, el uribismo pedía considerar el debate de artículo por artículo, pero las mayorías de la comisión decidieron acoger la propuesta de volver a votar en bloque, dando vía libre a estos artículos.

Dentro de los artículos aprobados se encuentran el umbral de cotización a Colpensiones, así como, los que componen el pilar contributivo, los recursos para el fondo de solidaridad, la comisión de la creación técnica y el sistema nacional de la protección social.

Además, se confirmó el retiro del artículo 96 que fue aprobado por el Senado y que garantizaba el cubrimiento pensional a las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, porque según los ponentes, esto ya estaba contemplado en el texto inicial de la reforma.

Siguen pendientes los fallos de tutela

El representante del Centro Democrático, Andrés Forero, explicó que se han presentado tres acciones de tutela para que la comisión admita las ponencias de archivo de la reforma que vienen de la oposición, pero se procedió al debate sin darse el plazo para la entrega de las ponencias.

“Apoyamos la solicitud de la Procuraduría, pero nosotros también planteamos la posibilidad que se aplazara el debate. Por un lado, porque estamos a la espera de que resuelva el juez de tutela, la tutela interpuesta por Betzy Pérez de Cambio Radical y Juan Felipe Corso del Centro Democrático para que nos admitan las ponencias de archivo”, indicó.

Antes de iniciar el trámite, se presentaron varias recusaciones contra congresistas de la comisión para evitar la votación sobre el proyecto. Sobre el tema, Forero dijo: “La mesa directiva leyó también una serie de recusaciones que fueron presentadas y anunció que se le dio trámite a la Comisión de Ética del Congresistas quien será la instancia encargada de responder. Por ley quinta, la mesa directiva de la comisión le da trámite a la iniciativa, después se leyó una serie de sentencias y cada uno de los congresistas que fue recusado, está asumiendo el riesgo de votar cuando eventualmente le pudiera fallar negativamente o pudiera respaldar esa recusación la Comisión de Ética, yo no creo que ahí puntualmente haya un problema de procedimiento”.

Por su parte, el representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, respondió a la jefa del Ministerio Público: “Procuradora Cabello, no más intimidaciones, no más pereza legislativa, no más bloqueo institucional. ¡Que avance la Reforma pensional!”.

Bajo los términos de la ley, los jueces de la República disponen de 10 días para responder a las acciones de tutela presentadas por los congresistas, contados a partir del mismo día en el cual se radica la solicitud por parte del demandante. Esto quiere decir que los fallos pueden salir después de que la reforma llegue a la plenaria de la Cámara.