Una reciente ley establece pena de 4 a 9 años por el delito de fraude en la inscripción

___________________________

Al menos sobre un centenar de los 2.736 candidatos inscritos para participar en las elecciones de Congreso de la República en marzo próximo pesarían condenas por diferentes delitos. Así se desprende de un informe que preparó el Ministerio del Interior con base en la Ventanilla Única Electoral Permanente sobre los antecedentes de 5.679 posibles aspirantes que presentaron 14 partidos y movimientos políticos antes de la inscripción de las listas el pasado 13 de diciembre.

El informe conocido por Caracol Radio indica también que 631 de los 5.679 posibles aspirantes al Parlamento están incursos en investigaciones en la Corte Suprema de Justicia.

El estudio de la cartera del Interior indica que del total de posibles candidatos, 103 registran antecedentes judiciales con condenas vigentes o ya extintas, esto según las bases de datos de la Policía Nacional. Entre ellos hay 12 casos de falsedad en documento, 9 de lesiones personales en accidente de tránsito, 8 de hurto agravado y calificado, 7 por porte ilegal de armas y 7 por estafa.

De igual forma, el Ministerio del Interior identificó en este estudio casos de homicidio tentado, tráfico de estupefacientes, tentativa de extorsión, inasistencia alimentaria, abuso de confianza, peculado culposo y apropiación, receptación, rebelión, asonada, concierto para delinquir, fabricación de armas y cohecho.

El informe indica también que 45 candidatos están inhabilitados por la Procuraduría y tres más tienen antecedentes en la Contraloría General de la República.

 De los 45 inhabilitados por la Procuraduría, se advirtió que los partidos inscribieron a 19 con inhabilidades. 

La Ventanilla Única surgió tras la Reforma Política de 2009, norma que responsabilizó a los partidos y movimientos políticos por los avales que entreguen a los candidatos y por primera vez estableció sanciones en casos que respalden personas que estén inhabilitadas, como es el caso de los condenados.

La función de la Ventanilla Única es facilitar a los partidos y movimientos políticos la obtención de información previa a la inscripción de candidatos acerca de sus antecedentes en material, penal, disciplinaria y fiscal. 

Así mismo la Ventanilla Única funciona para la elección de las directivas de los partidos y movimientos políticos y para la presentación de ternas para alcalde o gobernador por suspensión o falta absoluta de los mandatarios territoriales elegidos popularmente.

Advertencia

El pasado 18 de diciembre la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado de atención a candidatos, partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos para que redoblen los controles y no sean objeto de acciones penales, disciplinarias y electorales por presentar, apoyar, respaldar e impulsar a un aspirante al Congreso que se encuentre inhabilitado para ocupar el cargo.

La Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales en un primer barrido a las listas de candidatos a Senado y Cámara de Representantes detectó que habría más de una veintena de  ciudadanos inhabilitados para ocupar una curul en el Congreso.

La Entidad advirtió que los candidatos que se inscriban a las elecciones del 11 de marzo de 2018 estando inhabilitados, serían sancionados con prisión de 4 a 9 años por el delito de fraude en la inscripción, de acuerdo con el artículo 389 A del Código Penal, modificado por el artículo 5º de la Ley 1864 de 2017.

Así mismo, serían sancionados con destitución e inhabilidad entre 10 a 20 años, por falta disciplinaria gravísima, conforme al numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, si estando inhabilitados son elegidos y posesionados.

Para los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos la inobservancia de estos controles repercutiría en la siguiente elección para Congreso, a la que no podrían presentar candidatos según lo dispuesto por los artículos 10 y  12 de la Ley 1475 de 2011.

De igual forma, el Consejo Nacional Electoral avanza esta semana con audiencias públicas por impugnaciones que han presentado ciudadanos a la inscripción de candidatos que estarían inhabilitados.