Estado de Cosas Inconstitucional, fue lo que declaró la Corte Constitucional ante la incapacidad del Gobierno y demás entidades de garantizar la seguridad a líderes sociales y defensores de derechos humanos que han denunciado amenzas de muerte en su contra.

Y es que a pesar de que la Defensoría ha hecho la diferentes alertas, los organismos correspondientes no se han promulgado. Hasta el momento, hay 11 denuncias por violaciones de derechos humanos contra líderes sociales.

Ante estas circunstancias la Sala Plena, encontró dos causas principales la primera las actuaciones de los grupos armados y la segunda la incapacidad del Estado de poder brindar garantías a los amenazados.

“Las fallas estructurales en el cumplimiento de los deberes del Estado social de derecho se subsumen en la ausencia de capacidad para coordinar a las diferentes entidades públicas con el fin de enfrentar y prevenir la violencia contra la población líder y defensora de derechos humanos y las limitaciones presupuestales a efectos de garantizar la oferta de la totalidad de medidas de protección”, se lee en el documento.

Por otro lado, la Corte resalta que la falta de un plan de acción contra los hechos representados, agrava aún más la situación en seguridad.

“Tales circunstancias, que pueden obedecer a la falta de voluntad institucional para dialogar e interactuar conjuntamente, exige de las autoridades un esfuerzo por ajustar sus propios comportamientos. A juicio de la Corte ello puede contribuir efectivamente a enfrentar las fallas estructurales aquí detectadas”, afirma el texto de la Corte.

Finalmente, la Corte dio un plazo de seis meses para que entidades como el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección establezcan un plan articulado para atender esta situación y problemas que se localizaron.